Share This Article
En el 2019 fue acusado junto a otras cuatro personas de un fraude de $770 millones y de evasión contributiva. El caso aún está pendiente del dictamen de sentencia en el tribunal de la jurisdicción de Newark, New Jersey
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Carmen Enid Acevedo, Bonita Radio, y Centro de Periodismo Investigativo
La identidad de “Jhoby Weaks”, uno de los tres firmantes del contrato de energía temporera que supondría $5,000 millones de fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico, está vinculada al cripto empresario Jobadiah “Joby” Sinclair Weaks, de 46 años, quien en el 2019 fue acusado junto a otras cuatro personas de un fraude de $770 millones y de evasión contributiva. El caso aún está pendiente del dictamen de sentencia en el tribunal de la jurisdicción de Newark, New Jersey.
La firma de ‘Jhoby Weaks’ aparece en el contrato en representación de la empresa Enchanted Rock, que formó un consorcio con Power Expectations y Reyes Contractor Group para producir energía temporera para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Aunque existe una discrepancia en una de las letras de su apellido, Johby Weaks y Jobadiah “Joby” Sinclair Weeks son la misma persona porque el mismo Departamento de Justicia federal identifica al acusado como Jobadiah («Joby») Sinclair Weeks.
Según el registro público de su caso federal, Weaks está bajo arresto domiciliario en un lugar desconocido desde que hizo alegación de culpabilidad de los mencionados cargos ante la jueza Clair C. Cecchi en noviembre del 2020. El pasado mes de mayo tenía programada una conferencia virtual de su caso pero fue cancelada. El abogado de Weaks, Ernesto Cerimele, no respondió una petición de entrevista para este reportaje cursada el pasado martes 11 de agosto.
Dos fuentes confirmaron a Bonita Radio que Weeks es la persona que hizo la representación desde el 2025 como director de la oficina de ventas de E-Rock (Enchanted Rock) en la región del Caribe.
El contrato de energía temporera fue gestionado por la compañía Regulatory Compliance Services (ReComS), que preside Osvaldo Carlo Linares y que opera la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO en inglés). Esta oficina, creada por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP), realiza subastas y licitaciones de los contratos de energía. La APP contrató a ReComS por $300,000 los pasados dos años para ejercer este rol.
Aunque el contrato por $5,000 millones pone a Weeks viviendo en Texas, el empresario de criptomonedas, que hace alardes en su página web de ser millonario desde los 22 años y es oriundo de Colorado, parece estar bajo arresto domiciliario en un lugar desde donde ve el mar desde su sala, a juzgar por la entrevista que se le realizó.
El Zar de Energía, Josué Colón, jefe de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) que contrató a la entidad 3PPO que gestionó la multimillonaria transacción de energía temporera, no estuvo disponible para atender preguntas.
En entrevista con El Nuevo Día, Carlo Linares solo lo ubicó en Colorado y dijo que personas de su oficina lo contactaron virtualmente desde el 2025 en medio de las negociaciones con las empresas firmantes del acuerdo.
Una carta con fecha del pasado viernes 8 de agosto enviada por Carlo Linares al Zar de Energía establece que su oficina verificó documentos de Power Expectations desde marzo del 2025 “mediante la cual Enchanted Rock LLC designó a Power [Expectations] como su agente exclusivo en Puerto Rico y Florida” lo que según él, justifica la firma de “Jhoby Weaks” en el contrato.
Esa carta también establece que hay un acuerdo del 1 de junio de 2025 entre Power Expectations y Weeks, quien es el individuo identificado como firmante, “mediante el cual se le atribuyó el título de “Chief Operating Officer” para las operaciones del Caribe”.
La 3PPO prepara un caso ante la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, que dirige interinamente Héctor Ramírez Carbó. Eso intimó el ex fiscal federal, Carlo Linares en la carta a Colón, que da cuenta de las gestiones que hizo su oficina sobre las irregularidades en la firma de “Jhoby Weaks” que destapó el viernes el programa Los Datos son los Datos.
