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Mientras la agencia federal de Investigaciones de Seguridad Nacional en Puerto Rico no descarta operativos antiinmigrantes en universidades, tanto profesores como estudiantes y empleados aún desconocen cómo actuar si hay intervenciones dentro de los campus
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo
Aunque las universidades públicas y privadas en Puerto Rico no están exentas de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) para arrestar personas inmigrantes, gran parte de sus comunidades no sabrían cómo reaccionar si ocurrieran estas intervenciones, halló el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras un sondeo de más de 40 profesores, estudiantes y empleados de 12 instituciones universitarias, quienes aseguraron ignorar si sus campus cuentan con protocolos claros para manejarlos.
Sandra Colón Pérez, portavoz de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI en inglés), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), aseguró que no se han realizado intervenciones migratorias en universidades, pero no pudo garantizar que esto no vaya a ocurrir en el futuro.
“Hasta el momento, sí te puedo decir que no intervenimos en escuelas, iglesias y hospitales. En cuanto a universidades, no me atrevería a decir con certeza [que no intervendremos], aunque en principio se trata también de centros educativos”, dijo al CPI.
En febrero, agentes de ICE arrestaron en su residencia universitaria a Elmina Aghayeva, una joven azerbaiyana estudiante de Neurociencia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, un caso que ha provocado cuestionamientos sobre el ingreso de agentes a los campus universitarios sin orden judicial. El incidente terminó con la liberación de la estudiante tras la presión ciudadana que se generó.
Apenas dos instituciones privadas afirman que tienen guías de orientación para atender estas intervenciones: la Universidad del Sagrado Corazón y la Pontificia Universidad Católica. En el caso de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sólo el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) proveyó al CPI un protocolo detallado paso por paso con recomendaciones, bases legales y alcance en todos los edificios que componen la institución. El recinto cuenta con 17 estudiantes internacionales matriculados.
Pero los testimonios recogidos por el CPI sugieren que —cuando existen— los protocolos no han sido ampliamente divulgadas ni incluyen detalles para manejar la presencia de agentes migratorios, como recomiendan gremios, organizaciones de derechos civiles —como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés)—, y otras entidades como la Asociación Americana de Profesores Universitarios y la Asociación Americana de Colegios y Universidades.
Además, ninguna universidad en Puerto Rico tiene disponible en su página web protocolos u orientaciones relacionadas con intervenciones de ICE, según constató el CPI tras revisar las páginas de unas 50 instituciones públicas y privadas. Sólo el Recinto de Río Piedras de la UPR publica una circular de enero de 2025 con una lista de servicios de apoyo a estudiantes, docentes e investigadores internacionales, en respuesta a “inquietudes ante recientes cambios en normativas migratorias”.
Según Edward Maldonado, representante del Caucus Estudiantil de la Junta Universitaria, en el Recinto de Río Piedras existe una “Guía para el manejo de información e intervención con personal y estudiantes ante la posible llegada de oficiales de inmigración al campus”, que fue presentada al Senado Académico en mayo del año pasado, en la que se detallan los pasos a seguir de haber operativos, así como los cambios en leyes migratorias y recomendaciones para estudiantes que participan en programas de intercambio.
Sin embargo, Dyamar Cruz, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) de Río Piedras, señaló que, más allá de publicar la circular, la administración del Recinto no ha divulgado esa guía.
Aunque al momento no han habido intervenciones de ICE dentro de la Universidad, Cruz indicó que el asunto ha surgido en reuniones del Senado Académico ante la preocupación de los alumnos internacionales que puedan ser objeto de vigilancia e intervención federal.
Maldonado, por su parte, criticó a la Administración Central de la UPR por no cumplir con una certificación de la Junta Universitaria que exigía la contratación de un abogado especializado en asuntos de inmigración que estuviera disponible para asesorar a los recintos. Según explicó, actualmente no existe una opción institucional uniforme en todas las unidades que permita atender estos casos.
