UPR quita todas las protecciones a estudiantes trans a cambio de fondos federales

Además de eliminar los baños inclusivos en el Recinto de Río Piedras, el sistema universitario anuló garantías de acceso y no discriminación a estudiantes transgénero y modificó el Protocolo de Nombre Escogido, como resultado de las medidas del Gobierno de Trump en contra de los programas de diversidad, equidad e inclusión

SAN JUAN, Puerto Rico

Por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

“Al culminar el pasado semestre, la Universidad de Puerto Rico (UPR) eliminó todas las protecciones logradas por estudiantes trans y de género no binario debido a las presiones del Gobierno de Donald Trump, que condicionó los fondos federales a la cancelación de programas y políticas que promuevan la diversidad, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras revisar documentos y entrevistar a estudiantes, profesores, y a las autoridades universitarias.

“Esta determinación se toma con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo, preservar la estabilidad financiera ante la posible pérdida de fondos federales esenciales y proteger los intereses de nuestra comunidad universitaria”, dijo en una carta circular la rectora del Recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, cuando eliminó los baños inclusivos que beneficiaban principalmente a esas comunidades en el campus.

Además de eliminar los baños inclusivos, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó en octubre sin oposición la cancelación del Plan de Trabajo para el Cumplimiento con la Reglamentación sobre Estudiantes Transgénero, y modificar el Protocolo de Reconocimiento del Nombre Escogido, suprimiendo cualquier mención sobre estudiantes trans, no binarios o de la comunidad LGBT+ en esta política. La Junta está compuesta por representantes del Gobierno, del claustro y de los estudiantes, así como personas de la sociedad civil nombrados por la Gobernadora con el consentimiento del Senado.

Estas medidas responden a las guías publicadas en julio por el Fiscal General de Estados Unidos, que condicionan los fondos federales a la eliminación de programas que puedan considerarse ‘discriminatorios’ o que promuevan la diversidad, equidad e inclusión (DEI) en universidades y agencias en Estados Unidos y sus territorios, y que fueron acatadas en octubre por la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde. La decisión generó críticas dentro del claustro, que denunció que la presidenta las acató sin que mediara una amenaza real de pérdida de fondos, dijo al CPI Jorge Colón Rivera, portavoz del caucus claustral del Senado Académico del Recinto de Río Piedras.

“Simplemente acatar la eliminación de los baños inclusivos previo a que haya ni siquiera una amenaza… creemos que va en contra de nuestros principios como Universidad”, acotó.

Estudiantes que forman parte de las poblaciones afectadas han empezado a sentir temor por la invisibilidad y el potencial acoso al que se exponen ahora, dijo Kai Marrero Pérez, secretario de la Colectiva de Estudiantes Cuir del Recinto de Río Piedras, a la que pertenecen cerca de 50 alumnos.

“Las comunidades trans están desprotegidas ahora mismo”, denunció el alumno de Psicología. 

“No se sabe cuál es el protocolo para manejar situaciones de violencia, qué se puede o no decir, cuáles son los límites de esta administración, y hasta dónde van a llegar las medidas y las políticas con las que nos están atacando. Todo el mundo está confundido y asustado”, señaló.

Kai, de 20 años, comenzó su transición de género hace cuatro años. Contó que desde el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos y los cambios en las políticas de la UPR relacionados con la diversidad, ha experimentado situaciones continuas de tensión y cuestionamientos.

Explicó que estos comportamientos se extienden incluso a profesores, quienes en ocasiones usan pronombres que no corresponden a la identidad de género del estudiante o insisten en llamarle por un nombre que ya no utiliza, además de minimizar su identidad de género.

Recordó que un mentor de investigación —a quien optó por no identificar— le expresó que prefería “no saber” sobre su identidad y le advirtió que, si publicaba una investigación, no debía permitir que se supiera que es una persona trans, porque eso “le quitaría validez” a su trabajo.

Discriminación desde el deporte hasta la vivienda estudiantil

Con una sola acción administrativa, la UPR dejó sin efecto el pasado octubre el llamado a capacitar a profesores, personal no docente y de seguridad sobre los derechos y necesidades de las personas trans. Además, relevó a la Oficina de Asuntos Legales y a la Presidencia de establecer una reglamentación institucional que “proteja el derecho de los estudiantes transgénero a utilizar el baño que corresponda con su identidad de género, libre de intervención, problemas o barrera alguna”.

También abrió la puerta a que directores atléticos puedan discriminar a estudiantes trans en equipos deportivos y no obligará a la Oficina de Mejoras Permanentes a  incluir el símbolo transgénero en la señalización en baños, duchas, camerinos y locker rooms de todos los recintos de la UPR. Asimismo, quitó la posibilidad de que estudiantes trans puedan escoger el hospedaje estudiantil que proveen los recintos acorde “con su identidad de género”.

