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El máximo tribunal podría legitimar la violencia contra jóvenes LGBTQ+
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Víctor H. Navas, para Pride Society Magazine
Durante más de un siglo, la idea de que las personas LGBTQ+ debían ser “corregidas” ha sido legitimada por médicos, psiquiatras, líderes religiosos y gobiernos. Bajo el disfraz de ciencia, moral o fe, la llamada terapia de conversión ha provocado daños psicológicos profundos, traumas duraderos y, en demasiados casos, muertes. Hoy, cuando parecía una práctica desacreditada y en retirada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se perfila para devolverle oxígeno legal.
La terapia de conversión parte de una premisa falsa: que la orientación sexual o la identidad de género son enfermedades. Esa idea, hoy rechazada por la comunidad científica internacional, dominó el pensamiento médico desde finales del siglo XIX y fue utilizada durante décadas para justificar intervenciones brutales, desde hipnosis y terapias de aversión hasta cirugías, electrochoques y lobotomías.
En 1886, el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing publicó Psychopathia Sexualis, un texto fundacional de la sexología que describía la homosexualidad como una enfermedad degenerativa. Aunque el propio Krafft-Ebing terminó retractándose al reconocer que las personas homosexuales eran “físicamente, mentalmente y moralmente saludables”, su obra sentó las bases para décadas de patologización.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, figuras como Magnus Hirschfeld se opusieron a esa narrativa. Hirschfeld, pionero de los derechos sexuales, defendió desde la ciencia que la homosexualidad no era una enfermedad y fundó la primera organización de defensa LGBTQ+. Su trabajo fue destruido por el régimen nazi en 1933, cuando su Instituto de Investigación Sexual fue saqueado y quemado.
Mientras tanto, otros médicos insistieron en “curar” lo que no estaba roto. A lo largo del siglo XX, la psiquiatría estadounidense adoptó estas ideas. En 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría incluyó la homosexualidad como trastorno mental en el DSM, alimentando una industria de terapias abusivas que incluían electrochoques, drogas que provocaban vómitos, humillación sistemática y castigos psicológicos.
No fue hasta 1973 que, tras años de presión del activismo gay, la homosexualidad fue eliminada del DSM. Aun así, el daño ya estaba hecho. Durante décadas posteriores, grupos religiosos y pseudocientíficos reciclaron estas prácticas bajo nombres como “terapia reparativa” o “ministerios ex-gay”, promoviendo la vergüenza y el auto-odio como supuestas herramientas de sanación.

La evidencia científica fue clara y contundente. En 2001, el cirujano general de Estados Unidos afirmó que no existía ninguna prueba válida de que la orientación sexual pudiera cambiarse. En 2009, la Asociación Americana de Psicología concluyó que estos intentos causaban depresión, ansiedad y conductas suicidas. En 2018, investigadores demostraron que los intentos de cambiar la orientación sexual duplican el riesgo de suicidio en jóvenes LGBTQ+, y que el riesgo aumenta aún más cuando estas prácticas provienen de terapeutas o líderes religiosos.
A pesar de este consenso, la terapia de conversión nunca desapareció del todo. Hoy, el retroceso es alarmante. En un caso impulsado por Alliance Defending Freedom, un grupo designado como organización de odio anti-LGBTQ+, el Tribunal Supremo evalúa anular la prohibición de Colorado contra la terapia de conversión para menores. El argumento central no es médico, sino ideológico: que prohibir estas prácticas viola la “libertad de expresión” de los terapeutas.
Si el Supremo falla a favor de ese planteamiento, el impacto podría ser devastador. No solo pondría en riesgo las leyes existentes en decenas de estados, sino que enviaría un mensaje claro: que el bienestar de jóvenes LGBTQ+ es negociable frente a agendas religiosas y políticas.
Puerto Rico no está aislado de esta discusión. La Isla cuenta con protecciones contra la terapia de conversión para menores, alineadas con el consenso médico y los derechos humanos. Sin embargo, como ocurre en el resto de Estados Unidos, estas protecciones no aplican a líderes religiosos, dejando un vacío peligroso. En un contexto donde el fundamentalismo religioso mantiene influencia política y social, ese vacío puede convertirse en una puerta abierta al abuso.
Además, Puerto Rico enfrenta una realidad agravada por el acceso limitado a servicios de salud mental afirmativos, la migración forzada de profesionales y el estigma persistente en comunidades pequeñas. Para jóvenes LGBTQ+ en la Isla, la presión familiar, religiosa y cultural sigue siendo intensa. La posibilidad de que el máximo foro judicial del país legitime, aunque sea indirectamente, la terapia de conversión, envía una señal profundamente dañina.
La historia de la terapia de conversión no es una anécdota del pasado. Es una advertencia. Cada retroceso legal, cada discurso que relativiza su daño, reactiva una violencia que ha sido documentada, estudiada y condenada. Defender la prohibición de estas prácticas no es una cuestión ideológica: es una cuestión de vida o muerte.
En un momento en que más del 40% de jóvenes LGBTQ+ en Estados Unidos reportaron haber considerado seriamente el suicidio, cualquier intento de revivir estas terapias debe ser enfrentado con claridad y firmeza. Puerto Rico, con su historia de lucha por la dignidad y la equidad, no puede permitirse mirar hacia otro lado.
