La justicia no es suficiente

Los discursos de odio rara vez comienzan con la violencia física. Casi siempre empiezan con palabras, estereotipos, burlas, silencios o decisiones que van relegando a un grupo de personas a los márgenes de la sociedad

SAN JUAN, Puerto Rico

Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine

Hay noticias que parecen cerrar una historia. Una sentencia, un veredicto, una condena. El expediente se archiva, las cámaras abandonan el tribunal y la atención pública se desplaza hacia otro acontecimiento. Da la impresión de que todo ha terminado.

Pero hay historias que no concluyen cuando un juez dicta sentencia.

Esta semana pasada, la justicia federal condenó a los responsables del asesinato de las mujeres trans Layla Peláez Sánchez y Serena Angelique Velázquez Ramos. Con esa decisión concluye un proceso judicial que comenzó tras uno de los crímenes de odio más dolorosos que ha vivido Puerto Rico en los últimos años. Era una decisión necesaria. Era una deuda que el sistema de justicia tenía con sus familias y con una comunidad que vio en aquellos asesinatos una expresión brutal del odio.

Sin embargo, mientras leía la noticia, no podía dejar de hacerme una pregunta.

¿Qué ha cambiado en Puerto Rico desde aquel abril de 2020?

La pregunta no pretende minimizar el valor de la sentencia. Todo lo contrario. En un Estado de derecho, la justicia tiene la obligación de identificar a los responsables y castigarlos. La impunidad nunca puede ser una opción. Pero una condena, por importante que sea, no transforma por sí sola la sociedad que permitió que aquel crimen ocurriera.

Ha transcurrido el tiempo suficiente para preguntarnos, con honestidad, si como sociedad aprendimos algo de aquella tragedia. Porque el paso de los años, por sí solo, no transforma una cultura ni elimina el odio.

La realidad obliga a reconocer que todavía estamos lejos de ese horizonte.

No solo persisten los prejuicios. En los últimos años también ha cobrado fuerza un discurso social que, en determinados sectores, normaliza la exclusión y alimenta la deshumanización. A ello se suman decisiones políticas y administrativas que han limitado derechos, debilitado garantías y enviado mensajes que muchas personas interpretan como un retroceso en la protección de la diversidad. Cuando el reconocimiento de la dignidad humana comienza a convertirse en objeto de debate, el problema deja de ser únicamente jurídico. Se convierte en un problema ético y social.

Los discursos de odio rara vez comienzan con la violencia física. Casi siempre empiezan con palabras, estereotipos, burlas, silencios o decisiones que van relegando a un grupo de personas a los márgenes de la sociedad. Cuando esas expresiones dejan de escandalizar y empiezan a verse como normales, el terreno se vuelve fértil para que la discriminación crezca.

Ese es el verdadero desafío.

Layla y Serena no deberían ser recordadas únicamente como las protagonistas de un caso judicial. Antes de convertirse en un expediente fueron dos mujeres con historias, afectos, amistades, sueños y proyectos. Tenían familias, personas que las amaban y una vida que les fue arrebatada de la forma más cruel. Cuando las reducimos a la escena de un crimen, les arrebatamos por segunda vez la posibilidad de ser recordadas en toda su humanidad.

La sentencia que hoy conocemos envía un mensaje importante. El odio tiene consecuencias y quienes lo convierten en violencia deben responder ante la justicia. Esa respuesta era necesaria. Sin ella, la impunidad habría sido otra forma de violencia.

Pero sería un error pensar que la tarea termina en la sala de un tribunal.

La verdadera medida de nuestro progreso no estará en los años impuestos por una sentencia, sino en la capacidad de construir un país donde ninguna persona tenga que temer por su vida o por su integridad a causa de su identidad de género. Se reflejará el día en que caminar por una calle, acceder a un empleo, recibir atención médica o vivir con autenticidad deje de representar un riesgo adicional para una parte de nuestra población. Solo entonces podremos decir que aprendimos algo de la muerte de Layla y Serena.

La justicia hizo su parte.

Ahora nos corresponde hacer la nuestra.

Porque los tribunales pueden condenar a quienes cometen un crimen.

Pero cuando la justicia no es suficiente, es la sociedad la que tiene la responsabilidad de impedir que otra historia como esta vuelva a escribirse.