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¿Cuánto más puede exigirse a una población que paga una de las tarifas eléctricas más altas de su historia mientras sigue esperando un sistema a la altura de ese costo?
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine
Puerto Rico comienza octubre con otra subida en el costo de la electricidad. El Negociado de Energía aprobó un ajuste que lleva la tarifa a cerca de 33.6 centavos por kilovatio hora durante el trimestre de octubre a diciembre. Para un cliente residencial sin subsidio que consume 800 kilovatios hora mensuales, el cambio supone pasar de $228.59 a $270.86. La diferencia es de $42.27 al mes y representa un incremento de aproximadamente 18.5 por ciento respecto al trimestre anterior.
Conviene comenzar por esas cifras porque permiten colocar la discusión donde corresponde. LUMA había solicitado un incremento mayor y el Negociado no aprobó íntegramente lo pedido. Eso debe reconocerse. También debe decirse que la tarifa que entra en vigor establece un nuevo máximo y llega a una población que no necesariamente dispone de otros $42 mensuales para absorber el golpe.
Ahí es donde una decisión regulatoria se convierte en un problema social.
La discusión pública sobre la electricidad suele quedar atrapada entre términos técnicos, ajustes por combustible, reconciliaciones trimestrales, contratos y disputas entre las distintas entidades que participan del sistema. Todo eso es necesario para comprender cómo se determina la tarifa, pero puede terminar ocultando algo bastante más sencillo. El aumento se cobra sobre ingresos familiares que no suben automáticamente con el precio del kilovatio hora.
Para un estudiante que trabaja mientras cursa sus estudios, una persona jubilada que depende de un ingreso fijo, una familia que vive de cheque en cheque o un trabajador que apenas consigue cubrir sus gastos, $42.27 no son una abstracción. Tampoco lo son para el pequeño comerciante que necesita mantener encendidos equipos, neveras o acondicionadores de aire durante buena parte del día. El efecto de la electricidad cara no termina en la factura residencial. Se incorpora al costo de operar un negocio y eventualmente alcanza otros precios.
Sería fácil convertir todo esto en un ejercicio para escoger un culpable. También sería poco serio. El sistema eléctrico actual distribuye funciones y responsabilidades entre LUMA, Genera PR, la Autoridad de Energía Eléctrica, suplidores privados, el Negociado de Energía y las estructuras gubernamentales encargadas de establecer y ejecutar la política energética. Precisamente por esa fragmentación resulta necesario determinar qué corresponde a cada parte y evitar que la complejidad administrativa termine sirviendo para diluir responsabilidades.
El gobierno tampoco puede situarse fuera de la discusión. La administración ha rechazado públicamente aumentos solicitados por LUMA y ha cuestionado algunas de las razones ofrecidas para justificarlos. Esa posición forma parte del debate, pero gobernar requiere algo más que expresar desacuerdo con una petición tarifaria. La política energética, la fiscalización de los contratos y la protección del interés público también son responsabilidades gubernamentales.
La determinación del Negociado ofrece un ejemplo de por qué esa fiscalización importa. El regulador excluyó por el momento $17.6 millones relacionados con deficiencias alegadas en el suministro de gas natural y ordenó auditar costos, entregas, créditos, obligaciones y pagos vinculados a New Fortress Energy. También dispuso examinar cantidades de gas solicitadas por Genera para unidades de San Juan y posibles créditos contractuales.
Ese dato resulta mucho más importante que cualquier intercambio de acusaciones políticas. Significa que dentro de los costos asociados al funcionamiento del sistema existen partidas cuya procedencia y responsabilidad todavía requieren examen. El propio Negociado estableció que un costo de combustible no debe pasar automáticamente al consumidor por el mero hecho de haber sido incurrido o facturado.
Esa debería ser una regla básica de administración pública. El ciudadano tiene que pagar por la electricidad que consume y el sistema necesita recursos para comprar combustible, operar las unidades generatrices y mantener el servicio. Lo que no debería presumirse es que cualquier costo surgido durante ese proceso pertenece inevitablemente al abonado.
Si hubo un incumplimiento contractual, corresponde reclamarlo. Si una decisión operacional provocó un gasto adicional, debe determinarse si fue razonable. Si existen créditos disponibles bajo un contrato, tienen que recuperarse. Cuando aparecen controversias sobre millones de dólares, la fiscalización debe producirse antes de convertir esas cantidades en cargos al consumidor.
El asunto adquiere mayor peso porque no estamos hablando de un servicio cuya calidad haya dejado de preocupar al país. Puerto Rico continúa enfrentando las consecuencias de un sistema eléctrico frágil, con problemas de generación y una dependencia considerable de combustibles importados. El consumidor queda atrapado entre dos necesidades básicas que deberían ocupar el centro de la política energética. Necesita electricidad confiable y necesita poder pagarla.
El aumento actual tampoco ocurre de manera aislada. La tarifa del trimestre anterior era de aproximadamente 28.57 centavos por kilovatio hora. Ahora alcanza alrededor de 33.6 centavos. Para el hogar utilizado como referencia por el regulador, los $42.27 mensuales equivalen a $126.81 adicionales durante los próximos tres meses si mantiene el mismo consumo.
La cifra adquiere otra dimensión al compararla con la realidad económica de quienes administran presupuestos muy estrechos. Una persona con mayores ingresos puede absorber el incremento modificando algunos gastos. Quien ya utiliza prácticamente todo lo que recibe tendrá que buscar esos dólares dentro de partidas que probablemente tampoco admiten mucho recorte.
Por eso resulta peligroso normalizar cada aumento como una consecuencia inevitable del costo de producir energía. Los combustibles tienen precios variables y Puerto Rico está expuesto a mercados internacionales sobre los cuales posee poco control. Eso es cierto. Pero esa vulnerabilidad no puede utilizarse para cerrar la discusión sobre eficiencia, planificación, contratación y supervisión. Precisamente porque el país depende de recursos importados, la gestión de esos recursos exige mayor rigor.
Tampoco ayuda la costumbre de convertir cada crisis energética en un intercambio de responsabilidades entre gobierno, operadores y contratistas. Para el consumidor importa menos quién redacta el comunicado que saber si las decisiones tomadas protegen su dinero y mejoran el servicio por el cual está pagando.
El debate político debería comenzar allí. No en quién logra desvincularse más rápidamente del aumento, sino en qué decisiones condujeron a estos costos, cuáles eran evitables y qué medidas concretas impedirán que reaparezcan en la próxima reconciliación tarifaria.
Defender al consumidor tampoco significa prometer electricidad barata mediante consignas. Significa exigir transparencia suficiente para distinguir entre el costo legítimo del servicio y las consecuencias de una administración deficiente. Significa fiscalizar contratos antes de que sus problemas terminen incorporados a la tarifa y establecer responsabilidades cuando corresponda.
Después de años de transformaciones, contratos, promesas de modernización y disputas sobre quién controla cada parte del sistema, Puerto Rico continúa enfrentándose a una pregunta elemental. ¿Cuánto más puede exigirse a una población que paga una de las tarifas eléctricas más altas de su historia mientras sigue esperando un sistema a la altura de ese costo?
Esa pregunta no corresponde exclusivamente a LUMA, Genera, el Negociado o La Fortaleza. La respuesta involucra a todo el aparato público y privado que ha tomado, aprobado, contratado, regulado y ejecutado las decisiones que configuran el sistema eléctrico actual.
Los contratos pueden repartir funciones y las instituciones delimitar competencias. Lo que no debería diluirse entre tantas manos es la responsabilidad mientras el costo continúa concentrándose en el bolsillo del pueblo.
