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Una firma legal que desafió al presidente en corte enfrenta represalias por apoyar derechos civiles
SAN JUAN, Puerto Rico
Servicios Combinados
La administración del presidente Donald Trump defendió esta semana su decisión de catalogar a la prestigiosa firma legal Susman Godfrey como una amenaza a la seguridad nacional, señalando que la empresa ha donado fondos a una organización que defiende los derechos de personas LGBTQ+.
Trump emitió una orden ejecutiva el pasado 9 de abril para revocar las credenciales de seguridad de los abogados de Susman Godfrey y restringir su acceso a edificios federales. La medida fue interpretada por muchos como represalia por la participación de la firma en el caso de difamación que Dominion Voting Systems presentó contra Fox News en 2021. En dicho caso, Susman Godfrey representó a Dominion tras la difusión de alegaciones infundadas de Trump sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020.
Durante la ceremonia de firma de la orden en la Casa Blanca, el vicejefe de gabinete llegó incluso a insinuar falsamente que la firma estaba involucrada en irregularidades electorales, según reportó Bloomberg Law.
La firma legal impugnó la orden en el tribunal, argumentando que viola derechos constitucionales de libre expresión y debido proceso. El 15 de abril, una jueza federal concedió una orden de restricción temporal que bloquea partes de la medida mientras el caso se resuelve.
Según documentos presentados en corte y compartidos por el editor Roger Parloff de Lawfare, la administración fundamenta su acusación señalando que Susman Godfrey ha contribuido económicamente a GLBTQ Legal Advocates and Defenders (GLAD), una organización sin fines de lucro que en 2017 demandó al gobierno federal para impugnar la prohibición del servicio militar para personas transgénero impuesta por Trump.
El Departamento de Justicia de Trump alega que GLAD “participa en esfuerzos peligrosos que buscan socavar la eficacia de las fuerzas armadas a través de ideologías radicales”. Sin embargo, observadores legales califican esta acusación como alarmante y débil. Joe Patrice, de Above the Law, señaló que “caracterizar una demanda federal de derechos civiles como una amenaza a la nación implica asumir que fiscalizar al gobierno es ilegal”.
Susman Godfrey es una de varias firmas prominentes que han sido blanco de órdenes ejecutivas recientes de Trump. Mientras al menos cuatro han optado por impugnar estas medidas en corte —entre ellas WilmerHale y Jenner & Block— otras nueve habrían alcanzado acuerdos con la administración, comprometiéndose a realizar trabajo pro bono valorado en más de $900 millones, según Business Insider.
“La intención de esta orden ejecutiva es intimidar a las firmas legales para que abandonen la defensa de sus clientes”, denunció un abogado de Susman Godfrey la semana pasada ante el tribunal, según Reuters. “Eso es inconstitucional, punto”.
El 2 de mayo, otro revés judicial afectó a Trump cuando una jueza federal anuló en su totalidad una orden contra la firma Perkins Coie, acusando al presidente de usar sus poderes para “ajustar cuentas personales”.
En su fallo del 15 de abril, la jueza Loren AliKhan sostuvo que la orden ejecutiva contra Susman Godfrey se basó en una “vendetta personal” y advirtió que el intento de la administración de dictar qué causas pueden defender las firmas legales “pone en riesgo los fundamentos de la representación legal” en Estados Unidos.
En Puerto Rico, organizaciones como el Colegio de Abogados y Abogadas y la Comisión de Derechos Civiles han advertido sobre los peligros de politizar el acceso a la justicia. La persecución de firmas por defender causas de derechos humanos podría sentar precedentes alarmantes para jurisdicciones como la Isla, donde también se libran batallas legales en torno a la equidad y los derechos LGBTQ+.