Con la eliminación de los protocolos, la confidencialidad de la información personal también queda en riesgo, porque permitiría la divulgación de identidad de género a quién lo solicite so pretexto académico. Además, la universidad pierde las guías que aseguraban el cumplimiento del Título IX y de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA en inglés), dejando a los estudiantes trans sin protección frente al acoso y la discriminación dentro del campus, alertó Fabiola Morales, coordinadora de la Colectiva de Estudiantes Cuir.

“Los estudiantes trans no sienten que pueden ser respaldados por las secretarías que hay en el Recinto para trabajar los asuntos universitarios”, advirtió Morales.

Para la estudiante de Lenguas Extranjeras, el clima de miedo y tensión no es nuevo para las poblaciones trans en el Recinto, pero esa incertidumbre se ha profundizado con los cambios recientes.

Lamentó que estas situaciones puedan obligar a muchos estudiantes a “mantenerse en el clóset”.

“Es superlamentable que después de tanto tiempo y procesos de lucha para lograr que estos espacios sean más inclusivos, estemos volviendo hacia atrás y olvidando todo lo que vivieron nuestros antepasados”, destacó Morales.

La eliminación de los protocolos fue aprobada por la Junta de Gobierno en su reunión ordinaria del 30 de octubre. Con esa determinación se derogó la política que cumplía con los requerimientos entonces promovidos por los departamentos de Educación y Justicia federal, antes de que estos fueran cancelados por la administración de Trump.

Esta decisión siguió a otra medida tomada en marzo del 2025 , cuando la Junta de Gobierno de la UPR derogó el Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad. Este organismo, creado en 2021, debía establecer políticas y buscar soluciones para enfrentar el discrimen y promover el respeto, la inclusión, la equidad y el bienestar de toda la comunidad universitaria.

En diciembre, la Junta de Gobierno también eliminó el puesto de Director de Diversidad (Chief Diversity Officer), que ocupaba el profesor Juan Jorge Rivera. Desde esa posición se manejaban los asuntos de diversidad, equidad e inclusión en la Presidencia de la UPR, un rol clave para cumplir con los estándares de la Middle States Commission on Higher Education. Esa agencia acreditadora mantiene vigente el requisito de DEI, aunque ha advertido que no penalizará a instituciones que no lo cumplan, en el contexto de la administración Trump.

Nassim del Río, estudiante de género no binario, aseguró que la falta de una política institucional robusta deja a las personas cuir expuestas a “amenazas e insultos” incluso dentro de espacios que deberían ser seguros.

Según describió, en el campus opera un grupo cristiano conocido como la Confraternidad Universitaria de Avivamiento (Confra) que, presuntamente, “de manera recurrente, hostiga a estudiantes visiblemente cuir”.

Aseguró que los abordajes suelen ser intimidantes y cargados de imposiciones religiosas. “Se acercan de forma confrontacional y gritan frases como ‘Dios te ama’ o ‘te vas a ir al infierno’, además de otros insultos”, contó Del Río, de 22 años y estudiante de Bellas Artes.

El CPI solicitó una reacción de la Confra de la UPR de Río Piedras, pero no obtuvo respuesta.

Este grupo está reconocido en el Recinto por medio de la Oficina de Organizaciones Estudiantiles, que les identifica como una “confraternidad interdenominacional que se enfoca en llevar el evangelio en la universidad y crecer en el conocimiento y relación con Dios”.

“Me causa mucha rabia y un sentimiento bien grande. Ellos no miden cómo esas palabras pueden afectar la salud mental de las personas. Además, ¿por qué mi existencia te molesta tanto que tú tienes que tomar acciones tan directas y violentas?”, dijo Del Río.

Para el año académico 2025-2026, la UPR tiene registradas 22 organizaciones estudiantiles de carácter religioso en todo el sistema. Entre ellas, la Confra es la de mayor presencia institucional, con capítulos activos en siete de los 11 recintos, constató el CPI tras examinar los registros de asociaciones estudiantiles.

Amplían política de nombre escogido a expensas de las identidades de género

Al enmendar el protocolo para el reconocimiento de nombres escogidos, la Junta de Gobierno de la UPR eliminó un mecanismo que desde del 2024 reconocía explícitamente en su propio título a estudiantes de género no binario y de experiencia trans como las personas principalmente beneficiarias de ese trámite.

El nuevo protocolo indica que la política aplicará ahora “a todos los estudiantes” sin distinción de identidad de género. “Se promulga el presente Protocolo, para proveer al estudiantado la opción de registrar, no solo su nombre legal, sino también su nombre escogido (…) para auto representarse en el ámbito universitario”, lee.

