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La ACLU de Puerto Rico demanda al DTOP por entregar información de 6,000 personas al ICE
SAN JUAN, Puerto Rico
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico presentó hoy una petición de Mandamus en el Tribunal de Primera Instancia contra el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, y el Estado Libre Asociado, por negarse a entregar documentos relacionados con la transferencia de información confidencial de cerca de 6,000 migrantes a agencias federales de inmigración.
La organización exige que se revelen de inmediato los requerimientos de información emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como los memorandos legales y la información entregada. Según la ACLU, la respuesta del DTOP se basó en generalidades, sin fundamentos legales, lo que constituye un incumplimiento del derecho constitucional de acceso a la información pública.
“La intención legislativa de la Ley 97-2013 era precisamente proteger los datos para fines no migratorios, por lo que el gobierno actuó ilegalmente al proveer dicha información a una entidad federal sin que aparentemente mediara una orden judicial firmada por un juez”, declaró Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU-PR.
El caso surge tras revelarse que, entre febrero y marzo de 2025, el DTOP transfirió datos personales de miles de conductores con estatus migratorio irregular a agencias federales. Posteriormente, el propio gobierno de Estados Unidos confirmó que la información ha sido usada para identificar inmigrantes, arrestarlos sin orden judicial y deportarlos.
“La negligencia del DTOP ha tenido consecuencias devastadoras e irreversibles y nuestro gobierno se ha tornado en cómplice de violaciones sistemáticas de derechos humanos”, sostuvo el director legal de la ACLU, Fermín Arraiza Navas. Agregó que “el pueblo tiene el derecho fundamental de saber bajo qué supuestos legales se entregó la información que puso a miles de vidas en riesgo”.
Entre enero y el 21 de septiembre de este año, ICE arrestó al menos a 1,128 inmigrantes en Puerto Rico. La ACLU recordó que tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico garantizan derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso de ley, a todas las personas, sin distinción de ciudadanía.
El 10 de junio, la organización formalizó una solicitud de acceso a información pública al DTOP para obtener protocolos internos, requerimientos de agencias federales, evaluaciones legales y copia de los datos entregados. La Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública establece que este derecho es un pilar constitucional y un derecho humano fundamental.
“La transparencia en el quehacer público es indispensable en un sistema democrático”, recalcó Arraiza Navas. “El DTOP tiene el deber ministerial de rendir cuentas, y la jurisprudencia ya ha reconocido que documentos como los requeridos son de carácter público y no pueden ser retenidos”, concluyó.