La vista pública fue objeto de fuertes críticas por parte de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, que denunció haber sido excluida del proceso
SAN JUAN, Puerto Rico
Redacción PSM
Varias agencias del gobierno, incluyendo la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), el Departamento de Justicia, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y la Universidad de Puerto Rico (UPR), expresaron su respaldo al Proyecto de la Cámara 165, que propone prohibir los baños múltiples inclusivos o neutros en instalaciones públicas del gobierno. La medida, presentada por la representante Lisie Burgos Muñiz, busca establecer baños públicos exclusivamente divididos por sexo biológico, con el argumento de proteger a las mujeres ante posibles escenarios de violencia sexual.
Durante una vista pública celebrada por la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, el licenciado Nelson Vélez compareció en representación de la procuradora Astrid Piñeiro Vázquez para presentar la postura de la OPM. “Las estadísticas continúan reflejando que las víctimas mayoritarias de agresiones sexuales continúan siendo las mujeres”, afirmó Vélez, quien añadió que no hay una recopilación consistente de datos sobre los lugares específicos donde ocurren estos delitos.
Según la ponencia de la OPM, en 2022 se reportaron 1,200 incidentes de violencia sexual, con un 80.5% de víctimas mujeres. En 2023, se registraron 1,278 incidentes, y el 79.8% de las víctimas también fueron mujeres. La mayoría de los ofensores fueron familiares o personas conocidas. Además, el Centro de Ayuda para Víctimas de Violencia Doméstica atendió 300 casos entre 2022 y 2023, en su mayoría ocurridos en hogares y con agresores conocidos. Vélez señaló que estos datos evidencian la necesidad de ampliar la recopilación de información a otros delitos y espacios públicos, como los baños, donde aún no hay estadísticas claras.
La OPM también reveló que investiga el caso de los baños inclusivos en la Universidad de Puerto Rico, específicamente en el recinto de Río Piedras. La estudiante Arialys Meléndez denunció que ha tenido tres experiencias de acoso sexual en baños inclusivos en la biblioteca de la Escuela de Derecho, donde, según su testimonio, se encontró con sonidos sexuales de masturbación. Alegó además que intentó querellarse, pero se sintió cuestionada por las autoridades universitarias.
El presidente interino de la UPR, Miguel A. Muñoz, expresó en ponencia escrita su respaldo al proyecto, indicando que su objetivo es proteger la salud, seguridad y dignidad de las mujeres. Edwin Vega Milán, vicepresidente interino de Asuntos Estudiantiles de la institución, aclaró que el aval de la universidad no busca atribuir la problemática a un grupo específico, y sugirió la creación de baños individuales inclusivos, reconociendo que esto implicaría gastos adicionales.
Por su parte, el Departamento de Justicia indicó no tener objeciones a que los baños múltiples sean designados según sexo masculino o femenino, pero advirtió sobre escollos legales relacionados con el lenguaje del proyecto. En su análisis, Justicia recomendó eliminar una línea del proyecto que prohíbe el acceso de personas del sexo opuesto a baños determinados, al considerar que esta disposición podría no cumplir con los requisitos constitucionales para la aprobación legislativa.
La OATRH, por otro lado, señaló que la propuesta legislativa está alineada con la política del expresidente Donald Trump, quien estableció mediante orden ejecutiva que solo existen dos sexos: masculino y femenino.
A pesar del respaldo de estas entidades, la vista pública fue objeto de fuertes críticas por parte de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, que denunció haber sido excluida del proceso. “Es inaudito y un atropello a la democracia que la Comisión de Asuntos de la Mujer realice una vista pública sin permitir que quienes nos oponemos a esta medida participemos para explicar los peligros y la cacería que se pretende perpetuar con este proyecto de ley”, expresó Pedro Julio Serrano, presidente de la organización.
Serrano también criticó que no se tomaran en cuenta estudios científicos ni evidencia empírica que demuestren el funcionamiento de los baños inclusivos. Además, advirtió sobre el posible impacto de discursos discriminatorios, recordando el caso de Alexa, mujer trans asesinada en 2020: “La misma desinformación, falsedades y persecución que presentan hoy los favorecedores de esta medida son las mismas que llevaron a la demonización, cacería y posterior asesinato de Alexa. Con estas acciones, siguen incitando al odio y a la violencia en contra de las personas no binarias y trans. Les hacemos responsables por cualquier tragedia que ocurra”.
La presidenta de la Comisión, la representante Wanda del Valle Correa, respondió que la intención del proyecto no es discriminar contra la comunidad LGBTQ+, sino evitar que personas que catalogó como “delincuentes” tengan acceso a estos espacios.
La medida cuenta con el respaldo de la gobernadora Jenniffer González y retoma una propuesta similar presentada por Burgos en el pasado cuatrienio, la cual no fue llevada a votación tras recibir amplio rechazo de organizaciones y sectores diversos. El Proyecto de la Cámara 165 se mantiene bajo evaluación legislativa.