El protocolo anterior dejaba claro que aplicaba a estudiantes de género no binario y, en sus definiciones, reconocía de forma amplia el discrimen por razón de sexo o género, incluyendo a personas lesbianas, gays, bisexuales, asexuales, transgénero y no binarias. Todo eso se eliminó del nuevo documento.

El protocolo previo incluía, además, un artículo que prohibía el discrimen y facultaba a cualquier estudiante que se sintiera discriminado por personal docente o no docente a presentar querellas en casos de discriminación por identidad de género, acoso, hostigamiento o agresión sexual, violencia entre parejas y acecho ante las oficinas del programa Título IX, conforme a la normativa federal e institucional vigente. Ahora se estableció un nuevo artículo sobre “quejas”, que limita los casos de discrimen sólo cuando no se use el nombre escogido.

Gabriel Andrés Negrón, de 21 años, estudia Música y, al no haber completado aún el trámite de cambio de nombre en el Recinto, enfrentó una situación con una profesora de inglés, quien insistía en referirse a él con pronombres femeninos, pese a haber sido corregida en múltiples ocasiones.

“Yo le había explicado que yo me llamaba Gabriel. Que yo soy un hombre y que ‘él’ es mi pronombre”, relató. Sin embargo, la profesora continuó usando el pronombre femenino frente a toda la clase.

“Era bien difícil porque yo me sentía humillado”, dijo.

El episodio ocurrió en al menos dos ocasiones más: una cuando la profesora lo llamó para contestar una pregunta y otra cuando tuvo que salir temprano por una situación familiar. “La profesora dijo frente a todo el mundo: ‘es que ella tiene una situación y ella se tiene que ir’”, recordó.

El nuevo protocolo establece que estudiantes de nuevo ingreso podrán escoger su nombre desde el momento de completar la solicitud de admisión a la UPR.

Aunque Marrero y Morales celebraron la iniciativa, lamentaron que sea a costa de que se invisibiliza a las comunidades LGBT+.

“Es ir eliminándonos poco a poco de la historia, de todos los récords. Y es a propósito”, dijo Marrero.

Para Negrón, que comenzó su transición de género hace cuatro meses, la UPR pierde su sentido de innovación y universalidad cuando deja de lado experiencias y perspectivas de personas que se han desarrollado fuera de los cánones tradicionales.

“Al quitar las protecciones a las personas trans se puede provocar que mucha gente se vaya o deje de contar sus historias dentro de la universidad para evitar el bullying”, reflexionó Negrón.

Eliminar baños inclusivos conllevará nuevos gastos para el Recinto

Cuando se habilitaron los baños inclusivos en 10 de los más de 60 edificios del Recinto de Río Piedras en el 2019, la Universidad no incurrió en gastos, ya que “los trabajos fueron realizados por personal de plomería del propio Recinto”, indicó al CPI el director de prensa del campus, Mario Alegre Barrios.

No obstante, devolver estos espacios a su estado original, tal como ordenó en septiembre la presidenta de la UPR, Jordán Conde, conllevará “la compra e instalación de orinales, válvulas y accesorios correspondientes, además de trabajos de plomería y albañilería”, dijo Alegre Barrios en declaraciones escritas. Pero, actualmente, el Recinto no cuenta con fondos asignados en el presupuesto de este año fiscal para la restitución de los baños a su formato binario, aclaró.

Sin embargo, la Universidad ya compró 20 rótulos para identificar los baños como “Damas” y “Caballeros” o su variable en inglés (Women o Men), a un costo total de $818.80.

La rectora Varela Llavona justificó la eliminación de estos baños como una acción necesaria para “garantizar el cumplimiento normativo, preservar la estabilidad financiera ante la posible pérdida de fondos federales esenciales y proteger los intereses” de la comunidad universitaria.

Citó la Guía para los beneficiarios de fondos federales sobre discriminación ilegal que establece la “importancia de los espacios íntimos y las competencias atléticas separados por sexo”, y que advierten que obligar a empleados a compartir espacios íntimos con personas del “sexo opuesto” sería ilegal. Bajo esa interpretación, la UPR desmanteló una política de inclusión vigente desde 2019 e impulsada por el entonces rector Luis Ferrao.

Varela Llavona aseguró, no obstante, que el Recinto “reafirma su compromiso con el respeto y la dignidad de toda su comunidad universitaria, fomentando un ambiente de respeto para todos sus estudiantes, personal docente y administrativo”.

Para Morales, coordinadora de la Colectiva de Estudiantes Cuir, esa afirmación de la Rectora contrasta con la celeridad con la que se rectificaron los baños inclusivos.

