En Estados Unidos, las organizaciones LGBTQ+ han comenzado la batalla legal contra las órdenes ejecutivas dirigidas contra personas LGBTQ+
WASHINGTON, DC
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Si bien la avalancha de órdenes ejecutivas dirigidas contra personas LGBTQ+ firmadas por el presidente Trump en su primer mes en el cargo es sin precedentes y reprobable, el hecho sigue siendo el mismo: las órdenes no son leyes.
Y gracias a la habilidad y rapidez de los grupos legales LGBTQ+ y aliados y aliados, múltiples órdenes ya han sido bloqueadas en tribunales federales y desmontadas en la opinión pública. En escritos y procedimientos legales, las órdenes están siendo sistemáticamente expuestas como inexactas e incoherentes, y reconocidas como cargadas de animosidad irracional. Se anticipa que en Puerto Rico puedan surgir acciones similares ante proyectos de ley impulsados por la derecha fundamentalista, encabezada por las legisladoras Joanne Rodríguez Veve, Lisie Burgos y el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.
Al menos nueve demandas han sido presentadas contra estas órdenes anti-LGBTQ+, de las cuales cuatro ya han sido bloqueadas en tribunales federales. Aquí un vistazo a las acciones legales presentadas:
Las organizaciones sin fines de lucro luchan por brindar sus servicios
Lambda Legal y el Fondo de Defensa Legal presentaron una demanda para detener la aplicación de tres órdenes ejecutivas en nombre de organizaciones sin fines de lucro de defensa de derechos: la National Urban League, la National Fair Housing Alliance y la AIDS Foundation Chicago.
La demanda, National Urban League v. Trump, argumenta que los esfuerzos de Trump contra la diversidad, equidad e inclusión, así como sus órdenes anti-transgénero, violan el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda. La demanda señala que las órdenes son tan vagas que las organizaciones no saben qué está prohibido y qué no, lo que viola su derecho al debido proceso según la Quinta Enmienda, obligándolas a un cumplimiento excesivo y dificultando la realización de sus misiones. Las órdenes discriminan contra personas de color, mujeres y personas LGBTQ+, con una animosidad particular hacia personas negras y transgénero, lo que también viola la garantía de igualdad de protección de la Quinta Enmienda.
Las órdenes «rezuman desprecio por las personas transgénero y representan una amenaza significativa para los servicios críticos de salud y VIH que apoyan a comunidades marginadas, poniendo vidas en riesgo», dijo José Abrigo, director del Proyecto VIH de Lambda Legal y abogado principal del caso.
«Estas órdenes representan una amenaza existencial para las personas transgénero y las organizaciones que les proporcionan refugio y apoyo… son evidentemente inconstitucionales».
Lambda Legal presentó una segunda demanda en nombre de múltiples organizaciones sin fines de lucro que sirven a la comunidad LGBTQ+, trabajan para acabar con la epidemia de VIH y documentan la historia LGBTQ+, incluidas el Centro LGBT de Los Ángeles y el Centro Comunitario LGBTQ de la Ciudad de Nueva York, dos de los centros comunitarios LGBTQ más grandes del país, que atienden a más de 500,000 personas al año.
La demanda, San Francisco AIDS Foundation v. Trump, impugna la constitucionalidad de tres órdenes ejecutivas que buscan borrar a las personas transgénero de la vida pública, desfinanciar organizaciones que brindan servicios esenciales para la comunidad y eliminar subvenciones relacionadas con equidad que son esenciales para la salud y la vida de otras comunidades desatendidas, incluidas las personas de color y las personas que viven con VIH.
En el centro de la demanda presentada el jueves está el hecho de que la justicia racial, la justicia LGBTQ+, la justicia trans y la justicia para las personas con VIH están interconectadas; y ninguna organización sin fines de lucro o centro comunitario puede existir si ni siquiera pueden reconocer a una parte significativa de la población a la que sirven. Los abogados del caso buscarán una orden judicial preliminar para detener la aplicación de las órdenes mientras el caso avanza en los tribunales.
Documentos precisos, órdenes inexactas
Siete estadounidenses de todo el país presentaron una demanda federal, Orr v. Trump, desafiando la negativa del Departamento de Estado a emitir pasaportes con designaciones de sexo precisas.