Otra irregularidad en las firmas del contrato es que el presidente de Reyes Contractor Group, Inc., cuya firma se lee como ‘Dennys Reyes’, tiene el nombre escrito en el contrato como ‘Denis Reyes’. Su nombre es Dennys R. Reyes Vega, según surge del registro de la corporación que preside. La empresa Reyes Contractor Group tuvo un señalamiento de irregularidades en una auditoría de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, donde tuvo contratos de impermeabilización de techos, según publicó el CPI.
El tercer firmante de este contrato, Eddie Echevarría, de Power Expectations, una empresa que según la publicación Florida Politics no tenía la experiencia, el historial o el capital para proyectos energéticos de envergadura. De parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, firmó el contrato Mary Carmen Zapata, quien no estuvo disponible para contestar preguntas.
Al preguntarle Carlo a quién correspondía hacer chequeo de trayectoria para contratar con el Gobierno, dijo: “Hicimos el trabajo de clearance a la corporación, no teníamos que hacer clearance de todos los que trabajan para la corporación”.
Weeks se declaró culpable el 8 de noviembre de 2020, de un cargo de conspiración para ofrecer y vender valores no registrados, y otro de evasión fiscal correspondiente a los años de 2015 a 2018. En ese momento, Justicia federal lo identificó como residente de Arvada, Colorado. En su red de Linkedin está identificado como natural de Denver.
Después que hizo alegación de culpabilidad, la vista de sentencia que estaba pautada originalmente para el 14 de marzo del 2021 se ha pospuesto en por lo menos cuatro ocasiones y al momento no tiene fecha de señalamiento, según el registro público del caso contra Weeks, número 19-cr-0877 en la jurisdicción de Newark, New Jersey.
El último movimiento en el caso es del pasado 27 de julio, cuando la jueza Cecchi planteó que la fecha de sentencia sería anunciada posteriormente.
El principal acusado de ese caso, Matthew Goettsche, estaba imputado de estafar a los inversores por valor de $722 millones. La jueza Cecchi accedió el pasado martes a la solicitud del Ministerio Público de retirar los cargos contra Goettsche.
Las autoridades plantearon en diciembre del 2020 que Goettsche creó y dirigió una avanzada operación de minería de criptomonedas, BitClub Network, que recompensaba a los inversores por captar nuevos miembros y describió su modelo de negocio como algo construido “a costa de los idiotas”.
La fiscalía lo iba a llevar a juicio en octubre próximo, pero los abogados de Goettsche informaron a la jueza el 8 de julio que habían llegado a un acuerdo sobre el desistimiento del caso con perjuicio.
¿Protección presidencial?
En julio, Bloomberg reportó que el hoy secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, fue cuestionado por escrito por dos miembros demócratas del Comité de lo Jurídico del Senado federal —en medio de su confirmación ante el Alto Cuerpo— sobre los contactos de Goettsche, coacusado con Jhoby, con abogados allegados al presidente estadounidense Donald Trump, que alegadamente habían conseguido la resolución del caso.
“¿Qué mensaje se transmite a las víctimas de delitos cuando los delincuentes tienen, literalmente, una “tarjeta para salir libre de la cárcel” si conocen a las personas adecuadas?”, preguntó el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois y miembro de mayor rango del Comité.
“Rechazo respetuosamente la premisa de esta pregunta, que se basa en una información periodística errónea y sesgada”, escribió Blanche en su respuesta.
“La resolución de este asunto no fue resultado de ninguna supuesta presión por parte de los abogados del acusado. Reflejó la evaluación rutinaria que realiza el Departamento de los casos pendientes, y el Gobierno está en proceso de recuperar una cantidad sustancial adeudada a los inversores”, contestó el jefe de Justicia Federal.
En Puerto Rico, se alega que la resolución del caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por un delito menos grave de que aceptó una promesa de donativo de un ciudadano no estadounidense, se dio precisamente por el contacto del abogado Christopher Kise, defensor del coacusado, Julio Herrera Vellutini. Kise fue Procurador General de Justicia en Florida cuando Pamela Bondi era la Secretaria del Departamento de Justicia en ese estado.
En una acción similar, Trump también condonó la pena de tres años y medio de cárcel al beneficiario de la Ley 22/60, Terren Scott Peizer, que fue acusado en California de fraude y tráfico de información privilegiada para vender acciones de la empresa Ontrak.