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La organización señala obstáculos adicionales y posibles vicios de inconstitucionalidad
SAN JUAN, Puerto Rico
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico rechazó la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón al Proyecto del Senado 63, ahora Ley 156-2025, al señalar que la medida restringe el derecho constitucional de acceso a la información pública, esencial para garantizar la libertad de expresión y de prensa.
“A pesar de la evidencia contundente sobre las señales de inconstitucionalidad de esta medida, la gobernadora decidió convertir en ley un proyecto que se aleja del principio de máxima divulgación, publicidad y transparencia que debe guiar en todo momento la gestión pública”, expresó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Ante los nuevos obstáculos que impone la legislación, la organización exhortó al público en general, periodistas, organizaciones y entidades a documentar las instancias en las que se violente su derecho de acceso a la información durante el proceso de solicitud de documentos públicos.
“Con esta medida, el gobierno demostró una intención evidente de impedir que el público tenga acceso de manera oportuna a información indispensable para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la fiscalización de la gestión pública, elementos básicos en una democracia”, sostuvo Martínez Orabona.
La ACLU señaló que las enmiendas a la Ley 141-2019 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública no facilitan el acceso, sino que extienden injustificadamente los plazos de respuesta, imponen nuevas trabas burocráticas y refuerzan una visión restrictiva del derecho del pueblo a la información.
La organización también cuestionó el trámite legislativo del proyecto, al indicar que la medida fue aprobada por descargue, con una vista pública proforma, e ignorando la evidencia presentada sobre su impacto negativo al interés público. En ese proceso participaron el presidente del Senado y autor del proyecto, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.
Tras la aprobación legislativa, la ACLU de Puerto Rico solicitó formalmente a la gobernadora, mediante carta enviada el 19 de noviembre, que vetara la medida, al advertir que contenía vicios de inconstitucionalidad.
La organización reiteró que la firma de esta ley obstaculiza la fiscalización de la gestión pública y valida un escenario de menor rendición de cuentas en las acciones y decisiones del gobierno.
