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Asociaciones denuncian que el proyecto criminaliza la atención afirmativa para personas trans menores de 21 años
SAN JUAN, Puerto Rico
La oposición al Proyecto del Senado 350 continúa sumando voces influyentes en el ámbito de la salud y los derechos humanos. Este 11 de julio, tanto la Asociación de Psicología de Puerto Rico como el Colegio de Profesionales del Trabajo Social urgieron a la gobernadora Jenniffer González Colón a vetar la medida, argumentando que criminaliza a profesionales de la salud por ofrecer terapias afirmativas de género a personas trans menores de 21 años, incluso con el consentimiento de sus padres o tutores.
La Junta Directiva de la Asociación de Psicología, presidida por la doctora Yesenia Delgado Castillo, denunció que el PS350 establece una pena de reclusión de 15 años, una multa de $50,000 y la revocación de licencias a profesionales que practiquen este tipo de terapias. En una carta dirigida a la gobernadora, la doctora Delgado recordó que estas intervenciones están respaldadas por la Asociación Americana de Psicología y otras entidades nacionales e internacionales, y enfatizó que “las decisiones sobre el tratamiento deben tomarse conjuntamente entre los padres o tutores, los expertos médicos y psicológicos, y los propios jóvenes”.
Por su parte, Lydael Vega Otero, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, calificó la medida como una amenaza directa al bienestar y los derechos de las personas trans. “Nuestra organización reconoce que la atención de afirmación de género desde un enfoque holístico promueve su bienestar y protege sus derechos”, sostuvo Vega Otero. Subrayó además que estos modelos buscan validar la identidad de género de las personas en un entorno seguro, respetuoso y libre de criminalización.
Ambas organizaciones se unieron así al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, que también solicitó el veto al PS350. El creciente consenso entre profesionales de la salud mental y médica refuerza el llamado a detener una legislación que, según denuncian, amenaza con eliminar servicios esenciales para una población vulnerable.