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ACLU cuestiona proyecto que recorta la zona de protección costera y excluye criterios científicos clave
SAN JUAN, Puerto Rico
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico reiteró este miércoles que no recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 25 (PC 25), que busca enmendar la definición de la zona marítimo terrestre, al concluir que favorece de manera desmedida el interés privado frente al público, a pesar de que la protección de los recursos naturales en el archipiélago es de rango constitucional.
“Extender el alcance del dominio particular a tierra adentro de la zona marítimo terrestre, restándole así espacio al dominio público, no es compatible con nuestro principio constitucional de la más eficaz conservación, desarrollo y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, sino que directamente lo coarta”, subrayó la licenciada Lolimar Rodríguez Escudero, abogada de Política Pública de la organización.
Rodríguez Escudero estuvo presente en la vista pública que celebró la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales en el Senado para discutir la medida. La ACLU de Puerto Rico sometió el 17 de marzo un memorial explicativo en el que no recomendó la aprobación del proyecto, pero la comisión no le otorgó turno de ponencia en la vista.
“Puerto Rico necesita fortalecer sus bienes costeros con base científica y visión de largo plazo, no reducir su protección para beneficiar intereses privados”, sostiene el memorial explicativo.
El Proyecto de la Cámara 25 fue radicado el 2 de enero de 2025. La ACLU de Puerto Rico ya había presentado su análisis y oposición ante la Cámara de Representantes, que aprobó la medida el 27 de enero. Tras evaluar las enmiendas, concluyó que no atienden las razones por las cuales no recomienda su aprobación.
En su análisis, la organización recordó que en Puerto Rico la protección de los recursos naturales es de rango constitucional y que la Constitución dispone que “será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”.
La ACLU de Puerto Rico enfatizó que esta disposición impone al Estado la obligación de proteger bienes como la zona marítimo terrestre, que por su valor ecológico, económico y social constituyen patrimonio colectivo del pueblo puertorriqueño. “De conformidad con estos deberes constitucionales, la ACLU de Puerto Rico no apoya el Proyecto de la Cámara 25, por entender que coloca este deber constitucional en un plano secundario frente a la protección de derechos propietarios sin un adecuado balance”, planteó Rodríguez Escudero.
Medida no considera la evidencia científica
El documento presentado ante la comisión senatorial recordó que el archipiélago enfrenta una crisis ambiental con erosión costera acelerada, aumento del nivel del mar, eventos extremos de oleaje y pérdida de hábitats críticos como manglares y dunas, que sirven como barreras naturales durante fenómenos atmosféricos extremos como el huracán María en 2017.
Ante esa realidad, la organización enfatizó que el PC 25 no responde con una propuesta legislativa basada en evidencia científica que redefina la zona marítimo terrestre en armonía con los principios constitucionales de conservación ni la adapte a las realidades ambientales actuales, como la erosión costera y el cambio climático.
“El proyecto propone atender derechos propietarios enmendando la definición de un recurso natural protegido de rango constitucional”, recoge el análisis.
La ACLU sostuvo que no está en controversia la necesidad de enmendar la definición de la zona marítimo terrestre para atemperarla a nuevas realidades, pero subrayó que ese proceso requiere la participación de expertos y científicos para lograr una definición aplicable y acorde con la realidad climática global.
Al redefinir la zona marítimo terrestre, el Proyecto de la Cámara 25 propone reducir de 50 a 20 metros la zona de salvamento y vigilancia, además de excluir criterios como las marejadas ciclónicas.
“Por ejemplo, reduce la protección ambiental en áreas sensibles como los manglares de La Parguera, ecosistemas esenciales para la biodiversidad y la estabilidad ambiental de Puerto Rico”, advirtió la ACLU de Puerto Rico.
Por otro lado, la nueva definición podría facilitar reclamos privados sobre terrenos que antes quedaban dentro de la zona marítimo terrestre. Además, la organización alertó que la propuesta podría exacerbar conflictos entre el uso público y el privado, al no contar con mecanismos para proteger el disfrute tradicional.
La ACLU reconoció que existen concesiones permitidas por ley para el uso privado de bienes de dominio público, pero advirtió que estas se evalúan caso por caso y no mediante cambios a la definición de un recurso natural protegido por la Constitución.
Lo que está en juego
🌊 Menos costa protegida: la franja baja de 50 a 20 metros
⚠️ Sin marejadas ciclónicas: se eliminan criterios clave
🏝️ Terrenos en riesgo: abre la puerta a reclamos privados
🌱 Ecosistemas vulnerables: manglares y dunas quedarían expuestos
🚧 Acceso en tensión: aumenta el choque entre uso público y privado