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CPI acudirá al Supremo tras revés apelativo que respalda exigencia de credencial estatal
SAN JUAN, Puerto Rico
El Tribunal de Apelaciones desestimó este miércoles la demanda del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la gobernadora, Jenniffer González Colón, luego de que esta prohibiera a los periodistas de ese medio entrar a conferencias de prensa en La Fortaleza por no tener una certificación del Departamento de Estado. La decisión del panel de jueces compuesto por los jueces Grace Grana Martínez, Eric R. Ronda Del Toro y Glorianne M. Lotti Rodríguez, revocó de esta manera la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que establecía que exigir tal identificación es inconstitucional.
De inmediato, la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, expresó que acudirán al Tribunal Supremo en busca de un remedio. “El Estado no puede ser quien determine quién puede ejercer el rol de periodista y hacer preguntas en La Fortaleza, esa es una afrenta a la libertad de prensa aquí y en cualquier país del mundo. El panel del Tribunal Apelativo, compuesto por tres jueces nombrados por el partido en el poder, erró en esta decisión y no nos quedaremos de brazos cruzados. Aunque parezca absurdo que el gobierno de Jenniffer González, por encima de las prioridades del país, use recursos públicos para impedir que
nuestros periodistas hagan preguntas, hay que hacerle frente a este intento de acallarnos. Iremos al Tribunal Supremo, donde esperamos que se corrija con urgencia este error y se proteja la libertad de prensa. Es lo que procede en nuestro sistema de justicia”, expresó.
Luego de la demanda del CPI presentada en diciembre, la jueza Iris L. Cancio González del Tribunal de Primera Instancia determinó, a finales de febrero, que exigir la credencial a los periodistas para acceder a las conferencias en la Mansión Ejecutiva viola la libertad de prensa. Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó hace unas semanas el recurso presentado por la Gobernadora a finales de marzo que buscaban que ese foro se expresara con urgencia sobre el caso.
El panel apelativo de jueces estimó que “la certificación de prensa no constituye una restricción inconstitucional al ejercicio de la libertad de prensa”, y planteó que “un litigante no puede impugnar constitucionalmente un procedimiento administrativo que nunca intentó utilizar ni alegar que le ocasionó una carga cuando no se sometió al mismo”.
Grana Martínez, quien preside el panel de jueces, fue nombrada como jueza del Tribunal de Apelaciones por el exgobernador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Luis Fortuño Burset en el 2012. Mientras que el juez Ronda del Toro fue designado en el 2020 por la exgobernadora del PNP Wanda Vázquez Garced, y la jueza Lotti Rodríguez fue nombrada por la actual gobernadora, y demandada en este caso, González Colón en el 2025.
El panel concluyó que “al existir un ente administrativo designado para expedir las certificaciones a los periodistas, resulta razonable y neutral la directriz del Estado de solicitar la referida acreditación”. Asimismo, los jueces determinaron que al no haber evidencia de que se denegó al CPI obtener la certificación de prensa, “existen vías y medios para lograr acceso a las convocatorias de la gobernadora que la organización periodística no ha agotado”.
No obstante, tanto en el foro de Primera Instancia, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y la Overseas Press Club (OPC) señalaron que requerir este carnet obstaculiza la labor de los periodistas.
Según la sentencia del panel de jueces, el Tribunal de Primera Instancia falló al no celebrar una vista en la que el CPI y el Gobierno presentaran sus alegaciones. Sin embargo, el panel de Apelaciones tampoco ordenó celebrar una vista antes de emitir su decisión, observó el CPI.