El Departamento de Estado cambió de inmediato las solicitudes y protocolos tras la primera orden ejecutiva anti-transgénero firmada por Trump, la cual afirmaba falsamente que existen «solo dos géneros».
Como señala el escrito presentado por los demandantes: «La Orden Ejecutiva es evidentemente ilegal e inconstitucional. También carece de base en la realidad científica y médica: las personas transgénero, intersexuales y aquellas que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres existen. Autoridades científicas y médicas han reconocido ese hecho, al igual que tribunales en todo el país, incluida la Corte Suprema de EE. UU…. (La orden) no se basa en ninguna ciencia, ninguna evidencia y ninguna explicación significativa aparte de una retórica vacía y deshumanizante».
Orden de salud bloqueada
Un juez federal bloqueó la orden ejecutiva que intentaba prohibir el acceso a la atención médica esencial a nivel nacional para pacientes menores de 19 años.
Lambda Legal, la ACLU y la ACLU de Maryland, junto con los bufetes de abogados Hogan Lovells y Jenner & Block, demandaron a la administración Trump-Vance en nombre de siete familias con hijos transgénero o no binarios.
Un caso separado, también bloqueado en los tribunales, incluye a los fiscales generales de los estados de Washington, Oregón y Minnesota, así como a proveedores de atención médica. Su demanda califica la orden de salud como «cruel e infundada», acusando al poder ejecutivo de «intentar dictar la atención médica por decreto». Los estados argumentan que la orden viola la garantía de igualdad de protección de la Quinta Enmienda al discriminar a las personas transgénero.
La batalla militar, segunda ronda
El segundo intento de Donald Trump de prohibir que las personas transgénero sirvan en el ejército enfrenta desafíos legales y críticas por el lenguaje del decreto, que revela más sobre su autor que sobre una necesidad militar real.
GLAD Law y el National Center for Lesbian Rights presentaron Talbott v. Trump en nombre de seis miembros activos del servicio militar transgénero y dos estadounidenses trans que buscan enlistarse.
Durante dos días de audiencias esta semana, la jueza Ana Reyes confrontó a los abogados del Departamento de Justicia de Trump sobre la falta de evidencia que respalde las afirmaciones de la orden ejecutiva.
“Esta orden ejecutiva se basa en una afirmación que no es biológicamente correcta”, dijo Reyes. “Existen alrededor de 30 ejemplos intersexuales. Cualquiera que no tenga cromosomas XX o XY no es simplemente hombre o mujer, es intersexual…”
Sobre la afirmación de que los “pronombres inventados” afectan la preparación militar, Reyes respondió: “Todos los pronombres son inventados y lo han sido a lo largo de la historia”.
Lambda Legal y HRC presentaron una demanda separada, Shilling v. Trump, en nombre de seis miembros activos del servicio, incluida la comandante de la Marina de EE. UU., Emily Shilling, quien ha servido por más de 19 años como aviadora.
“Poder servir abiertamente como una persona transgénero ha hecho que la comandante Shilling sea un miembro aún más productivo y saludable de su comando”, señala el escrito legal.
En 2017, GLAD Law y NCLR lideraron el desafío legal contra el primer intento de Trump de prohibir a las personas trans en el ejército. Varios tribunales federales declararon la prohibición inconstitucional, bloqueándola durante casi dos años. El presidente Biden revocó la prohibición en 2021, y las personas trans han servido abiertamente y con honor desde entonces.
Garantías de la Constitución de EE. UU.: La atención médica es un derecho humano
Tres demandas más de GLAD Law y NCLR desafían la negación de atención médica esencial y el traslado de mujeres trans a instalaciones inseguras:
Moe v. Trump: Juez federal en Boston considera una orden judicial permanente contra la orden «dos géneros», que amenaza con trasladar a una mujer trans a una prisión de hombres.
Doe v. McHenry: Bloquea la misma orden por violar la Octava Enmienda contra castigos crueles e inusuales.
Jones v. Trump: Desafía la orden de negar reconocimiento legal a personas trans bajo la ley federal.
