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La primera gran victoria de Trump reconfigura el futuro de Medicaid y la ayuda alimentaria
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, para Pride Society Magazine.
Este pasado viernes 4 de julio, mientras el país celebraba con fuegos artificiales la independencia, el presidente Donald Trump firmaba lo que ya muchos consideran su primera gran victoria legislativa del segundo mandato: el llamado One Big Beautiful Bill Act. Una ley extensa, ambiciosa y profundamente polémica que, detrás del lenguaje de austeridad y “libertad fiscal”, trae consigo un paquete de recortes que afectará directamente a decenas de millones de personas, particularmente las más pobres, las más olvidadas y las más vulnerables. Aunque esta ley fue recibida con júbilo por sectores conservadores que ven en ella una reafirmación del modelo de gobierno pequeño y militarmente fuerte, el contenido revela un rostro mucho más crudo: se trata del mayor golpe a la red de seguridad social estadounidense en más de una década.
Lo aprobado incluye una extensión permanente de los recortes fiscales del 2017, que benefician en su mayoría a los sectores de mayores ingresos; incrementa el gasto militar y fronterizo por más de 220 mil millones de dólares; recorta subsidios a la energía limpia; y reduce drásticamente la inversión en programas esenciales como Medicaid y SNAP, el sistema de ayuda alimentaria federal. En el caso de Medicaid, el informe más reciente de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima que 10.9 millones de personas perderán su cobertura médica en la próxima década. Hablamos de personas mayores, pacientes crónicos, niños con necesidades especiales, personas con VIH, inmigrantes sin papeles, madres solteras y trabajadores pobres. La ley impone nuevos requisitos laborales estrictos, incluso en estados con desempleo estructural, añade copagos, reduce servicios y transfiere a los estados una responsabilidad que muchas veces no tienen capacidad de asumir. Y lo hace con un lenguaje frío, técnico, casi quirúrgico, como si estuviera hablando de cifras y no de vidas.
Pero hay algo más, más profundo, más hiriente: esta ley prohíbe expresamente el uso de fondos federales de Medicaid para cubrir cualquier tipo de atención de afirmación de género, afectando directamente a miles de personas trans, tanto menores como adultas. Sin importar diagnóstico, necesidad médica o recomendación profesional, la ley deja sin acceso a terapias hormonales, cirugías y seguimientos médicos a una población históricamente marginada, perseguida y con altos índices de desempleo, violencia y suicidio. Es una forma de exclusión institucionalizada. Es legislar el abandono.
En cuanto al programa de ayuda alimentaria, SNAP, el recorte proyectado alcanza los 300 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Este es, según el Center on Budget and Policy Priorities, el mayor recorte en la historia del programa. Se estima que entre tres y cinco millones de personas serán expulsadas del sistema, o verán drásticamente reducidas sus ayudas. Los nuevos requisitos laborales afectan incluso a padres y madres con niños de siete años, adultos mayores de hasta 64 años, y personas con discapacidades no evidentes. En estados como Carolina del Norte, más de dos millones de personas podrían quedar fuera del sistema de asistencia alimentaria. Y si esto suena frío, basta recordar lo que dijo una activista en entrevista con The Guardian: “Abres la nevera… y no hay nada. Eso es lo que esta ley significa para nosotros.”
El impacto no es menor para Puerto Rico. Aunque la isla no participa de Medicaid bajo las mismas condiciones que los estados, depende en gran medida de asignaciones federales para sostener su ya debilitado sistema de salud. La reducción o redistribución de estos fondos, sumada a nuevas exigencias de verificación y copagos, podría dejar a decenas de miles sin atención médica básica. En cuanto al PAN —el equivalente boricua de SNAP— más de 1.2 millones de personas dependen actualmente de estas ayudas para poder alimentarse. La entrada en vigor de esta ley implica menos fondos, más burocracia, y mayores obstáculos para quienes ya viven al filo de la inseguridad alimentaria.
La comunidad LGBTQ+ no es ajena a este escenario. Al contrario, muchas veces ocupa el centro de la tormenta. Personas trans que viven del rebusque, jóvenes que han sido expulsados de sus hogares, adultos mayores sin redes familiares de apoyo, personas viviendo con VIH que dependen del sistema público para su tratamiento… todos ellos quedan más expuestos que nunca. Con esta ley, no solo pierden derechos médicos o alimentarios. Pierden reconocimiento. Pierden dignidad. La pobreza, el hambre y la enfermedad no son solo consecuencias económicas. También son formas de violencia.
Y es aquí donde urge decirlo sin rodeos: esto no es simplemente un debate presupuestario. Es una batalla por el alma moral del país. ¿Puede una nación llamarse justa cuando abandona a sus más frágiles? ¿Puede una república celebrar su independencia mientras firma el despojo de sus propios ciudadanos? La fecha elegida para esta firma no puede ser más irónica: un 4 de julio, día de supuesta libertad y dignidad, convertido en la víspera del desamparo para millones. Ningún recorte fiscal puede justificar que niños pasen hambre. Ninguna victoria política puede validar que seres humanos mueran sin atención médica. El gobierno puede legislar muchas cosas. Pero lo que no puede, no debe, es legislar el hambre.
Cierro con una cifra, una imagen y una verdad. Cifra: más de 10 millones de personas podrían perder cobertura médica. Imagen: una madre abre la nevera y encuentra solo un brick de agua. Verdad: sin justicia social, no hay democracia. Que lo aprobado el 4 de julio no pase a la historia como el día de la independencia, sino como el día en que millones fueron abandonados por su propio país.