Algunos albergues ya ofrecen servicios inclusivos, recibiendo tanto a mujeres cisgénero como a varones y personas de la comunidad LGBTQ+
SAN JUAN, Puerto Rico
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico fue el escenario del foro Ley 54: 35 años por la paz de las mujeres, organizado por Proyecto Matria y la Comisión de la Mujer del Colegio, el pasado 19 de septiembre de 2024. Este evento reunió a destacadas expertas en derecho y defensoras de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ para discutir los logros y retos que ha enfrentado la Ley 54 contra la violencia doméstica, en su aniversario número 35.
Análisis crítico de la Ley 54 y sus enmiendas
La moderadora del foro, la licenciada Cristina Parés, directora ejecutiva de Proyecto Matria, dio paso a la primera intervención, a cargo de la doctora Esther Vicente, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Vicente se centró en las enmiendas a la Ley 54 que, en su opinión, han debilitado la protección de las víctimas. Uno de los ejemplos más preocupantes, señaló, es la autorización a patronos y familiares para solicitar órdenes de protección en nombre de las víctimas. Este cambio, según Vicente, quita autonomía a las personas afectadas, lo que puede aumentar su vulnerabilidad y llevarlas a aislarse.
Vicente destacó también las limitaciones en la suspensión de las relaciones paternofiliales, que solo se aplica cuando la víctima está en un albergue, dejando expuesta a la víctima en otros escenarios. A pesar de esto, la catedrática recordó que los tribunales tienen la capacidad de emitir órdenes adicionales para proteger a las víctimas, y exhortó a que cualquier futura enmienda a la Ley 54 se realice con cautela y en colaboración con sobrevivientes y expertos en la materia.
La importancia de una justicia especializada
La licenciada Lindsay Murillo, fiscal especial del Departamento de Justicia, también formó parte del foro, aportando una perspectiva sobre los avances y desafíos dentro del sistema de justicia. Aclaró que sus opiniones eran personales y no representaban a la agencia. Murillo resaltó la creación de Unidades Especializadas en violencia doméstica y la importancia de la presencia de intercesores que acompañen a las víctimas durante los procesos judiciales. No obstante, lamentó que solo tres regiones cuenten con Salas Especializadas, un recurso esencial que debería estar disponible en todo Puerto Rico.
La fiscal también subrayó la necesidad de que los jueces y juezas reciban una formación más profunda en los casos de violencia de género, particularmente en formas menos visibles de abuso como el maltrato psicológico y económico. Celebró avances como la Ley 95 de 2023, que establece la expedición automática de órdenes de protección, describiendo estos cambios como “rayos de esperanza a través de cielos parcialmente nublados”.
Los albergues: una red de apoyo esencial pero precaria
Coraly León Morales, presidenta de la junta de directores de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, ofreció una visión sobre la realidad que viven los albergues para víctimas de violencia doméstica. León Morales destacó la valentía de las pioneras que, décadas atrás, fundaron los primeros albergues en Puerto Rico, arriesgando sus propias vidas. A pesar de contar actualmente con 180 camas en los albergues de la red, denunció que la falta de recursos limita la capacidad para ofrecer servicios esenciales a las víctimas. “En Puerto Rico los albergues no son prioridad”, afirmó, reclamando la aprobación del Proyecto de la Cámara 1901, que busca reconocer los albergues como servicios esenciales en situaciones de emergencia.
León Morales también subrayó la falta de fondos específicos para los albergues y la insuficiencia de personal, lo que complica el manejo de las necesidades complejas y variadas de las sobrevivientes, que llegan a los albergues después de haber enfrentado traumas profundos y, a menudo, despojadas de sus pertenencias y redes de apoyo.
Asimismo, resaltó que algunos albergues ya ofrecen servicios inclusivos, recibiendo tanto a mujeres cisgénero como a varones y personas de la comunidad LGBTQ+. En este contexto, la inclusión es un valor clave, ya que la violencia de género no distingue entre orientaciones sexuales o identidades de género. Por ello, abogó por que se reconozca y atienda de manera plena a todas las víctimas, sin importar su identidad o expresión de género.
Un llamado a la acción
El foro concluyó con un consenso claro: aunque se han logrado importantes avances en la lucha contra la violencia de género en Puerto Rico, aún queda mucho por hacer. Las panelistas coincidieron en la necesidad de que los legisladores, el sistema judicial y las organizaciones de apoyo a las víctimas trabajen de manera más coordinada y con un enfoque integral. Reforzar la Ley 54, mejorar los recursos para los albergues y garantizar que todos los sectores involucrados en la protección de las víctimas estén adecuadamente capacitados son solo algunos de los retos que aún enfrenta la isla.