Matrimonio igualitario genera impacto financiero en Estados Unidos, incluido Puerto Rico
WASHINGTON, DC
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A casi diez años de la histórica decisión Obergefell v. Hodges que legalizó el matrimonio igualitario en Estados Unidos y Puerto Rico, una nueva investigación del Williams Institute de la Facultad de Derecho de UCLA confirma lo que muchas comunidades ya intuían: el matrimonio entre personas del mismo sexo no solo es un derecho civil, sino también un motor económico significativo.
Según el informe, las bodas entre parejas del mismo sexo y los gastos asociados de sus invitados han inyectado alrededor de $5,900 millones a las economías estatales y locales en la última década. En total, se estima que unas 591,000 parejas del mismo sexo se han casado desde la decisión del Tribunal Supremo en 2015, de un total aproximado de 823,000 parejas en todo Estados Unidos. El 80 % de estas uniones se celebraron con ceremonias y eventos sociales.
Cada boda tuvo un gasto promedio de $8,546, lo que representa cerca de $4,900 millones en celebraciones. Además, más de 22 millones de personas asistieron a estas ceremonias, incluyendo 7.6 millones de invitados que viajaron desde otros estados, lo que generó un impulso económico adicional cercano a los $1,000 millones en gastos turísticos.
El estudio también destaca que las bodas de parejas LGBTQ+ han generado más de $432 millones en ingresos por impuestos estatales y municipales, ayudando a sostener aproximadamente 41,300 empleos durante un año.
Sorprendentemente, la región que más se ha beneficiado económicamente ha sido el sur de Estados Unidos —donde históricamente se ha registrado menor visibilidad de personas LGBTQ+— con un total de $2,300 millones. Le siguen el oeste con $1,700 millones, el medio oeste con $1,000 millones y el noreste con $900 millones.
“La igualdad en el matrimonio ha tenido un impacto significativo en la vida y el bienestar de las parejas del mismo sexo en EE.UU.”, afirmó Christy Mallory, directora legal e interina del Williams Institute. “Además, ha representado un beneficio financiero sustancial para los negocios y los gobiernos locales y estatales”.
Pese a este impacto positivo, en al menos nueve estados se han presentado resoluciones que instan al Tribunal Supremo a reconsiderar la decisión Obergefell. Aunque ninguna ha prosperado y no tienen efecto legal vinculante, demuestran que el tema sigue siendo objeto de disputa en algunos sectores conservadores.
Esto ha generado preocupación en amplios sectores LGBTQ+, particularmente luego de que el juez Clarence Thomas escribiera en 2022 que el Supremo debería reconsiderar fallos que, como Obergefell, limitan la capacidad de los estados para restringir derechos en áreas como el matrimonio, el acceso a anticonceptivos o las relaciones sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo.
Aun si Obergefell fuera revocado, el matrimonio entre personas del mismo sexo continuaría reconocido a nivel federal gracias a la Ley de Respeto al Matrimonio, firmada por el presidente Joe Biden en 2022. Dicha ley obliga al gobierno federal y a los estados a reconocer matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados, aunque no les exige permitir nuevas uniones si sus leyes estatales las prohíben.
Contexto en Puerto Rico
En Puerto Rico, el matrimonio igualitario también fue legalizado tras la decisión del Supremo federal en 2015. Desde entonces, miles de parejas del mismo sexo han podido casarse legalmente en la Isla. Aunque no se han publicado estudios locales similares sobre el impacto económico, eventos como bodas LGBTQ+ y celebraciones asociadas han contribuido al turismo, la economía de servicios y la visibilidad de la comunidad queer en espacios públicos.
Con la amenaza creciente de retrocesos judiciales, activistas en Puerto Rico y en otras jurisdicciones insisten en la importancia de reforzar protecciones legales a nivel estatal y territorial, para garantizar la igualdad plena más allá de las decisiones del Tribunal Supremo federal.