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Una reforma a un derecho constitucional no puede cocinarse a puerta cerrada. La transparencia se discute, se escucha y se mejora; no se impone
SAN JUAN, Puerto Rico
El Proyecto del Senado 63 (PS 63) pretende “facilitar” la Ley 141-2019 de acceso a la información. En realidad, la desfigura. La medida —de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz— se ha impulsado sin vistas públicas y pese al rechazo sostenido de organizaciones periodísticas, cívicas y legales. Una reforma a un derecho constitucional no puede cocinarse a puerta cerrada. La transparencia se discute, se escucha y se mejora; no se impone.
El cambio más dañino es temporal pero devastador: el PS 63 duplica los términos para responder solicitudes, pasando de 10 a 20 días laborables, y añade prórrogas de otros 20 —hasta 40 días hábiles—, lo que en la práctica puede traducirse en cerca de dos meses de espera. El acceso tardío es, muchas veces, acceso denegado: investigaciones pierden actualidad, comunidades se quedan sin datos críticos y la rendición de cuentas se diluye.
La medida, además, introduce obstáculos formales que facilitan negar o retrasar pedidos legítimos. Exige notificar a jefes de agencia cada solicitud e impone requisitos de contacto (dirección postal y correo) que excluyen a quienes más necesitan fiscalizar al Estado. Peor aún, abre la puerta a catalogar solicitudes como “defectuosas”, un concepto que puede convertirse en tecnicismo para descartar pedidos. El resultado previsible: más burocracia, más discrecionalidad, menos información.
El PS 63 también erosiona la utilidad de la información al permitir que se entregue en formatos arbitrarios, cerrando la puerta a que la ciudadanía y la prensa reciban datos procesables. La experiencia reciente demuestra que forzar entregas en documentos escaneados, sin estructura ni legibilidad, neutraliza la fiscalización. Transparencia sin posibilidad de análisis es simulacro.
Quienes defendemos derechos civiles y libertades informativas advertimos el cuadro completo: sanciones tibias al incumplimiento, eliminación de herramientas judiciales para acortar términos y, en conjunto, una arquitectura legal que normaliza la dilación. Eso no es fortalecer el derecho a saber; es institucionalizar el silencio.
La ACLU de Puerto Rico y diversas organizaciones cívicas han alertado sobre las implicaciones del PS 63, señalando que limitaría la capacidad de la ciudadanía de conocer cómo se maneja el gobierno. De aprobarse, Puerto Rico retrocedería en los estándares internacionales de acceso a la información, un golpe severo a la transparencia y al buen gobierno. En la Isla, donde cada peso público cuenta, opacar la gestión oficial es invitar a la impunidad.
Pride Society Magazine se suma a ese reclamo: el PS 63 debe detenerse y volver a mesa de trabajo, esta vez con participación amplia, técnica y ciudadana. Si hay cuellos de botella, se atienden con personal, capacitación, plataformas abiertas y calendarios de divulgación proactiva; no recortando derechos. La información pública le pertenece al pueblo. Cualquier agenda legislativa que la dilate, la complique o la vuelva inservible traiciona el mandato constitucional y vulnera a las comunidades que más necesitan saber. El Senado tiene la oportunidad —y la obligación— de escoger la luz.
