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Aseguran que los operativos de ICE generan temor e incertidumbre pese a que las protecciones judiciales continúan vigentes
SAN JUAN, Puerto Rico
Organizaciones defensoras de los derechos civiles y de las comunidades inmigrantes denunciaron un aumento en las intervenciones y arrestos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos, barrios y comunidades donde residen o transitan personas haitianas, así como otros grupos de inmigrantes. Según las entidades, las autoridades migratorias están actuando como si el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití y otros países ya hubiera sido cancelado, pese a que las protecciones continúan vigentes por órdenes judiciales.
El aumento de las intervenciones ocurre mientras persiste la controversia judicial sobre los intentos de la administración del presidente Donald Trump de cancelar el TPS para Haití. Aunque la administración anunció la terminación del programa y el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión que abre la puerta a esa determinación, la jueza federal Ana C. Reyes no ha revertido la orden que mantiene temporalmente vigentes las protecciones.
Las organizaciones sostienen que, pese a ese escenario judicial, las actuaciones recientes reflejan que las autoridades migratorias están procediendo como si las personas beneficiarias del TPS hubieran perdido automáticamente sus protecciones, una conducta que, aseguran, genera confusión, inseguridad jurídica y un ambiente de persecución contra comunidades que continúan amparadas por órdenes judiciales vigentes.
“Estas actuaciones levantan serias preocupaciones sobre el uso del origen nacional, el color de piel, el idioma o el lugar de residencia como criterios para identificar, interrogar y detener personas”, expresó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
En Puerto Rico, las organizaciones denunciaron un aumento en la presencia y las intervenciones de ICE en distintas comunidades, mediante operativos realizados en diversos días y horarios que, según alegan, repiten patrones de actuaciones agresivas, violentas, discriminatorias e ilegales. Añadieron que durante las últimas semanas también se ha reportado un incremento de intervenciones contra personas inmigrantes en aeropuertos de Estados Unidos, lo que ha provocado temor e incertidumbre entre inmigrantes, sus familias y comunidades enteras.
“Nuestras organizaciones están haciendo trabajo de defensa migratoria en comunidades asediadas por ICE. Seguiremos acompañando, documentando, denunciando las prácticas violentas y discriminatorias, y exigiendo el cese de la persecución contra comunidades de personas migrantes”, afirmó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
Las entidades recordaron que toda persona conserva derechos constitucionales durante una intervención migratoria, entre ellos el derecho a permanecer en silencio, a no consentir registros y a solicitar representación legal. Asimismo, señalaron que las autoridades tienen la obligación de respetar las órdenes judiciales vigentes y evaluar individualmente la situación migratoria de cada persona.
Las organizaciones también expresaron preocupación por la situación en Haití, al señalar que la crisis humanitaria y de inseguridad persiste mientras continúan las deportaciones. Integrantes de la campaña Migrar es un derecho indicaron haber identificado diversos vuelos de compañías contratadas por la administración Trump para ejecutar deportaciones hacia ese país.
“Se trata de miles de personas que regresan a un país atravesado por la violencia, los desplazamientos y la inestabilidad política, donde su seguridad y su vida corren peligro”, sostuvo Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe.
Ante este escenario, exhortaron a las personas con TPS haitiano a no asumir que han perdido automáticamente sus protecciones, conservar copias de sus documentos migratorios, consultar con profesionales del derecho migratorio y evitar firmar documentos cuyo contenido no comprendan plenamente. Asimismo, hicieron un llamado a familiares, líderes comunitarios y testigos de intervenciones de ICE a documentar los incidentes desde una distancia segura y reportar posibles violaciones de derechos.
Las organizaciones reiteraron que ninguna política migratoria autoriza el uso de violencia, perfiles raciales, detenciones arbitrarias o intervenciones contrarias al debido proceso de ley.
Desde agosto de 2025, la campaña Migrar no es un crimen / Migrar es un derecho ha denunciado la violencia institucional contra comunidades inmigrantes en Puerto Rico y promovido una cultura de solidaridad, dignidad y resistencia. Según las organizaciones, el incremento de las redadas federales en el archipiélago desde enero de 2025 ha resultado en más de 1,800 detenciones, en su mayoría de personas sin récord criminal y sin que existan órdenes judiciales firmadas por un juez.
Entre sus reclamos, las organizaciones reiteraron la necesidad de una política de protecciones legales y humanitarias para las personas migrantes que garantice acceso igualitario a la salud, la educación, la vivienda y la defensa legal, independientemente de su estatus migratorio. Además, reclamaron que los recursos públicos municipales y estatales se destinen al servicio de la ciudadanía y no al apoyo de agencias federales. Finalmente, insistieron en la urgencia de descriminalizar la migración y poner fin al encarcelamiento de personas migrantes.
🚨 EN RESUMEN
✈️ Reportan un aumento de intervenciones de ICE en aeropuertos y comunidades con presencia de personas haitianas.
⚖️ Sostienen que las autoridades actúan como si el TPS para Haití ya hubiera expirado, aunque las protecciones continúan vigentes por orden judicial.
👥 La campaña Migrar no es un crimen / Migrar es un derecho asegura que desde enero de 2025 se han registrado más de 1,800 detenciones en Puerto Rico, en su mayoría de personas sin récord criminal.
🛑 Advierten que continúan denunciándose intervenciones agresivas, perfiles raciales, detenciones arbitrarias y posibles violaciones al debido proceso.
📄 Exhortan a las personas con TPS a conservar sus documentos migratorios, no firmar documentos que no comprendan y buscar asesoría legal.
📱 También piden a familiares y testigos documentar las intervenciones desde una distancia segura y reportar cualquier posible violación de derechos civiles.