“Dice que se respeta a las personas que quieran tener un baño inclusivo, pero los está quitando. No puede haber ese tipo de contradicciones cuando se trata de derechos de una comunidad y, especialmente, de una comunidad que ha sido tan vulnerable ante estas políticas. Si realmente hay un apoyo y ella [la Rectora] de verdad lo quiere mostrar, entonces se tomarían otras medidas para tal vez buscar otros fondos o presentarse completamente en contra de estas medidas”, manifestó la estudiante.

Negrón coincidió al comentar que las acciones de la Rectora “dan a entender que no conoce realmente el Recinto de Río Piedras ni su comunidad ni su historia”.

“Si la rectora conociera de verdad el Recinto de Río Piedras, sabría que este recinto vive gracias a la gente negra, a la gente diversa, incluso a la gente pobre, porque somos quienes brindamos muchas cosas dentro de la Universidad. Quizás, al estar en una posición de poder, no ve realmente los problemas y las necesidades de ciertas poblaciones. Al final, el privilegio ciega a mucha gente”, opinó.

En contraste, Jan Carlo Tousset Rivera, integrante del Capítulo del Recinto de Río Piedras de Students for Life —una organización estudiantil opuesta al derecho al aborto y que ha sido vocal en pedir que se eliminen los baños inclusivos— celebró la determinación de Varela Llavona.

“Esta fue la decisión prudente porque estos baños se estaban prestando para el acoso y estaban poniendo en riesgo los fondos federales que son tan importantes para la Universidad, especialmente, teniendo en cuenta la frágil situación financiera que tiene la Universidad”, dijo en un video en su cuenta en Facebook.

En contraste con las expresiones de Tousset, los registros de la Oficina de Cumplimiento y Auditorías del Recinto de Río Piedras reflejan que los incidentes de hostigamiento y agresión sexual han disminuido en los años recientes, aunque la propia Universidad no cuenta con datos que permitan atribuir esa variación a una causa específica. En 2022 se reportaron siete casos de hostigamiento sexual, tres en 2023 y uno en 2024 y otro en 2025 por exposición deshonesta. Aún más, los datos que se recogen de las querellas no incluyen el lugar donde ocurrieron los incidentes, por lo que el Recinto no tiene manera de corroborar que los baños inclusivos sirvieran de espacios para acoso entre integrantes de la comunidad universitaria o visitantes.

Al ser cuestionado por el CPI, Tousset opinó que los números oficiales del Recinto no reflejan un aumento de la seguridad, sino “una disminución en la confianza en los mecanismos institucionales” para presentar denuncias.

“Recibí decenas de testimonios privados a través de redes sociales de estudiantes que expresaron incomodidad, miedo y situaciones inapropiadas ocurridas en baños denominados ‘inclusivos’. Conocí personalmente a tres mujeres jóvenes que han sido acosadas dentro de estos baños”, aseguró.

Tousset se refirió al caso de la estudiante Arialys Meléndez, quien depuso en una vista pública en mayo pasado a favor del Proyecto de la Cámara 165, con el que se prohibirían los baños inclusivos en edificios públicos en Puerto Rico. Meléndez aludió a tres situaciones de conducta sexual que presuntamente presenció en los baños inclusivos de la Escuela de Derecho del Recinto en horas de la noche, cuando la alumna se encontraba estudiando y tuvo que usar esos baños.

Tousset criticó, además, que la Universidad no documente los lugares donde ocurren incidentes de violencia lo que, a su juicio, “impide identificar patrones, áreas de riesgo y fallas estructurales, y limita seriamente cualquier política efectiva de prevención”.

“La realidad es que la inseguridad y el miedo al acoso entre las estudiantes es inmenso; si ellos duermen tranquilos mintiéndose a sí mismos, pues allá ellos”, sostuvo.

A raíz de la eliminación de los baños inclusivos, el Senado Académico del Recinto de Río Piedras aprobó en octubre una certificación respaldando su existencia, considerándolos “clave para promover justicia, inclusión, equidad y dignidad” y advirtiendo que su eliminación constituye “un retroceso a los derechos y protecciones no solo de las personas trans y no binarias, sino también de las personas con diversidad funcional”.

“Implementar baños inclusivos en la UPR fue un reconocimiento de la realidad científica, ampliamente evidenciada por las asociaciones de médicos y psicólogos, sobre la necesidad de estos espacios para atender la diversidad y reconocer sus derechos. Eso no ha cambiado”, dijo el profesor Colón.

La rectora no accedió a una entrevista con el CPI y se remitió a las declaraciones emitidas en la circular enviada a la comunidad universitaria en septiembre, en la que anunció la eliminación de los baños inclusivos.