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Escuelas, hospitales e iglesias quedarían protegidos
SAN JUAN, Puerto Rico
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico anunció este lunes el inicio de una campaña digital de recolección de firmas para apoyar el Proyecto de la Cámara 331, una medida legislativa que busca prohibir la colaboración de la Policía de Puerto Rico con agencias federales de inmigración en redadas y arrestos sin orden judicial, además de establecer protecciones en los llamados “lugares sensibles”.
La iniciativa forma parte de la campaña “Migrar no es un crimen” y responde a las políticas migratorias federales que la organización considera discriminatorias e ilegales. El espacio digital habilitado por la ACLU permite que las personas no solo firmen en apoyo al proyecto, sino que también envíen automáticamente un correo electrónico a los 51 representantes de la Cámara.
Contenido de la medida
El Proyecto de la Cámara 331, radicado en febrero de 2025 y referido a las comisiones de Gobierno y de lo Jurídico, establece que los agentes de la Policía de Puerto Rico —estatales y municipales— no podrán colaborar con agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en redadas y detenciones sin orden judicial. Además, protege como espacios seguros a escuelas, hospitales, iglesias y tribunales, donde los migrantes podrán acceder a servicios esenciales sin temor a ser detenidos o cuestionados por su estatus migratorio.
“Este proyecto propone reforzar la protección de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, con un énfasis particular en aquellos espacios que históricamente han sido reconocidos como lugares sensibles”, expresó la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política y Legislación de la ACLU de Puerto Rico.

Argumentos de la campaña
La organización destacó en el correo electrónico que acompaña la firma digital la urgencia de la legislación, al señalar que los arrestos de inmigrantes han aumentado drásticamente bajo las políticas federales actuales. La mayoría de los detenidos carecen de historial criminal, lo que, según la ACLU, viola el debido proceso y debilita la seguridad pública.
“La participación policial en la aplicación de la ley de inmigración federal también desvía los escasos recursos de las necesidades locales”, sostiene el escrito. “Es indispensable que Puerto Rico reafirme la inviolabilidad de los derechos y la dignidad de las personas migrantes mediante legislación”.
La organización subrayó que cuando las comunidades locales sienten temor de interactuar con la policía por su estatus migratorio, disminuye la confianza y se limita la denuncia de delitos, lo que afecta la seguridad de toda la población.
Colaboraciones y contexto
La campaña “Migrar no es un crimen” se lleva a cabo en colaboración con Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe. Las entidades denuncian el incremento de redadas federales en la Isla desde enero de este año, que han resultado en al menos 1,004 detenciones, de las cuales 881 (88%) corresponden a personas sin récord criminal.
La recolección de firmas coincide con el inicio de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa y se mantendrá activa hasta que el proyecto sea considerado en el hemiciclo.
Las personas interesadas pueden respaldar la iniciativa en el espacio digital habilitado por la ACLU:
https://action.aclu.org/send-message/pr-proteccion-ainmigrantes-en-puerto-rico

