La organización denuncia la censura que impondría el P. del S. 331 y repudia la decisión del Supremo que permite detenciones por perfil racial
SAN JUAN, Puerto Rico
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico levantó esta semana fuertes señalamientos en defensa de los derechos fundamentales, tanto a nivel local como federal. La organización reaccionó con firmeza al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que autoriza detenciones indiscriminadas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y solicitó a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete el Proyecto del Senado 331, que limitaría el acceso a certificados de defunción en Puerto Rico.
Críticas al fallo del Supremo federal y a las prácticas de ICE
El Tribunal Supremo federal, en una decisión 6-3 sin justificación escrita, suspendió una orden judicial que prohibía a ICE realizar detenciones basadas en factores discriminatorios, como la raza o el idioma. La medida revierte fallos de tribunales inferiores en el caso Perdomo v. Noem, que impedían este tipo de prácticas en Los Ángeles y condados circundantes.
“La orden de hoy del Tribunal Supremo pone a la gente en grave riesgo, permitiendo a los agentes federales en el sur de California a atacar a individuos por su raza, cómo hablan, los trabajos que tienen o simplemente por estar en una parada de autobús o en un carwash cuando los agentes de ICE deciden hacer una redada. Para cualquier persona que sea percibida como latina por un agente de ICE, esto significa vivir bajo un régimen de miedo de ‘muéstreme sus papeles’, con los riesgos de arrestos violentos y detenciones por parte de ICE”, advirtió Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU.
Wang añadió que la determinación es “indignante porque no incluye una justificación, pero suspende las bien razonadas opiniones de los tribunales federales inferiores”. Recalcó que la organización continuará la lucha “en este caso y en otros por nuestro derecho fundamental a vivir nuestras vidas sin ser atacados por agentes del gobierno basándose en perfiles raciales”.
En Puerto Rico, el director legal de la ACLU local, Fermín Arraiza Navas, recalcó que la orden del Supremo “no elimina la realidad inconstitucional que describe este tipo de intervenciones y detenciones de parte de agentes del ICE”. Destacó que “en Puerto Rico, el público debe tener la certeza de que, cualquier intervención de agentes del ICE basada en los elementos que describe la orden del Supremo, es ilegal y contraria a los derechos constitucionales, civiles y humanos de las personas”.
Arraiza Navas hizo un llamado directo a la gobernadora Jenniffer González Colón, así como a las autoridades estatales y municipales, a condenar estas prácticas: “La indignación y el repudio debe ser colectivo y contundente. El momento es crítico y urge la defensa masiva de los derechos y protecciones constitucionales”.
ACLU pide veto al Proyecto del Senado 331
La ACLU de Puerto Rico también advirtió sobre los riesgos del Proyecto del Senado 331, aprobado por la Legislatura sin vistas públicas y enviado a la Fortaleza el 3 de septiembre. La medida busca enmendar la Ley del Registro Demográfico para clasificar como confidenciales los certificados de defunción.
En una carta enviada el 8 de septiembre a la gobernadora, la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública y Legislación de la organización, sostuvo que la propuesta “constituye una violación crasa a las protecciones constitucionales de libertad de expresión y libertad de prensa, promueve la censura y limita el derecho del público a tener acceso a información pública”.
Escudero Rodríguez alertó que el proyecto impone “una restricción total e indiscriminada sobre datos esenciales para, entre otras cosas, la formulación de política pública efectiva, la transparencia y la rendición de cuentas al pueblo”. Además, subrayó que “no se ha demostrado que las solicitudes de acceso a información por periodistas, investigadores o académicos hayan causado los problemas que hipotéticamente presenta la medida como justificación para la implementación del proyecto”.
“La restricción del acceso a estos datos afectaría investigaciones necesarias en tiempo de emergencias, investigaciones de valor científico, así como para procesos gubernamentales críticos para nuestra democracia”, indica la misiva. Escudero enfatizó que el gobierno debería “facilitar que la prensa informe al pueblo con conferencias de prensa y la divulgación de registros, estadísticas certeras y documentos, así como de sus planes de acción”.
La organización insistió en que, especialmente en escenarios de emergencia, el Estado debe regirse por principios de derechos humanos, acceso a la información y transparencia.