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Quién defendió derechos, quién los bloqueó y qué papel jugó el silencio
SAN JUAN, Puerto Rico
Nota de Redacción
Este mapa no pretende ser exhaustivo ni definitivo. Es una lectura situada del año 2025, basada en hechos observables y decisiones documentadas.
Por Víctor H. Navas, para Pride Society Magazine
La defensa de los derechos civiles rara vez se define por discursos grandilocuentes. Con mayor frecuencia, se juega en los procesos legislativos, en las votaciones, en el control de agenda y, también, en los silencios. En 2025, el debate sobre los derechos de las personas LGBTQ+ en Puerto Rico evidenció distintas formas de ejercer el poder: desde la defensa consistente y pública, hasta el bloqueo estratégico, la confrontación ideológica o la neutralidad calculada.
Este mapa político no pretende establecer jerarquías morales ni repartir reconocimientos o condenas. Su propósito es ofrecer una lectura analítica del momento que vivimos, identificando roles y decisiones que incidieron en el curso del debate público. Porque en un contexto de creciente polarización, las acciones —y las omisiones— de quienes ocupan posiciones de poder tienen un impacto real sobre comunidades históricamente vulnerabilizadas.
El aliado consistente
En el debate sobre los derechos de las personas LGBTQ+, la consistencia no es un gesto retórico: es una práctica política. En 2025, ese rol estuvo claramente representado por figuras cuya defensa no dependió del clima del momento ni del cálculo electoral.
Rafael Bernabe ha sostenido una postura clara y reiterada a favor de la equidad y la no discriminación, articulando su defensa desde un marco amplio de derechos humanos y justicia social. Su posicionamiento no se ha limitado a coyunturas específicas ni a fechas simbólicas, sino que ha mantenido coherencia entre discurso y acción.
En esa misma línea se ubica Ana Irma Rivera Lassén, cuya trayectoria en la defensa de los derechos civiles aporta peso institucional y credibilidad histórica. Su oposición a medidas que, bajo el lenguaje de la “libertad religiosa”, podrían abrir la puerta al discrimen, ha sido clara y sostenida. En un año marcado por intentos de normalizar retrocesos, este tipo de consistencia establece un estándar mínimo de lo que significa ser aliada real.
La aliada que da la cara
No toda defensa ocurre en el mismo plano. Algunas figuras asumen el costo de ser visibles cuando el debate se vuelve incómodo o políticamente riesgoso. En 2025, Mariana Nogales encarnó ese tipo de liderazgo.
Su rol no se ha limitado al respaldo legislativo, sino que ha incluido intervenciones públicas claras y sostenidas. Esa visibilidad no es accesoria: forma parte del impacto político.
Aunque ya no ocupan escaños legislativos, Bernabe, Rivera Lassén y Nogales siguen siendo referentes en la defensa de los derechos LGBTQ+.
La aliada institucional: el muro de contención
En escenarios de alta tensión ideológica, no toda defensa se articula desde el activismo directo. Algunas figuras operan desde el terreno institucional, jurídico y conceptual. Ahí se ubica María de Lourdes Santiago.
Su aportación al debate sobre los derechos LGBTQ+ se ha dado, principalmente, desde la defensa del Estado laico, los derechos civiles y los límites al uso de criterios religiosos como política pública. Aunque menos visible, este rol resulta crucial: establecer marcos y precedentes que impidan que el retroceso se legitime desde el aparato institucional.
El poder que bloquea
El impacto político no siempre se mide por declaraciones explícitas. Con frecuencia, se ejerce desde el control de los procesos, los tiempos y la agenda legislativa. En 2025, Thomas Rivera Schatz representó ese tipo de poder con consecuencias directas para el debate de derechos civiles.
Desde una posición de alta influencia institucional, su rol se ha caracterizado por la capacidad de dilatar, condicionar o frenar discusiones clave. Más allá de discursos puntuales, el efecto principal ha sido el uso estratégico del poder para definir qué avanza y qué queda fuera del debate legislativo.
La ofensiva ideológica organizada
El empuje contra los derechos LGBTQ+ en 2025 no ha sido unidimensional. Ha operado desde frentes complementarios que combinan fiscalización institucional y confrontación ideológica abierta.
