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La solicitud presentada por Lambda Legal ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston busca precisamente retomar ese punto inconcluso
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine
En mayo de 2025, una decisión federal parecía abrir en Puerto Rico un camino claro para el reconocimiento de las personas no binarias en los certificados de nacimiento. La orden de la jueza María Antongiorgi Jordán instruía al Registro Demográfico a permitir el uso de una tercera opción de género, incluyendo el marcador “X”. Por primera vez, se establecía una vía concreta para que los documentos oficiales reflejaran identidades más allá del esquema binario.
Ese camino, sin embargo, no llegó a completarse.
En julio del mismo año, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos detuvo la implementación de la orden como parte del proceso apelativo. La medida quedó en suspenso y, con ella, una decisión que apuntaba a modificar de forma directa la manera en que el Estado reconoce la identidad en sus documentos oficiales.
Desde entonces, la discusión no se ha resuelto.
Lo que pudo haberse consolidado como un avance claro dentro del marco local quedó atrapado en un proceso judicial que, lejos de cerrar el tema, lo desplazó a un escenario más amplio. La controversia no desapareció. Cambió de nivel.
Ese recorrido explica el momento actual.
La solicitud presentada por Lambda Legal ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston busca precisamente retomar ese punto inconcluso. La organización pide que se confirme una determinación previa que establece que negar a las personas no binarias certificados de nacimiento que reflejen su identidad constituye una violación a la Constitución de Estados Unidos.
Más allá del resultado que eventualmente se emita, el caso deja al descubierto una realidad que Puerto Rico no ha logrado resolver.
El ordenamiento jurídico local ya ha reconocido, en otras instancias, la posibilidad de corregir documentos para que reflejen la identidad de una persona. Sin embargo, ese reconocimiento no ha sido uniforme ni ha alcanzado a todas las identidades. La exclusión de las personas no binarias no responde a la ausencia de herramientas legales, sino a los límites en su aplicación.
Esa diferencia es la que ha sostenido la controversia.
Los certificados de nacimiento que se utilizan en la vida cotidiana no cumplen únicamente una función histórica. Son documentos necesarios para acceder a empleo, educación y servicios. Cuando la información que contienen no corresponde con la identidad de la persona, las consecuencias no son abstractas. Se traducen en obstáculos, en procesos adicionales y en una exposición que no afecta de igual manera al resto de la población.
La falta de una solución definitiva en Puerto Rico ha tenido efectos concretos.
Las personas directamente afectadas han tenido que recurrir a instancias superiores para que su caso sea atendido, trasladando una discusión que pudo haberse resuelto en el ámbito local a un escenario federal donde ahora se examina bajo parámetros constitucionales.
Ese desplazamiento no es un detalle menor.
Refleja las limitaciones de los procesos internos y la dificultad de cerrar discusiones que ya han tenido oportunidades de avance. El caso actual no surge de una ausencia de precedentes, sino de una ruta que quedó interrumpida.
Desde la realidad local, la controversia no se percibe como un asunto distante. Se manifiesta en la interacción cotidiana con instituciones que exigen documentos oficiales y en las implicaciones que surgen cuando esos documentos no reflejan con precisión la identidad de quien los presenta.
En medio de este proceso, hay un elemento que no puede pasarse por alto. Las personas que han llevado este caso nacieron en esta tierra. Sus reclamos no son ajenos ni importados. Son voces necesarias en este momento, surgidas de la experiencia concreta de vivir en Puerto Rico bajo un sistema que aún no ha logrado responder de manera uniforme a sus realidades.
Su participación en este proceso judicial no solo expone una controversia legal, sino que también visibiliza una realidad que durante demasiado tiempo ha permanecido en los márgenes.
A ese esfuerzo se suma el trabajo sostenido de organizaciones locales que han acompañado estas luchas desde el ámbito comunitario, legal y educativo, manteniendo el tema presente incluso cuando ha quedado detenido en los espacios institucionales.
La ruta que se abrió en 2025 sigue sin completarse.
Lo que está en juego ahora no es solo una decisión judicial, sino la posibilidad de cerrar un proceso que quedó inconcluso en Puerto Rico y que, ante la falta de resolución local, ha tenido que avanzar en otras instancias.
El resultado aún no está definido.
Pero el punto de partida ya no es el mismo.
Lo que antes fue una oportunidad de avance interno, hoy es un caso que vuelve a examinarse fuera de la isla.