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La medida legislativa busca extender los plazos para entregar información y debilita el derecho ciudadano a fiscalizar
SAN JUAN, Puerto Rico
La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico urgió al Senado a rechazar el Proyecto del Senado (PS) 63, una medida que el cuerpo legislativo pretende llevar a votación este martes. La organización advirtió sobre las implicaciones del proyecto, que socava el derecho fundamental del pueblo al acceso a la información pública, un pilar de la democracia participativa.
“El Proyecto del Senado 63 es claramente un intento de restricción al derecho que tiene el pueblo a conocer información y datos sobre el manejo público del gobierno,” afirmó la directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, la licenciada Annette Martínez Orabona.
El PS 63 -que busca enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública- propone extender significativamente los plazos que tienen las agencias gubernamentales para responder a las solicitudes de información pública. Específicamente, busca duplicar el tiempo de respuesta de 10 a 20 días laborables, y alargar el periodo de prórroga a 40 días. “Duplicar el tiempo de respuesta impactará los procesos de fiscalización y creará dilaciones en detrimento del acceso expedito y oportuno a la información pública”, sostuvo Martínez Orabona.
La organización enfatizó que el acceso a la información es un componente esencial de los derechos constitucionales, tal como ha reiterado el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin vistas públicas ni discusión sobre las implicaciones, el PS 63 introduce otros cambios preocupantes y requisitos técnicos innecesarios, como la obligatoriedad de notificar la solicitud a múltiples funcionarios, una enmienda que permitiría invalidar peticiones legítimas y que complica caprichosamente un proceso que debería ser sencillo y accesible.
El PS 63 también pretende eliminar la capacidad de los ciudadanos de exigir información en el formato más accesible para ellos, debilitando su capacidad de uso y complicando el proceso.
En lugar de promover una medida que limita y pone trabas al acceso, la ACLU de Puerto Rico exhortó al Senado a invertir de forma sostenida en personal capacitado y asignado exclusivamente al manejo de solicitudes de información para agilizar el cumplimiento con la Ley de Transparencia, promover la digitalización de archivos y la creación de plataformas unificadas y accesibles, y establecer mecanismos de supervisión externa e independiente para garantizar el cumplimiento de los plazos actuales.
La ACLU de Puerto Rico urgió al Senado a promover la transparencia gubernamental y el acceso oportuno a la información, en lugar de aprobar una medida que aumenta la burocracia y promueve el secretismo y la censura.
“El acceso a la información no es un privilegio, es un derecho fundamental que merece ser protegido y fortalecido, no limitado. Limitarlo bajo el pretexto de eficiencia administrativa constituye un retroceso que vulnera la confianza del pueblo en sus instituciones,” subrayó la licenciada Lolimar Rodríguez Escudero, abogada de Política Pública y Legislación de la ACLU de Puerto Rico.