En ese marco, Joanne Rodríguez Veve ha impulsado iniciativas dirigidas a cuestionar y desmantelar programas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno, utilizando mecanismos legislativos y fiscalizadores para ello. Su actuación ha contribuido a trasladar la agenda conservadora al centro del debate institucional.
Por su parte, Lisie Burgos ha funcionado como motor discursivo del conservadurismo militante desde la Cámara. Su retórica y acción legislativa han empujado marcos que cuestionan derechos ya reconocidos, particularmente en relación con las personas trans, desplazando el eje del debate hacia posiciones restrictivas.
Juntas, estas figuras representan una ofensiva con dos brazos: uno institucional y otro cultural-legislativo, que ha marcado el tono del año.
A lo largo de los años, el movimiento LGBTQ+ en Puerto Rico también ha contado con aliados cuya solidaridad ha sido sostenida, más allá de coyunturas específicas. Figuras como Juan Dalmau, Ada Álvarez Conde, Carmen Yulín Cruz y Manuel Natal han mantenido una relación de apoyo y respeto hacia la comunidad, incluso cuando hacerlo implicó asumir costos políticos. Este reconocimiento no responde a gestas del 2025, sino a una trayectoria de acompañamiento que ha contribuido a sostener luchas y derechos en el tiempo.
Desde el ámbito ejecutivo y municipal, también se observaron liderazgos que optaron por una aproximación administrativa a los asuntos LGBTQ+, sin traducirla en una postura política sostenida. Figuras como el alcalde de San Juan, Miguel Romero, mantuvieron gestos institucionales de inclusión, pero evitaron asumir un rol activo en el debate público cuando el clima político se tornó más polarizado. Esa elección, aunque distinta a la confrontación ideológica, también forma parte del mapa del poder en 2025.
El silencio que también pesa
No todas las figuras con poder en 2025 encajan en categorías claras de defensa u oposición. Existe un rol menos visible, pero igualmente determinante: el de quienes optaron por no intervenir o por hacerlo de manera estratégicamente ambigua.
En contextos de disputa por derechos civiles, la neutralidad no es ausencia de postura, sino una decisión política con efectos concretos. El silencio de figuras con capacidad de incidencia contribuye a que iniciativas se estanquen y a que narrativas restrictivas avancen sin una resistencia proporcional.
Metodología editorial
Para la elaboración de este mapa político, Pride Society Magazine utilizó criterios cualitativos y verificables, centrados en el uso del poder público durante 2025 y su impacto en el debate sobre los derechos de las personas LGBTQ+. Las figuras incluidas no fueron seleccionadas por afiliación partidista ni por afinidad ideológica, sino a partir de los siguientes parámetros:
- Acción legislativa: presentación, apoyo o bloqueo de proyectos y resoluciones con impacto directo o indirecto en derechos civiles, equidad y no discriminación.
- Postura pública sostenida: expresiones claras —o ausencia de ellas— en foros oficiales, medios y espacios institucionales.
- Uso del poder institucional: control de agenda, procesos legislativos, tiempos y fiscalización.
- Coherencia entre discurso y acción: correspondencia entre lo dicho públicamente y las decisiones tomadas.
- Impacto en el clima del debate público: contribución a ampliar, contener o restringir el marco en el que se discuten los derechos LGBTQ+.
⚠️ El poder no fue neutral en 2025
En el debate sobre los derechos LGBTQ+ en Puerto Rico, 2025 dejó una lección clara: la neutralidad no existió.
🟢 Quienes defendieron
Algunos liderazgos sostuvieron la defensa de derechos aun cuando hacerlo implicó costo político. La coherencia —no la conveniencia— marcó su ejecutoria.
🟡 Quienes contuvieron
Otras figuras no lideraron la confrontación, pero usaron el marco institucional y jurídico para frenar retrocesos y poner límites al uso del poder religioso en la política pública.
🔴 Quienes bloquearon o empujaron retrocesos
Desde el control de agenda o la ofensiva ideológica, hubo quienes utilizaron el poder para dilatar, frenar o cuestionar derechos ya reconocidos.
⚪ Quienes callaron
El silencio también operó como postura política. No defender derechos, en un contexto de ataque, tuvo consecuencias.
🧨 Este no es un listado de simpatías. Es una lectura incómoda: en 2025, cada decisión —y cada omisión— contó.