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La orden de divulgar el documento sobre el intercambio de datos con el ICE permanece vigente
SAN JUAN, Puerto Rico
El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró su negativa a revisar las determinaciones de los tribunales inferiores que ordenan al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) divulgar el subpoena utilizado como base para entregar información de miles de inmigrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La decisión mantiene en vigor la orden que obliga a la agencia a entregar el documento a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico, que lleva meses reclamando acceso a la información para conocer cómo se produjo el intercambio de datos entre el gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales.
La ACLU presentó una demanda en octubre de 2025 luego de que el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, rechazara una solicitud de acceso a documentos públicos relacionada con el requerimiento realizado por ICE.
Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones concluyeron que el subpoena es un documento público sujeto a divulgación. El DTOP acudió entonces al Tribunal Supremo, que ya había emitido un “no ha lugar” en abril. Posteriormente, la agencia presentó una reconsideración que también fue rechazada.
La resolución más reciente fue emitida el 5 de junio y notificada el 12 de junio.
Para la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, la determinación reafirma la obligación del gobierno de divulgar la documentación relacionada con la entrega de información de personas inmigrantes que obtuvieron licencias de conducir bajo las protecciones establecidas por la Ley 97 de 2013.
Por su parte, el director legal de la organización, Fermín Arraiza Navas, insistió en que el país tiene derecho a conocer cómo y por qué se tomaron decisiones que afectaron a comunidades inmigrantes residentes en Puerto Rico.
En su decisión emitida en enero, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que el derecho de acceso a la información pública tiene rango constitucional en Puerto Rico y concluyó que el subpoena solicitado por la ACLU debía ser divulgado.
El foro apelativo también rechazó los argumentos del gobierno relacionados con alegadas investigaciones en curso y preocupaciones de seguridad pública. Según la determinación judicial, las agencias no identificaron ninguna ley o reglamento que impidiera divulgar el documento ni demostraron que su publicación afectara una investigación activa.
La controversia surge tras la entrega de información de miles de inmigrantes al ICE por parte del DTOP, una acción que organizaciones de derechos civiles han cuestionado por entender que contradice las garantías de confidencialidad ofrecidas por el propio gobierno cuando se aprobó la legislación que permitió a personas sin estatus migratorio regular obtener una licencia de conducir en Puerto Rico.
📄⚖️ En resumen
🔹 La ACLU de Puerto Rico presentó la demanda en octubre de 2025 tras una negativa del DTOP a entregar información pública.
🔹 El documento en controversia es el subpoena que sirvió de base para la entrega de datos de miles de inmigrantes al ICE.
🔹 El Tribunal de Primera Instancia ordenó divulgar el documento al concluir que no era confidencial.
🔹 El Tribunal de Apelaciones confirmó esa determinación en enero de 2026.
🔹 El Tribunal Supremo ha rechazado en dos ocasiones los intentos del DTOP de revertir la orden.
🔹 La ACLU sostiene que la divulgación es necesaria para conocer cómo y por qué se produjo el intercambio de información entre el gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales de inmigración.
🔹 El gobierno aún podría presentar una segunda solicitud de reconsideración ante el Supremo.