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El caso de Don Lemon, aunque ocurrió en el contexto federal, y los cambios legislativos en Puerto Rico convergen en una preocupación mayor: la creciente tendencia de actores de poder a restringir la labor periodística y el acceso a la información pública
SAN JUAN, Puerto Rico
Redacción PSM
El reciente arresto por parte de autoridades federales del periodista estadounidense Don Lemon —quien enfrentará cargos federales tras cubrir una protesta contra las políticas migratorias en una iglesia de Minneapolis— ha encendido alarmas sobre la fragilidad de las libertades civiles en Estados Unidos. Lemon, veterano reportero conocido por su trayectoria en televisión y medios independientes y militante de la comunidad LGBTQ+, fue acusado de conspiración y violación de leyes diseñadas para proteger lugares de culto, pese a sostener que su presencia era periodística y amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de prensa y expresión. Críticos han descrito el caso como un ataque sin precedentes a la labor periodística y un posible precedente para intimidar a reporteros y comunidades que cubren protestas y temas controversiales.
Libertad de prensa: un derecho bajo presión
La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Permite que ciudadanos estén informados, que el poder sea examinado y que se visibilicen injusticias, especialmente contra comunidades marginadas —incluidas las personas LGBTQ+. Sin embargo, cuando el Estado criminaliza o restringe la labor periodística, se debilitan mecanismos esenciales de rendición de cuentas y se abre la puerta a la censura indirecta o la autocensura entre quienes informan sobre protestas, políticas públicas y derechos humanos.
Un ejemplo local: cambios a la ley de acceso a información pública en Puerto Rico
La discusión sobre la libertad de prensa no está limitada al contexto federal de Estados Unidos. En Puerto Rico, a finales de 2025 la gobernadora Jenniffer González-Colón firmó una modificación a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (originalmente Ley 141-2019) que ha sido ampliamente criticada por organizaciones de prensa y de derechos civiles.
El proyecto(ahora Ley 156-2025), agregó nuevas restricciones y trámites burocráticos al proceso mediante el cual cualquier persona —incluyendo periodistas— puede solicitar información del Gobierno, con efectos que incluyen:
- Duplicar los plazos que las agencias tienen para responder solicitudes de información, elevando el límite de 10 a 20 días laborables, que con prórrogas podría llegar hasta casi 50 días.
- Incrementar obstáculos adicionales como exigir revisiones presenciales de documentos cuando no se entrega información solicitada, lo que complica su acceso y análisis.
- Permitir mayor discreción gubernamental sobre la clasificación de documentos como confidenciales sin control judicial, reducir formatos abiertos de datos y eliminar ciertas salvaguardas de privacidad para los solicitantes.
Organizaciones y comités de libertad de prensa alertaron sobre el impacto negativo de estas enmiendas en la transparencia gubernamental y la labor periodística, enfatizando que la demora en el acceso a información debilita la capacidad de la ciudadanía y los medios de velar por la responsabilidad pública.
Puerto Rico: derechos garantizados, prácticas en tensión
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce el derecho de acceso a la información pública como fundamental, sustentado además en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo local desde la histórica decisión Soto v. Secretario de Justicia (1982), que consagra que toda persona puede solicitar y recibir información del Estado salvo excepciones muy limitadas.
A pesar de este marco, los cambios recientes a la ley agregan obstáculos procesales que, en la práctica, atrasa la entrega de información a periodistas y ciudadanos por igual, y han sido vistos como un ejemplo de cómo incluso en jurisdicciones con garantías constitucionales, se pueden desarrollar mecanismos que erosionan el derecho de acceso al escrutinio público.
Conexión comunidades marginadas
Para la comunidad LGBTQ+, la libertad de prensa y la transparencia gubernamental son cruciales por varias razones:
- Visibilidad y representación: Los medios libres permiten que las realidades y luchas de personas LGBTQ+ sean difundidas, analizadas y entendidas por la sociedad en general.
- Control del poder: Sin acceso oportuno a información pública, se vuelven más difíciles las investigaciones sobre políticas que afectan derechos civiles, seguridad y bienestar comunitario.
- Protección de derechos: Cuando gobiernos utilizan leyes para entorpecer el acceso a datos o para presionar a periodistas, se crea un clima de incertidumbre que puede repercutir en la cobertura de luchas sociales, incluidos los derechos LGBTQ+.
- Participación ciudadana: La demora en la entrega de información limita la capacidad de comunidad y ciudadanía de responder eficazmente a decisiones gubernamentales que impactan directamente sus vidas.
En suma, el caso de Don Lemon, aunque ocurrió en el contexto federal, y los cambios legislativos en Puerto Rico convergen en una preocupación mayor: la creciente tendencia de actores de poder a restringir la labor periodística y el acceso a la información pública. Esto representa no solo un riesgo para quienes ejercen el periodismo, sino también para toda comunidad que depende de la transparencia y la rendición de cuentas para proteger sus derechos y su dignidad.
