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Los demandantes son representados por la ACLU y la organización Americans for Immigrant Justice
SAN JUAN, Puerto Rico
Defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron el miércoles a la administración Trump por la falta de acceso a representación legal y las violaciones al debido proceso para las personas detenidas en «Alligator Alcatraz», el nuevo y notorio centro de detencion para migrantes en Florida, construido en una pista de aterrizaje abandonada en medio de los humedales de Ochopee.
Este caso es presentado por personas que se encuentran detenidas, proveedores de servicios legales y firmas de abogados con clientes detenidos en el lugar, incluyendo Florida Keys Immigration, Sanctuary of the South, U.S. Immigration Law Counsel, Victoria Slatton de Sanabria & Associates, y The Law Offices of Catherine Perez, PLLC. Los demandantes son representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), la ACLU de Florida y Americans for Immigrant Justice.
La demanda denuncia al gobierno por impedir el acceso de abogados y abogadas al centro de detención e imponer restricciones dificultan la presentación de documentos legales necesarios para la liberación de los detenidos. El gobierno ha prohibido las visitas en persona, cualquier comunicación confidencial vía telefónica o por video, y el intercambio confidencial de documentos escritos.
Estas restricciones violan los derechos de la Primera y Quinta Enmienda de las personas detenidas, así como los derechos de la Primera Enmienda de las organizaciones de servicios legales y las firmas de abogados con clientes recluidos en la instalación.
«Este centro de detención abre otro capítulo nefasto en la historia de nuestra nación. Su propia existencia se basa en los impulsos más bajos de nuestro país y muestra el peligro que representa la autoridad gubernamental sin control cuando se combina con un odio desenfrenado. Representa un ataque a la decencia común, y en este caso, el trato a las personas detenidas también es ilegal», sostuvo Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU y abogada principal del caso.
La instalación está construida con tiendas de campaña temporales, tráileres y vallas de alambre de púas. Está rodeada de caimanes, pitones, mosquitos y ciénagas, y corre el riesgo de sufrir inundaciones peligrosas. Según la demanda, al menos 700 personas se encuentran actualmente recluidas en la instalación.
Los detenidos y miembros del Congreso que han visitado el lugar informan de condiciones deplorables, que incluyen temperaturas abrasadoras, gran presencia de mosquitos, inundaciones dentro de las tiendas de campaña, falta de acceso a agua, inodoros y alcantarillado tapado (los detenidos han descrito haber sido forzados a destapar inodoros con sus propias manos), comida inadecuada y negación de derechos religiosos.
«Lo que está sucediendo aquí no es solo un fracaso de política, es un fracaso moral», señaló Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida. «El estado ha erigido apresuradamente una prisión oculta, costosa y mortal en medio de los Everglades durante la temporada de huracanes para almacenar seres humanos, despojándolos del debido proceso y la dignidad, aislándolos de sus familias y de sus abogados, poniendo intencionalmente sus vidas en peligro y dejándolos sufrir en silencio», subrayó.
Según la denuncia, varios abogados llegaron al puesto de control en la carretera hacia el centro de detención para solicitar reuniones en persona con sus clientes, sin éxito. Los abogados fueron recibidos en el puesto de control por miembros armados de la Guardia Nacional de Florida y la policía estatal, quienes dijeron que las solicitudes de reuniones abogado-cliente serían «comunicadas» a la instalación. Horas después, se les informó que no se permitiría ninguna visita en persona.
En días recientes, la ACLU de Puerto Rico fue informada sobre el traslado de detenidos desde el archipiélago hasta dicha instalación en Florida. De igual modo, la oficina local ha recibido información sobre violaciones de derechos y trato deshumanizante.
«Desde la ACLU de Puerto Rico, apoyamos y nos mantenemos atentos al desarrollo de esta demanda, cuyo objetivo es proteger y hacer valer las protecciones constitucionales que cobijan a todas las personas, comenzando con la dignidad humana», sostuvo Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
El gobierno, además, no ha proporcionado información sobre cómo los detenidos y los abogados pueden tener llamadas telefónicas confidenciales. En la misma dirección, la instalación requiere revisar la presentación de cualquier documento que los abogados planeen revisar con sus clientes.
