Retrocesos en derechos LGBTQ+ y reproductivos

Clima de retroceso y resistencia en Estados Unidos y Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico

Por Víctor H. Navas, para Pride Society Magazine

Entre 2022 y 2026, el panorama de derechos civiles en Estados Unidos y Puerto Rico ha experimentado cambios significativos en materia de derechos reproductivos y derechos LGBTQ+. Decisiones judiciales, legislación estatal y debates legislativos han redefinido el alcance y la estabilidad de protecciones que durante años se consideraron consolidadas.

En junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el precedente establecido en Roe v. Wade mediante la decisión en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, eliminando la protección federal al derecho al aborto. Desde entonces, la regulación del aborto quedó en manos de los estados. Como resultado, múltiples estados han aprobado prohibiciones casi totales o restricciones severas, mientras otros han reforzado su protección mediante legislación local. El acceso al aborto actualmente depende de la jurisdicción estatal.

En el ámbito LGBTQ+, el matrimonio entre personas del mismo sexo continúa siendo legal en todo Estados Unidos conforme al precedente de Obergefell v. Hodges (2015). En 2022, el Congreso aprobó el Respect for Marriage Act, que exige al gobierno federal y a los estados reconocer matrimonios válidamente celebrados. No obstante, algunos sectores políticos conservadores han planteado públicamente la posibilidad de revisar precedentes relacionados con intimidad y matrimonio, aunque no existe al momento una decisión judicial que haya modificado Obergefell.

En cuanto a atención médica de afirmación de género para menores, más de 20 estados han aprobado desde 2023 legislación que restringe o prohíbe determinados tratamientos. Varias de estas leyes han sido objeto de impugnaciones judiciales y, en algunos casos, su aplicación está suspendida total o parcialmente mientras continúan los litigios en tribunales federales.

También se han aprobado en diversos estados leyes relacionadas con la participación de estudiantes trans en deportes escolares y con políticas sobre identidad de género en entornos educativos. El alcance y aplicación de estas medidas varía por estado y, en múltiples jurisdicciones, también enfrentan desafíos legales.

En Puerto Rico, el aborto continúa amparado por interpretaciones del derecho constitucional a la intimidad reconocidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. No obstante, en los últimos años se han presentado proyectos legislativos dirigidos a redefinir el inicio de la personalidad jurídica, lo que ha generado preocupación entre organizaciones feministas y de derechos civiles sobre posibles impactos futuros en el acceso a servicios de salud reproductiva.

En materia de derechos trans, la Asamblea Legislativa aprobó legislación que restringe la provisión de ciertos servicios de afirmación de género a menores de edad e impone posibles sanciones a profesionales de la salud que los ofrezcan. La medida ha sido objeto de controversia pública y enfrenta cuestionamientos legales.

Puerto Rico, como territorio bajo jurisdicción estadounidense, depende en múltiples áreas de la jurisprudencia federal. Por ello, cambios en la interpretación constitucional del Tribunal Supremo de Estados Unidos pueden tener efectos directos sobre derechos vigentes en la Isla.

El escenario actual no representa la eliminación generalizada de derechos previamente reconocidos, pero sí evidencia un entorno de mayor fragmentación jurídica, litigios constantes y debates legislativos que mantienen en tensión la estabilidad de protecciones en materia de igualdad y autonomía reproductiva.

EE.UU. y Puerto Rico 2026: señales de alerta ⚖️🌈

🗳️ Aborto
En EE.UU., desde 2022 el derecho no es federal. Más de una docena de estados mantienen prohibiciones casi totales o severas. El acceso depende del estado donde vivas.
En Puerto Rico sigue protegido por jurisprudencia basada en el derecho a la intimidad, pero proyectos legislativos recientes han redefinido el inicio de la personalidad jurídica.

🏳️‍🌈 Matrimonio igualitario
Legal en todo Estados Unidos desde 2015 y reforzado por ley en 2022. Sin embargo, sectores conservadores han sugerido revisar precedentes judiciales.
En Puerto Rico está vigente por aplicación federal y depende de la estabilidad de esa jurisprudencia.

⚧️ Salud trans (menores)
Más de 20 estados han aprobado restricciones o prohibiciones a la atención médica de afirmación de género para menores. Muchas de esas leyes están en litigio.
En Puerto Rico, legislación reciente restringe estos servicios y establece sanciones para profesionales de la salud.

🏫 Escuela y espacio público
En distintos estados se han aprobado leyes que regulan deportes escolares, uso de baños y currículo relacionado con identidad de género.
En Puerto Rico no existe un marco amplio equivalente, pero el debate legislativo ha ganado visibilidad.

📊 El factor estructural
En Estados Unidos el sistema es fragmentado: lo que es derecho en un estado puede no serlo en otro.
En Puerto Rico, las protecciones locales coexisten con dependencia directa de decisiones del Tribunal Supremo federal.

Estados Unidos vs. Puerto Rico
Panorama comparativo de derechos LGBTQ+ y reproductivos (2022-2026)

Tema	Estados Unidos	Puerto Rico
Aborto	Tras Dobbs (2022), el derecho dejó de estar protegido federalmente. Cada estado regula de forma independiente. Más de una docena mantienen prohibiciones casi totales o restricciones severas.	El aborto continúa protegido bajo la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico basada en el derecho a la intimidad. No obstante, proyectos legislativos recientes han intentado redefinir el inicio de la personalidad jurídica.
Matrimonio igualitario	Legal en todo el país desde Obergefell v. Hodges (2015). Reforzado legislativamente con el Respect for Marriage Act (2022).	Vigente por aplicación de Obergefell y legislación federal. No existen prohibiciones locales activas.
Atención médica de afirmación de género para menores	Más de 20 estados han aprobado restricciones o prohibiciones parciales o totales entre 2023 y 2025. La situación varía por jurisdicción y continúa en litigio.	Legislación reciente restringe la provisión de atención afirmativa de género a menores, incluyendo posibles sanciones a profesionales de la salud.
Participación de personas trans en deportes escolares	Numerosos estados han aprobado leyes que limitan la participación según sexo asignado al nacer.	No existe legislación amplia equivalente; el debate ha surgido en foros legislativos pero sin marco restrictivo uniforme.
Recopilación de datos y políticas públicas LGBTQ+	Disputas políticas sobre el uso de términos relacionados con identidad de género en agencias federales y educación pública.	Dependencia de estándares federales para recopilación de datos y programas financiados con fondos federales.
Marco constitucional de protección	Derechos dependen de combinación de precedentes judiciales y legislación federal/estatal. Alta variabilidad por estado.	Protecciones locales coexisten con dependencia de jurisprudencia federal, lo que expone a la Isla a cambios en el Tribunal Supremo de EE.UU.