“Nada se ha cumplido. La Administración Central se limitó a enviar cartas a los estudiantes internacionales con mensajes del tipo ‘estén seguros y carguen sus documentos’ durante la gestión de Miguel Muñoz como presidente. Desde la presidencia de Zayira Jordan Conde, en junio de 2025, no se ha hecho ningún aviso ni acercamiento directo a los estudiantes internacionales”, denunció Maldonado.
La Presidenta de la UPR no respondió a una solicitud de entrevista del CPI.
Cruz y otros estudiantes alegan haber visto personas que perciben como agentes federales merodeando los alrededores del campus de Río Piedras.
“Se les ve sobre todo cerca de las paradas de las guagua, donde se ubican personas que van a trabajar, casi siempre por la Avenida Barbosa”, aseguró en referencia la avenida que bordea el lado sur del recinto.
La líder estudiantil dijo que los ha visto en vehículos sin identificar, temprano en la mañana, estacionados en zonas por donde transitan empleados y estudiantes, incluídos estudiantes internacionales, vestidos principalmente de negro, con mascarillas o pasamontañas que no dejan ver las caras, y gafas oscuras.
Este año, el campus de Río Piedras tiene 125 universitarios con visa categoría F-1 de estudiante no inmigrante, detalló el director de prensa del Recinto, Mario Alegre Barrios.
María, nombre ficticio para proteger su identidad, es estudiante extranjera en el Recinto de Río Piedras. Señaló que la administración universitaria no ha sido diligente en proteger a los estudiantes internacionales ante posibles intervenciones de ICE.
“No hay ningún tipo de seguridad cuando nos movemos del campus a nuestros hospedajes”, dijo. Explicó que, debido a que las viviendas estudiantiles permanecen cerradas, la mayoría de los estudiantes internacionales debe alojarse en comunidades aledañas.
“La última charla que vi de la Universidad fue el 17 de septiembre de 2025 y básicamente explicaron qué debe cumplir un estudiante internacional, qué documentos tener y cómo mantenerlos. Nos hablaron de las estrategias que pueden usar los agentes cuando entras o sales del territorio, recomendaciones básicas de no viajar, no salir del país”, indicó la alumna.
Para ella, estudiar en Puerto Rico bajo la sombra de ICE genera profundas dudas sobre su decisión.
“Cuando me preguntan si recomiendo venir para acá, tiendo a decir que no, porque no hay garantías. No quieres salir de tu país hacia algo menor. La migración siempre implica limitaciones, pero cuando tu seguridad está en riesgo y lo único que te dicen es ‘carga tus documentos’, sin transporte seguro ni otras estrategias, uno se cuestiona todo”, lamentó.
Persiste el desconocimiento entre el personal universitario
Carlos De León, delegado de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) del RCM, dijo que el protocolo de ese campus no ha sido compartido con los empleados y aseguró que no se ha dado ninguna orientación al personal sobre cómo se debe aplicar en las áreas de trabajo.
Lo mismo ocurre en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la UPR, donde Frances Santiago, Coordinadora de Servicios para Estudiantes y Académicos Internacionales explicó que desde febrero de 2025 se le informó de un procedimiento para cuando agentes federales visiten el campus. Según Santiago, primero se debe notificar a la Guardia Universitaria, luego al Decanato de Administración y, finalmente, remitir el caso a la Oficina de Asesoría Legal, siempre que los agentes presenten una orden judicial federal con el nombre de la persona buscada.
No obstante, ese procedimiento no ha sido comunicado a profesores, empleados ni estudiantes del RUM, confirmaron por separado Wilberto Jiménez, portavoz del capítulo de Mayagüez de la HEEND, Jocelyn Géliga, profesora del Departamento de Inglés, y Taynary Delgado, presidenta del CGE del RUM.
