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La ACLU identifica proyectos y leyes que impactan a personas LGBTQ+ en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico
En medio de la celebración del Mes del Orgullo y mientras miles de personas participan hoy domingo en la Marcha del Orgullo en San Juan, la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU) reiteró su preocupación por varias medidas legislativas que, según la organización, amenazan derechos de las comunidades LGBTQ+, particularmente de las personas trans.
La entidad presentó un balance de las iniciativas legislativas que ha monitoreado desde enero de 2025 hasta el presente y advirtió sobre lo que describe como un esfuerzo sostenido para limitar protecciones y reconocimiento a sectores históricamente vulnerabilizados.
«Desde la ACLU de Puerto Rico, continuaremos defendiendo y abogando por los derechos de las personas LGBTQ+, y particularmente las personas trans, contra quienes existe una persecución que pretende avanzar tanto desde las administraciones actuales del gobierno federal y el estatal en Puerto Rico, acciones que incluso ponen en riesgo la vida de personas», expresó la directora ejecutiva de la organización, Annette Martínez Orabona.
La ACLU también exhortó a la ciudadanía a rechazar la desinformación y los discursos discriminatorios que, a su juicio, buscan justificar políticas públicas excluyentes mediante la tergiversación de hechos y datos.
Según la organización, actualmente monitorea 530 medidas legislativas relacionadas con derechos LGBTQ+ en Estados Unidos y Puerto Rico correspondientes a la sesión legislativa de 2026. En el caso puertorriqueño, señaló que desde enero de 2025 se han radicado al menos ocho medidas que, a su entender, afectan o podrían afectar derechos de las comunidades LGBTQ+.
Cinco de esos proyectos permanecen activos.
Uno de ellos es el Proyecto de la Cámara 166, de la autoría de la representante Lisie Burgos Muñiz, que propone cambios relacionados con la ubicación de mujeres trans bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La ACLU sostiene que la medida promueve un trato desigual hacia una población que ya enfrenta condiciones de especial vulnerabilidad.
La organización también mantiene bajo vigilancia el Proyecto de la Cámara 164, presentado por Burgos Muñiz y respaldado por varios legisladores del Partido Nuevo Progresista, que prohibiría la participación de estudiantes trans en equipos deportivos correspondientes a su identidad de género en escuelas y universidades públicas y privadas. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 12 de marzo y continúa su trámite legislativo en el Senado.
Otra de las iniciativas señaladas por la ACLU es el Proyecto de la Cámara 162. De acuerdo con la organización, la propuesta ampliaría los efectos de la Ley 63-2025 al incorporar restricciones adicionales relacionadas con tratamientos médicos de afirmación de género, documentos oficiales, cubiertas médicas y uso de fondos públicos para personas trans menores de 21 años.
A la lista se suma el Proyecto de la Cámara 185, radicado por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, que ordenaría el uso exclusivo del concepto de «sexo biológico» en documentos y comunicaciones oficiales del gobierno. La ACLU argumenta que la medida tendría el efecto de negar reconocimiento institucional a las identidades de personas trans, no binarias y de género diverso.
Asimismo, la organización observa el desarrollo del Proyecto de la Cámara 912, que propone prohibir el uso de lenguaje inclusivo en documentos y comunicaciones oficiales del Estado. Según la ACLU, la medida tendría implicaciones para la visibilidad y el reconocimiento de personas trans, no binarias y de género diverso dentro de las estructuras gubernamentales.
Tres leyes bajo observación
Además de los proyectos que permanecen activos, la ACLU reiteró su oposición a tres medidas que ya fueron convertidas en ley: la Ley 63-2025, la Ley 14-2025 y la Ley 26-2026.
La organización sostiene que la Ley 63-2025 restringe el acceso a determinados tratamientos médicos de afirmación de género para personas menores de 21 años y establece consecuencias legales para profesionales de la salud y familiares vinculados a esos procesos.
Respecto a la Ley 14-2025, la entidad expresó preocupación por lo que considera una aplicación excesivamente amplia de las protecciones religiosas, lo que, según argumenta, podría utilizarse para justificar la negación de servicios o de otros derechos civiles.
También manifestó su oposición a la Ley 26-2026, firmada el pasado 25 de febrero, que establece restricciones relacionadas con baños inclusivos, mixtos o neutros en agencias gubernamentales, corporaciones públicas, municipios y la Universidad de Puerto Rico.
«El hecho de que estas medidas se hayan convertido en ley, no significa que no estemos vigilantes ante sus aplicaciones o que personas afectadas no puedan reclamar sus derechos. Continuamos atentos a los diversos escenarios en los que la ejecución de estas leyes opera o puede operar de manera discriminatoria contra personas LGBTQ+», afirmó la abogada de Política Pública de la ACLU, Lolimar Escudero Rodríguez.
La atención puesta en los tribunales
La organización también mantiene su atención en varios casos judiciales que podrían tener implicaciones importantes para los derechos de las personas LGBTQ+ tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.
Entre ellos figura el caso Ínaru Nadia de la Fuente Díaz v. Jenniffer A. González Colón, relacionado con el reconocimiento de una marca de género «X» en certificados de nacimiento para personas no binarias. La ACLU compareció en abril como amigo de la corte ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para respaldar esa reclamación.
La entidad también sigue de cerca la decisión pendiente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso West Virginia v. Becky Pepper-Jackson, relacionado con la participación de estudiantes trans en competencias deportivas. La organización sostiene que el alcance de ese fallo podría extenderse más allá del ámbito deportivo y tener consecuencias en otros espacios de la vida pública.
En momentos en que las comunidades LGBTQ+ conmemoran el Mes del Orgullo en Puerto Rico y otras jurisdicciones, la ACLU aseguró que continuará utilizando herramientas legales, educativas y de incidencia pública para enfrentar aquellas medidas que considere discriminatorias y para defender la igualdad de derechos, la autonomía personal y la libertad de expresión y asociación de todas las personas.
🏳️🌈 Medidas bajo vigilancia de la ACLU
🔹 La organización identifica cinco proyectos legislativos activos que, según sostiene, podrían afectar derechos de las comunidades LGBTQ+ en Puerto Rico.
🔹 Tres medidas ya fueron convertidas en ley: Ley 63-2025, Ley 14-2025 y Ley 26-2026.
🔹 La ACLU monitorea actualmente 530 medidas legislativas relacionadas con derechos LGBTQ+ en Estados Unidos y Puerto Rico.
🔹 La organización participa además en litigios relacionados con el reconocimiento legal de personas no binarias y los derechos de estudiantes trans.
🔹 La entidad aseguró que continuará vigilando tanto la Legislatura como los tribunales ante posibles impactos sobre derechos civiles y constitucionales.
