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Organizaciones religiosas anti-LGBTQ operan con beneficios fiscales en Estados Unidos y Puerto Rico
NUEVA YORK, NY
Servicios Combinados
El otorgamiento de exenciones contributivas a organizaciones sin fines de lucro que promueven discursos y acciones contra los derechos de las personas LGBTQ+ vuelve a generar cuestionamientos en Estados Unidos, particularmente tras recientes decisiones judiciales y campañas de recaudación impulsadas por grupos de corte religioso con posturas abiertamente excluyentes.
El tema cobró nueva visibilidad luego de que el Tribunal Supremo federal rechazara un intento por revertir el reconocimiento del matrimonio igualitario, caso en el que participó Liberty Counsel, organización cristiana conocida por su historial de litigios contra derechos civiles de la comunidad LGBTQ+. Tras el revés judicial, su fundador, Mat Staver, activó una campaña de donativos dirigida a sus seguidores, en la que presentó a medios LGBTQ+ como adversarios y apeló a la defensa de la “libertad religiosa” frente a lo que describió como ataques de la comunidad LGBTQ+.
Organizaciones con estatus caritativo y discursos de exclusión
Liberty Counsel es una de cerca de dos millones de organizaciones exentas de contribuciones federales en Estados Unidos bajo la clasificación 501(c)(3) del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). Según la propia agencia federal, este estatus se concede a entidades cuyas labores incluyen aliviar la pobreza, eliminar la discriminación, defender derechos humanos o promover la religión.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y observatorios del extremismo han advertido que sectores de la extrema derecha religiosa han utilizado ese marco legal para promover discursos homofóbicos y transfóbicos bajo el argumento de la libertad religiosa. Entre los casos más citados figura Alliance Defending Freedom, catalogada como grupo de odio anti-LGBTQ por el Southern Poverty Law Center, que en 2024 reportó ingresos de más de 111 millones de dólares y ha defendido leyes contra la sodomía y restricciones a la prohibición de terapias de conversión. Otro ejemplo es la American Family Association, con ingresos de 31 millones de dólares en el mismo año, cuya retórica vincula los derechos LGBTQ+ con supuestas amenazas a la familia y la religión.
Cuestionamientos al rol del IRS
La controversia no gira en torno al reconocimiento de organizaciones religiosas en general, sino al criterio bajo el cual el Estado permite que grupos que promueven la exclusión de comunidades históricamente marginadas se beneficien de incentivos contributivos. Diversas voces críticas han señalado la contradicción entre el mandato del IRS de apoyar iniciativas que combatan la discriminación y el otorgamiento de estatus caritativo a entidades que, en la práctica, impulsan políticas y narrativas que buscan restringir derechos civiles.
Expertos en política pública han señalado que retirar ese estatus no es un proceso sencillo, dado el peso constitucional de la libertad religiosa en Estados Unidos. Aun así, coinciden en que el debate sobre posibles reformas legales y criterios más estrictos ha cobrado fuerza en un contexto de creciente polarización social.
Implicaciones para Puerto Rico
En Puerto Rico, las organizaciones sin fines de lucro también pueden acogerse al estatus 501(c)(3), ya sea a través del IRS federal o mediante exenciones contributivas locales alineadas con ese marco. Esto significa que el debate sobre el uso de fondos exentos para promover discursos de odio no es ajeno a la Isla.
Activistas y académicos puertorriqueños han advertido que, aunque el contexto cultural y legal del país es distinto, las mismas organizaciones estadounidenses pueden operar o influir en el territorio, financiando campañas, litigios o iniciativas que impactan directamente a la comunidad LGBTQ+ local. Para estos sectores, resulta esencial observar cómo se fiscaliza el uso de fondos y qué mensajes se amplifican desde entidades con beneficios contributivos.
Un debate abierto
La discusión sobre si el odio puede considerarse una labor caritativa continúa abierta en Estados Unidos y sus territorios. Mientras algunas organizaciones defienden su derecho a promover creencias religiosas sin intervención estatal, otros sectores insisten en que el Estado no debe subsidiar, mediante exenciones contributivas, esfuerzos que buscan despojar de derechos a grupos vulnerables.
En ese cruce entre libertad religiosa, derechos civiles y política fiscal, el debate promete intensificarse, con implicaciones que trascienden el ámbito legal y alcanzan el corazón mismo de la convivencia democrática.
En síntesis
🧾 Organizaciones religiosas en EE. UU. reciben exención contributiva mientras promueven agendas contrarias a los derechos LGBTQ+.
⚖️ El debate cuestiona si el IRS debe otorgar estatus caritativo a grupos señalados por fomentar discriminación.
💰 Estos sectores movilizan millones de dólares en donativos para litigios y campañas públicas.
🇵🇷 Puerto Rico comparte este marco federal y no está ajeno a sus efectos.
