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Se denunció la eliminación de la cubierta de tratamientos hormonales para personas trans en Vital, el plan de salud del gobierno, lo que describen como un retroceso cruel y peligroso
SAN JUAN, Puerto Rico
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico denunció la eliminación de la cubierta de tratamientos hormonales para personas trans en Vital, el plan de salud del gobierno, lo que consideran un retroceso grave en materia de derechos humanos y de salud pública.
“Es inconcebible, cruel e inhumano que el gobierno de Puerto Rico continúe en su ataque a la comunidad trans. Los tratamientos hormonales salvan vidas, son autorizados por profesionales de la salud y avalados por todas las asociaciones médicas nacionales e internacionales. Esto es inaudito», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.
La denuncia surge luego de la carta normativa 25-0929, firmada por el director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Carlos Santiago Rosario. El documento establece que, a partir del 6 de octubre de 2025, se reinstaurarán restricciones sobre medicamentos utilizados en tratamientos de reafirmación de género. Según la directriz, los pacientes solo podrán acceder a dichos fármacos de acuerdo con las indicaciones autorizadas y conforme al sexo asignado al nacer.
“Este gobierno se ha convertido en el enemigo principal de la comunidad trans. Parece mentira que por complacer a un transfóbico, se nos nieguen tratamientos médicos que son legales, que salvan vidas y que son necesarios para asegurar nuestra existencia», expresó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.
Por su parte, Justin Jesús Santiago, también director de la Federación, urgió al gobierno a revertir la orden: “Nos quieren llevar al clandestinaje, a privarnos de nuestra salud, a la precariedad. Esto es un abuso de marca mayor, es prácticamente un acto criminal».
Contexto reciente
La controversia se suma al ambiente de confrontación vivido en la Isla en los últimos días. Organizaciones sociales denunciaron la aprobación en la Cámara de Representantes del Proyecto 165, que busca prohibir los baños inclusivos en dependencias gubernamentales. Tanto esa medida como la decisión de ASES con el plan Vital son vistas por activistas como parte de una ofensiva política y legislativa contra los derechos de la comunidad trans y no binaria en Puerto Rico.