“Hasta la fecha, los docentes de la UPR en Mayagüez no hemos recibido ningún protocolo por escrito. Usualmente las certificaciones, protocolos y otros reglamentos para la facultad se circulan a través del correo electrónico institucional. Pero hasta ahora en el Colegio la facultad no ha recibido nada relacionado a cómo manejar posibles intervenciones de ICE en el recinto o en nuestras aulas”, precisó Géliga.
“Yo no he escuchado que exista ningún protocolo y menos que se haya compartido con los empleados”, agregó Jiménez.
El RUM cuenta con una matrícula de 386 estudiantes internacionales con visa F1, confirmó Santiago.
“Lo correcto es que nos hubieran orientado sobre estos procesos y cómo trabajar sobre este tipo de situaciones. Yo represento a los estudiantes y, aunque estoy informada sobre lo que ocurre con ICE, no conozco cuál es el protocolo para manejar esas situaciones en la universidad”, dijo la presidenta del CGE del RUM.
Desde hace un año, la administración del presidente estadounidense Donald Trump revocó un memorando federal que desde el 2021 limitaba las actividades de control migratorio en áreas consideradas “sensibles”, como universidades, escuelas, hospitales e iglesias. Con la revocación, agentes de ICE quedaron autorizados a realizar operativos en estos espacios.
En septiembre pasado, el DHS dejó claro que la política de Trump sobre las personas migrantes se aplicaría incluso si conlleva entrar a cualquier institución educativa.
“Los criminales ya no podrán refugiarse en las escuelas o instituciones educativas de Estados Unidos para evadir la detención”, señaló entonces la subsecretaria de agencia, Tricia McLaughlin.
Más de un año después de la acción de Trump, en Puerto Rico los operativos migratorios siguen en zonas cercanas a campus universitarios, como en los alrededores de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce y en áreas cercanas al Recinto de Río Piedras de la UPR.
David Muñiz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UPR —que agrupa a los empleados de mantenimiento y planta física del sistema universitario—, no sabe cómo el personal debe reaccionar ante la presencia de agentes federales, cuáles son los pasos a seguir y a dónde acudir en caso de algún operativo porque no se le ha orientado.
“Nosotros desconocemos si hay algún protocolo. No nos han dado participación en reuniones sobre el tema. Afortunadamente, esto [las intervenciones] no ha ocurrido, pero debemos estar alerta para conocer qué hacer”, dijo.
Según Muñiz, los empleados que forman parte de su matrícula tienden a estar expuestos también en los predios de los campus universitarios.
“Muchos de nuestros empleados también viven en comunidades que son asediadas por ICE, lo que los hace estar mucho más alertas y preocupados, porque, además, están en el campo y no en una oficina”, señaló Muñiz.
Colón, del HSI, aseguró que en Puerto Rico las intervenciones por estatus migratorio no se realizan al azar.
“Todas las salidas de nuestra agencia son operativos ‘target’ que ya han pasado por un análisis a través de nuestra inteligencia interna. Nosotros sabemos que tenemos x cantidad de personas en tal lugar que ya tienen unas órdenes finales de deportación y que, por ejemplo, no se presentaron ante un juez; ese tipo de personas están en falta administrativa”, ejemplificó.
Añadió que, además de las órdenes judiciales, la agencia recibe información de fuentes. “Nos llegan muchísimas confidencias diciéndonos: ‘estoy en tal sitio y hay x cantidad de personas que no tienen su estatus migratorio definido’. Esa información se envía rápidamente a nuestros analistas de inteligencia, se verifica, y de ahí nosotros decidimos salir a ese operativo”, dijo.
Desde enero de 2025 hasta marzo de 2026, ICE ha efectuado 1,712 arrestos en Puerto Rico, de los cuales el 89% corresponden a hombres, indicó Colón.
