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La ACLU de Puerto Rico denuncia que el P. de la C. 1067 criminaliza la asistencia a menores para un aborto legal
SAN JUAN, Puerto Rico
Redacción PSM
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico se opuso al Proyecto de la Cámara 1067, que convertiría en delito grave, con tres años de cárcel, “reclutar”, albergar o transportar a menores para que se hagan un aborto sin el consentimiento de sus padres. La organización sostiene que la medida, llamada “Ley de Protección Parental Contra el Tráfico de Abortos de Menores”, restringe un servicio médico que es legal en Puerto Rico.
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara celebró la primera vista pública el jueves 22 de octubre. La ACLU sometió un memorial y espera comparecer en una segunda vista.
“Este proyecto criminaliza, restringe derechos e impone obstáculos adicionales al aborto, que es un servicio médico legal en Puerto Rico”, dijo Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Qué dice la ley hoy
Como recordó la ACLU, el aborto sigue siendo legal en la Isla por el Código Penal y por la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Duarte Mendoza (1980), que además reconoció a las menores de 16 años o más la capacidad de decidir sobre el procedimiento. La Ley 122-2025 exige consentimiento de los padres solo a las menores de 15 años o menos.
Según la ACLU, el lenguaje ambiguo del proyecto extendería la exigencia de consentimiento a las jóvenes de 16 y 17 años. “Esto representaría, en la práctica, una ampliación de las restricciones existentes”, dijo Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de política pública de la organización.
Los otros reparos
La ACLU advirtió que el verbo “reclutar” es tan amplio que podría castigar a médicos, trabajadores sociales, consejeros, organizaciones y hasta familiares que solo den información. Citó una disposición similar en Tennessee que un tribunal federal declaró contraria a la libertad de expresión, decisión que confirmó la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito.
Señaló además que el proyecto podría afectar el derecho a viajar entre jurisdicciones de Estados Unidos; que incluye una excepción por orden judicial, aunque Puerto Rico no tiene un mecanismo general para que un tribunal autorice el aborto sin consentimiento de los padres, y que hablar de “tráfico” equipara de forma engañosa la ayuda para un procedimiento legal con la trata de personas.
EN RESUMEN
⚖️ El P. de la C. 1067 castigaría con tres años de cárcel a quien ayude a una menor a abortar sin permiso de sus padres.
🛑 La ACLU de Puerto Rico se opone: dice que restringe un servicio médico legal en la Isla.
🔞 Según la organización, el proyecto metería en la regla a jóvenes de 16 y 17 años que hoy no necesitan consentimiento.
🗣️ El verbo “reclutar” podría alcanzar a médicos, consejeros y familiares que solo informen, advierte la ACLU.
🏛️ La primera vista pública fue el 22 de octubre en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara.
