Cinco feminicidios, diez intentos y una crisis que se agrava según el más reciente informe del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico
Redacción PSM
Abril de 2025 fue un mes devastador para las mujeres en la Isla. Cinco feminicidios, diez intentos de feminicidio y múltiples desapariciones de mujeres y niñas reflejan la magnitud de la violencia de género que continúa cobrando vidas en Puerto Rico.
Las víctimas de feminicidio íntimo en abril fueron Caroline Bau (34 años, Adjuntas), Johanna Ortiz Simón (51 años, San Juan), Eliset Torres Román (51 años, Hatillo), e Idenis Cintrón Ojeda (36 años, Gurabo), esta última aún bajo investigación. A ellas se suma Carol Colón Colón (50 años, Salinas), quien fue víctima de un intento de feminicidio que terminó causando su muerte semanas después.
Según el más reciente informe del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, de enero al 30 de abril de 2025 se han documentado 15 feminicidios (13 directos y 2 indirectos), 53 intentos de feminicidio y 24 desapariciones de mujeres y niñas, de las cuales seis permanecen desaparecidas este año. Desde 2020, se contabilizan 42 mujeres y menores de edad aún desaparecidas, y al menos 15 menores han quedado huérfanos de madre como consecuencia directa de esta violencia.
Las historias detrás de las cifras
Cada caso reseñado en el informe está marcado por patrones similares: relaciones de control, antecedentes de violencia no denunciada, agresores con licencias de armas de fuego y escenarios familiares cargados de negligencia institucional.
Caroline Bau fue asesinada por su exesposo, quien irrumpió de madrugada en su hogar y la estranguló frente a seis de sus siete hijos. A pesar de que ella buscaba divorciarse y había solicitado ayuda previamente, su agresor, empleado de la AAA, no enfrentaba ninguna medida restrictiva.
Johanna Ortiz fue asesinada durante el apagón general de Semana Santa por su expareja, quien confesó haber comprado un arma ilegal con el propósito de matarla. A pesar de haber tenido una orden de protección en 2022, esta no fue renovada.
Eliset Torres fue ejecutada mientras dormía, por su pareja de 23 años, quien luego se suicidó. Aunque no había querellas previas, el agresor tenía acceso legal a un arma de fuego.
Idenis Cintrón murió en un tiroteo en Gurabo. Aunque se desconoce el móvil, su agresor tenía expediente por violencia doméstica. Al menos 50 casquillos fueron recogidos en la escena, lo que sugiere la participación de múltiples personas armadas.
Carol Colón resultó herida en una balacera el 31 de marzo en Salinas. Su esposo y otro hombre murieron en el lugar. Carol falleció semanas después, el 29 de abril, elevando a cinco las víctimas mortales de feminicidios en ese mes.
Un patrón de armas y negligencia
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el incremento en el uso de armas de fuego en los feminicidios íntimos. De los ocho casos íntimos registrados hasta abril, el 88% fueron perpetrados con armas de fuego, y al menos el 63% de esas armas eran legales. En algunos casos, los agresores tenían múltiples licencias, como en Villalba, donde el feminicida portaba tres armas registradas.
El informe también destaca que varios de los agresores eran o habían sido miembros de cuerpos de seguridad: policía, guardias de seguridad, guardia penal, militar retirado e incluso un exinvestigador forense.
53 intentos, seis en abril
Durante el mes de abril se documentaron al menos diez intentos de feminicidio. Entre ellos, casos de estrangulamiento, agresión con arma blanca, disparos desde vehículos en movimiento y ataques con intención clara de matar. Varios agresores enfrentaban procesos previos por violencia de género o tenían órdenes de protección vigentes.
En muchos de estos casos, las víctimas sobrevivieron gracias a la intervención de terceros, atención médica inmediata o fallos en la ejecución del crimen. El patrón de impunidad y reincidencia es una constante.
La desaparición también es violencia
Además de los feminicidios y sus intentos, seis mujeres y niñas permanecen desaparecidas en lo que va de 2025. Desde el 2020, el Observatorio ha documentado 42 desapariciones sin resolver. Muchas de estas mujeres vivían en contextos de vulnerabilidad y no se descarta que sus casos estén relacionados con trata de personas, violencia doméstica o crimen organizado.
Urge acción real
“El Estado continúa fallando en su deber de proteger a las mujeres”, advierte el Observatorio en su informe. La entidad recalca la urgencia de implementar y monitorear políticas públicas efectivas, reforzar la fiscalización de licencias de armas y garantizar acceso a educación con perspectiva de género.
Desde las organizaciones que componen el Observatorio —como Taller Salud, Proyecto Matria, Kilómetro 0 y Coordinadora Paz para las Mujeres— se insiste en que la erradicación de la violencia machista requiere voluntad política, recursos adecuados y una transformación profunda en las estructuras sociales.
