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La ACLU de Puerto Rico respalda una medida para prohibir la vigilancia masiva y advierte sobre sus riesgos constitucionales
SAN JUAN, Puerto Rico
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico apoyó el Proyecto de la Cámara 1421, que busca crear la “Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva”, debido a los riesgos de la hipervigilancia contra las protecciones constitucionales de las personas y el uso indebido por parte de las autoridades ya evidenciado en Estados Unidos.
“La ACLU reconoce la importancia de atemperar la política pública a los avances tecnológicos existentes. Sin embargo, en la medida en que el Estado pretende establecer mecanismos tecnológicos y de integración de información sin considerar las serias implicaciones de sus disposiciones, se están violentando derechos fundamentales de la ciudadanía”, indicó la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez en el memorial explicativo enviado a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, que evalúa la medida.
El P. de la C. 1421 fue radicado el 1 de septiembre de 2026 por los representantes Dennis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Negrón Robles, con la coautoría de la representante Lisie Burgos Muñiz. En su análisis, la organización argumentó que el uso de tecnologías de vigilancia masiva es contrario a disposiciones tanto de la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico, y describió casos atendidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el derecho a la privacidad y contra registros irrazonables.
“La ACLU sostiene que la vigilancia masiva es inconstitucional, desproporcionada e incompatible con una sociedad democrática. El aumento no regulado de la hipervigilancia estatal amenaza directamente derechos democráticos básicos, como la intimidad, garantías de debido proceso, libertad de expresión y otros”, sostuvo Escudero Rodríguez, quien añadió que la vigilancia indiscriminada hace desaparecer la presunción de inocencia, al convertir a toda la población en sospechosa.
La organización argumentó que la vigilancia masiva con cámaras representa una invasión sin precedentes a la privacidad de personas que no han cometido ningún delito. Según explicó, la acumulación de suficientes imágenes almacenadas puede convertirse en un mapa detallado de la vida de las personas, capaz de revelar prácticas religiosas, visitas médicas, actividades políticas, relaciones personales y rutinas diarias.
El memorial también señaló la falta de transparencia, supervisión y regulación sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan estos datos, y cómo exigir responsabilidades a entidades públicas y privadas en caso de abuso. Según el análisis enviado a la comisión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió recientemente que, independientemente del período examinado o de que la información provenga de una empresa privada, el acceso al historial de movimiento de una persona viola su expectativa de privacidad.
En Estados Unidos, la ACLU ha liderado esfuerzos de educación pública sobre los peligros de la vigilancia masiva, así como iniciativas legislativas y judiciales. El 23 de septiembre, el licenciado Chad Marlow, abogado sénior de Política Pública de la ACLU, testificó ante la Comisión Jurídica del Senado de Estados Unidos sobre la necesidad de prohibir los sistemas de reconocimiento automático de tablillas (ALPR) o cámaras tipo Flock.
Más temprano esta semana, la ACLU de Puerto Rico presentó tres memoriales explicativos en contra de la Resolución Conjunta del Senado 198, el Proyecto del Senado 974 y el Proyecto de la Cámara 897, tras concluir que dichas propuestas legislativas promueven un escenario de vigilancia masiva mediante el uso no regulado de tecnologías y definiciones amplias que podrían atentar contra la libertad de expresión, la privacidad, la presunción de inocencia y el debido proceso de ley.
“Al presentar nuestro análisis sobre estas medidas, reiteramos nuestro llamado a los legisladores a convocar vistas públicas y permitir la discusión amplia y transparente sobre las implicaciones que proyectos como estos tienen o pueden tener sobre las libertades civiles y derechos humanos de las personas”, afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. «El país necesita seguridad pública, pero esa meta no se alcanza con la hipervigilancia», apuntó.
EN RESUMEN
⚖️ La ACLU de Puerto Rico respalda el Proyecto de la Cámara 1421 contra la vigilancia masiva.
📹 La organización advierte que estas tecnologías amenazan la privacidad, el debido proceso y la libertad de expresión.
📄 La ACLU también se opuso esta semana a otras tres medidas legislativas relacionadas con vigilancia.
📢 Piden vistas públicas para discutir de forma transparente el impacto de estas propuestas.