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Con un fallo histórico, el Supremo estatal limita el poder legislativo y respalda los derechos LGBTQ+. ¿Y Puerto Rico pa’ cuándo?
MADISON, Wisconsin
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El Tribunal Supremo de Wisconsin autorizó este martes la implementación permanente de una prohibición estatal contra las llamadas terapias de conversión, al emitir una decisión que otorga mayor poder al gobernador en el proceso de establecer normas administrativas.
El fallo, dividido 4-3 y respaldado por la mayoría liberal del tribunal, declara inconstitucional el rechazo de una norma por parte de un comité legislativo controlado por los republicanos. Esta norma, impulsada por la Junta de Licenciamiento Profesional del estado, considera las terapias de conversión como una conducta no profesional por parte de terapeutas, consejeros y trabajadores sociales.
La decisión no solo permite que la prohibición se mantenga vigente, sino que también limita la capacidad de la Legislatura para frenar futuras regulaciones establecidas por agencias bajo la autoridad del gobernador. Según la jueza presidenta Jill Karofsky, la Legislatura violó la Constitución estatal al tomar acciones que alteran los derechos legales del Poder Ejecutivo y de la ciudadanía sin seguir el proceso legislativo formal.
¿Qué es la terapia de conversión?
Las terapias de conversión —ampliamente desacreditadas por la comunidad científica— buscan modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBTQ+. Hasta la fecha, están prohibidas en 23 estados y el Distrito de Columbia, así como en más de una docena de municipalidades dentro de Wisconsin, según el Movement Advancement Project, un centro de análisis especializado en derechos LGBTQ+.
Grupos defensores de derechos civiles celebraron la decisión, que impide a profesionales de la salud mental en Wisconsin intentar cambiar la orientación sexual o identidad de género de sus pacientes, especialmente menores.
Una disputa de poderes
La Junta de Licenciamiento Profesional había intentado establecer la prohibición en 2019 y 2020, pero ambas veces fue bloqueada por el Comité Conjunto de Revisión de Normas Administrativas, un ente legislativo dominado por republicanos. Aunque la norma entró brevemente en vigor en 2022, volvió a ser efectiva en abril de 2024, luego de que la Legislatura no la suspendiera formalmente antes de cerrar su sesión.
El gobernador demócrata Tony Evers celebró la decisión y afirmó que detiene a “un pequeño grupo de legisladores que secuestran normas sin justificación, paralizando al gobierno estatal”. En contraste, el senador republicano Steve Nass denunció que la decisión otorga al gobernador un poder sin supervisión para emitir normas que, según él, “afectarán negativamente los derechos de la ciudadanía”.
El fallo representa un revés significativo para la Legislatura, que sostenía que tenía autoridad para suspender regulaciones mediante precedentes jurídicos, incluida una decisión del mismo tribunal en 1992. