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Una demanda de Florida contra tres asociaciones médicas vuelve a poner la Primera Enmienda en el centro de la batalla sobre derechos LGBTQ+
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Marilyn Sierra, para Pride Society Magazine
Un tribunal federal de apelaciones autorizó al estado de Florida a continuar una demanda contra la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH) y la Sociedad de Endocrinología, tres de las organizaciones médicas más influyentes de Estados Unidos. El fiscal general James Uthmeier presentó el caso en diciembre pasado, alegando que sus declaraciones públicas en apoyo a la atención de afirmación de género para menores trans violan leyes estatales contra la publicidad engañosa y el crimen organizado, bajo estatutos del tipo RICO.
El texto de la demanda, según el portal LGBTQ Nation, describe esa retórica como promotora de procedimientos “reprensibles e inmorales”, orientados a “vender cirugías y medicamentos lucrativos que mutilan y alteran químicamente de forma irreversible los cuerpos de menores, sin ofrecer ningún beneficio médico creíble”.
Pero el caso ha reavivado una acusación de fondo que atraviesa buena parte del discurso conservador reciente: la de aplicar la libertad de expresión de manera selectiva, dependiendo de a quién beneficie.
El precedente que incomoda al propio argumento
No han pasado ni seis meses desde que sectores republicanos celebraban el fallo de la Corte Suprema en Chiles v. Salazar, que reconoció el derecho de los terapeutas, amparado en la Primera Enmienda, a practicar terapia de conversión en menores. El razonamiento del tribunal fue que ese tipo de terapia forma parte de un «intenso debate público» y que impedirla equivaldría a censurar la expresión de los profesionales que la ejercen.
Bajo ese estándar, un terapeuta con licencia estatal puede decirle a un menor LGBTQ+ que puede “volverse” heterosexual o cisgénero. LGBTQ Nation plantea la pregunta obvia: si eso cuenta como expresión protegida por tratarse de un debate público legítimo, ¿por qué no lo sería que asociaciones médicas —que ni siquiera están tratando directamente a esos pacientes— comuniquen su postura profesional sobre el estado de la evidencia científica?
El profesor de derecho de la Universidad de Virginia Craig Konnoth ya había señalado la inconsistencia del fallo de Chiles. La Corte, escribió, trazó una distinción “incoherente” entre el habla que constituye un procedimiento médico regulable y la que no lo es. “Esperamos que los médicos apliquen el conocimiento que obtuvieron durante su formación”, indicó. “Ese conocimiento se desarrolla, se debate y se perfecciona en entornos de investigación, no en la práctica clínica. Sería antiético que los profesionales experimentaran con ideas nuevas y no comprobadas directamente en sus pacientes”.
Un patrón que se repite
LGBTQ Nation enmarca el caso dentro de una tendencia que documenta desde hace años: la defensa conservadora de principios como la libertad religiosa o la libertad de expresión suele venir acompañada de excepciones puntuales, activadas cada vez que esos mismos principios terminan beneficiando a personas LGBTQ+. El medio recuerda los reclamos de exenciones religiosas para discriminar en el empleo por orientación sexual, y los debates sobre qué contenido puede mostrarse en las escuelas públicas, donde la tolerancia hacia la diversidad de opiniones suele tener un límite muy marcado cuando se trata de reconocer la existencia de personas trans o gays.
Hasta el cierre del reportaje original, ningún legislador republicano se había pronunciado en contra de la demanda de Florida, pese a tratarse, según el propio medio, de una intervención estatal directa sobre la libertad de expresión de organizaciones médicas profesionales que no promueven una ideología, sino el consenso científico vigente en pediatría, endocrinología y salud transgénero.
Con información de LGBTQ Nation (LGBTQNation.com).