El Senado pretende la aprobación del proyecto sin celebrar vistas públicas
SAN JUAN, Puerto Rico
El Senado discutirá hoy, sin haber celebrado vistas públicas, un proyecto del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, que da a los empleados públicos derecho para negarse a ofrecer servicios basándose en sus creencias religiosas a pesar de sus serias implicaciones legales y constitucionales, denunció la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas (CAAPR), Vivian Godineaux.
“Es obligación del gobierno preservar y proteger nuestro sistema democrático basado en la participación ciudadana frente a los asuntos medulares que nos afectan o pudieran tener potencial para alterar los fundamentos y los derechos que nos protegen. Para ello es imperativo garantizar a los ciudadanos acceso total a los procesos legislativos desde una plataforma de transparencia total. Comenzar una sesión legislativa afectando el modelo de participación ciudadana constituye un riesgo inmenso para nuestra democracia”, estableció la presidenta del CAAPR.
Al respecto indicó que la Comisión para Combatir el Discrimen por Orientación Sexual del CAAPR, presidida por Ada Conde, abogada y activista de derechos humanos, ha estado vigilante al proceso de discusión del Proyecto del Senado 1, al tiempo que se ha estado preparando para presentar su postura particularmente por las implicaciones que el mismo tiene y que amenazarían con restringir derechos de la comunidad LGBTQ+, entre otras.
“No hay un fundamento ni razón que justifique aprobar esta legislación dado que no responde a un problema existente sino todo lo contrario, crea varios”, opinó la licenciada Godineaux. “Fuera de ser un calco de medidas similares que han sido objeto de serias controversias legales, éticas y morales en los Estados Unidos, este proyecto no atiende una necesidad de nuestra sociedad, donde la libertad religiosa ha sido un principio incuestionable en nuestra Constitución desde 1952”.
Godineaux afirmó que el proyecto es tan amplio como para propiciar una abundancia de repercusiones desconocidas.
Mientras, la licenciada Conde, indicó que “el proyecto evidentemente pretende conceder protecciones adicionales a un sector de la población usando disposiciones excesivamente amplias que sirven para fomentar el discrimen de muchas maneras”.
La medida propone derogar la Ley 95 sobre libertad religiosa aprobada el año pasado. En esencia introduce un lenguaje similar al que se pretendió aprobar originalmente hasta que la Cámara excluyó de su aplicación a los maestros y directivos de escuela por las implicaciones excesivamente amplias que tenía para el salón de clases y la dinámica escolar.
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