Estos arrestos se han concentrado en 29 municipios, principalmente en San Juan, según DHS. Colón detalló que la mayoría de los casos involucran a personas cuyo país de origen es República Dominica (1,289), seguido de Haití (102), Venezuela (63), México (24) y Uzbekistán (23), entre otros.
Sagrado en el epicentro de las intervenciones
Nadiel Morales estudia Periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón (USC). Es uno de los más de mil estudiantes que residen en las viviendas estudiantiles de la institución. Es presidente del Consejo de Estudiantes por lo que, según dice, recibió las preocupaciones de otros alumnos acerca de las intervenciones de ICE en la zona de Barrio Obrero y Santurce, cerca de la Universidad.
“A diferencia de otras universidades, al estar [la USC] en el epicentro de estos operativos, eso generó mucha incertidumbre y preocupación. Todavía la zona de Barrio Obrero enfrenta esos operativos”, explico.
Según la institución, actualmente cuentan con 241 estudiantes internacionales provenientes de unos 10 países. Nadiel cuenta que “la mayoría” de esos alumnos también viven en la residencia que les provee la Universidad, por lo que “la preocupación es mayor”.
“Se nos orientó a los residentes de que si recibimos algún acercamiento o tuviéramos alguna emergencia que vengan [ICE] a hacer un operativo a la Universidad no abramos las puertas, en caso de que vayan a la residencia estudiantil. Además, que no contestemos nada, pues la Universidad manejaría la situación buscando los aspectos legales”, detalló el estudiante sobre una asamblea convocada por la institución en febrero de 2025.
Según Nadiel, ni durante el pasado semestre ni en lo que va de este año académico se han ofrecido nuevas orientaciones.
Los protocolos compartidos por la USC establecen que los estudiantes deben dirigir a cualquier funcionario de alguna agencia de ley y orden que se presente dentro del campus a la Oficina de Seguridad o a la Oficina de Cumplimiento, Auditoría e Integridad Institucional, para que se verifique que exista una solicitud legítima y legal.
Se exige a los estudiantes no impedir físicamente ni interferir con la entrada o las acciones de estos funcionarios.
Aunque las directrices se compartieron con los alumnos, dos profesores de la USC dijeron al CPI, bajo condición de anonimato, que no han recibido ninguna orientación sobre estas guías ni el año pasado ni en lo que va de este semestre.
Preocupación también en universidades fuera del Área Metropolitana
Jessica Rodríguez, profesora de Trabajo Social en el Recinto de Fajardo de la Universidad Interamericana, relató que los operativos afectan directamente a dos de sus estudiantes.
“Ahora mismo tengo dos estudiantes extranjeras, una de Venezuela y otra de República Dominicana, que estudian con visas. Una se matriculó tarde en el recinto porque no le habían enviado a tiempo la información de que podía permanecer en el País”, explicó.
La estudiante venezolana, según Rodríguez, estaba muy preocupada, y la docente tuvo que comunicarse con ella para asegurarse de que no se perdiera el curso. “Nos movilizamos con la universidad, y precisamente esa semana le llegó la autorización y pudo reincorporarse”, sostuvo.
“Sobre [intervenciones de ICE], la instrucción es comunicarnos rápido con el Decanato de Estudiantes, que activa el protocolo de ayuda. Nunca hemos tenido una redada en el recinto, pero contamos con un equipo colaborativo que monitorea los cambios en las políticas y va trabajando mecanismos de contingencia por si eso llegara a suceder”, detalló. La Universidad Interamericana no proveyó el protocolo.
En la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico —con recintos en Ponce, Mayagüez y Arecibo— la administración también dice reconocer la importancia de acompañar a su comunidad migrante ante la amenaza de intervenciones de ICE en la Isla.
Aunque no compartió un protocolo específico, el presidente de la Católica, José A. Frontera Agenjo, indicó que la institución exige que cualquier orden que se pretenda ejecutar en el campus debe ser emitida por la autoridad competente en ley, lo que en la mayoría de los casos requiere intervención judicial y debe estar expresamente dirigida a la universidad.
