La ACLU y otras entidades retan la nueva política del ICE que afecta a miles de inmigrantes, incluso en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico
Defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron el lunes una demanda de clase contra la administración del presidente Donald Trump, que busca anular una nueva política promulgada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que pone fin a la elegibilidad para fianza de los inmigrantes actualmente detenidos por la agencia.
Si la nueva política, emitida el 8 de julio, continúa, decenas de miles de inmigrantes serían encarcelados indefinidamente mientras sus casos de inmigración son considerados durante meses o incluso años, eliminando la capacidad de los inmigrantes de buscar la libertad bajo fianza.
Los demandantes y las clases propuestas están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), la ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP), y los abogados Niels Frenzen y Jean Reisz.
«La Constitución garantiza a todas las personas dentro de las fronteras de los Estados Unidos, los derechos a la igual protección y al debido proceso de la ley», sostuvo Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. «La Administración Trump busca reescribir la protección constitucional, negando a millones de inmigrantes en los centros de detención la capacidad de solicitar libertad bajo fianza. Por medio de un memorándum, y sin justificación que lo amerite, ICE impone el aislamiento y la separación de familias durante meses, o incluso años, mientras los detenidos esperan que sus casos sean escuchados». añadió.
La ACLU y otros defensores advirtieron que, si la nueva política continúa,
decenas de miles de inmigrantes serían encarcelados indefinidamente,
durante meses o incluso años, mientras sus casos de inmigración son considerados
Esta demanda enmienda una petición de hábeas corpus existente presentada en nombre de los demandantes detenidos ilegalmente en el Centro de Procesamiento de ICE ubicado en Adelanto, en el sur de California, a quienes ICE y los jueces de inmigración negaron la consideración de fianza. El tribunal de distrito emitió una orden ayer exigiendo que se les conceda una audiencia de fianza dentro de los próximos siete días.
Los demandantes ahora buscan representar al colectivo de individuos sujetos a la política de ICE en el país, así como a una clase de individuos a quienes se les negaron audiencias de fianza en la Corte de Inmigración de Adelanto.
«Esta nueva política también impacta a inmigrantes en Puerto Rico, donde ya ha habido casos de negación de fianza a detenidos por el ICE», subrayó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, donde han sido detenidas más de 800 personas inmigrantes, según cifras del ICE.
«Esta política de detención viola descaradamente las leyes de inmigración que han estado en vigor durante casi treinta años», planteó, por su parte, Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste.
Los defensores recordaron que todas las personas presentes en los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales, y la Cláusula del Debido Proceso se aplica a todas las «personas», incluidos los inmigrantes sin estatus regularizado. Negar la elegibilidad para la fianza a estos detenidos y privarles de una audiencia viola estos derechos.
De no otorgar fianza de manera categórica y sin consideración caso a caso, la política «resultará en que miles de personas adicionales sean detenidas en prisiones de inmigración con fines de lucro por períodos prolongados de tiempo», argumentaron, por su parte, los co-abogados Frenzen y Reisz.