Frontera Agenjo aseguró que se ha informado al personal sobre estos procesos y la Oficina de Relaciones Internacionales mantiene comunicación constante con los 15 estudiantes provenientes de Colombia, España, Haití, Honduras, Italia, República Dominicana y Venezuela, matriculados allí este año. Les han ofrecido orientaciones y reuniones para garantizar que conozcan sus derechos y cuenten con el apoyo necesario, indicó.
La Universidad Ana G. Méndez no respondió a una solicitud de información del CPI sobre si la institución tiene una guía o protocolo para manejar intervenciones federales en sus campus de Bayamón, Carolina, Gurabo o San Juan. No obstante, dos profesores y dos estudiantes —que pidieron no ser identificados— indicaron que no han recibido ninguna información.
Por otra parte, la profesora Isar Godreau, de la UPR en Cayey, señaló que el tema sobre cómo manejar operativos de ICE en las universidades “debería estar más presente” en las discusiones universitarias de su recinto en la montaña.
Reconoció, sin embargo, que el año pasado el Senado Académico de ese recinto aprobó elaborar un protocolo interno para convertir a la UPR en Cayey en un santuario para estudiantes internacionales. Pero, hasta el momento, esa guía “no se ha trabajado”.
Kensar Cruz, presidente del CGE en la UPR en Humacao, también lamentó que en su recinto no se haya dado ninguna instrucción sobre cómo manejar las redadas de ICE, de ocurrir, un asunto que, según dijo, genera mucho estrés entre los estudiantes. Según el estudiante de Ciencias Sociales, la comunidad de su campus no sabe con certeza qué debería hacer, a dónde acudir ni qué pasos seguir ante la llegada de agentes migratorios, a pesar de que es un tema que “constantemente se debate en las clases”.
“Dios no lo quiera, si mañana ocurriera una situación donde el ICE entra a la UPR en Humacao, yo le garantizo que se va formar un caos”, vaticinó.
LAI toma medidas para atletas, pero no para el público de las Justas
Aunque la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico (LAI), organizadora de las Justas Universitarias, ha adoptado medidas desde el pasado año para validar que los estudiantes internacionales que compiten cuenten con los documentos requeridos por las agencias federales y dispone de protocolos para manejar posibles intervenciones de ICE con atletas, la organización reconoce que no tiene injerencia sobre operativos que involucren al público.
“La seguridad dentro de las instalaciones deportivas es [responsabilidad] de las instituciones que estén participando, que siempre llevan representantes de las divisiones de seguridad. En el exterior, le corresponde a la Policía estatal y a la Policía municipal manejar el control de todo lo demás”, dijo el comisionado de la LAI, Jorge Sosa. Este año el festival deportivo comienza el 23 de abril y concluye con las Justas de Atletismo el 2 de mayo.
El Comisionado no pudo precisar cuántos atletas internacionales participan este año ni si se ha registrado una disminución de su participación ante las políticas migratorias impulsadas por Trump.
Explicó que la organización parte de la premisa de que los estudiantes internacionales que compiten en las justas ya han pasado por los procesos migratorios correspondientes y tienen su visa.
Según detalló, los protocolos de la LAI contemplan dos escenarios principales si una agencia solicita intervenir con un atleta: una investigación o una orden de arresto. “En caso de un proceso investigativo, lo que hacemos es contactar al decano de estudiantes de la universidad de procedencia del estudiante para que sea la institución, junto con el estudiante y la agencia que investiga, quienes atiendan el asunto”, explicó.
Si se trata de una orden de arresto emitida por un tribunal, la intervención sería distinta. “Nosotros no podemos detener una orden de arresto, pero de todas formas se le notifica al decano de estudiantes para que esté informado y, en alguna medida, pueda colaborar con el estudiante atleta ante la situación”, añadió.
Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus.
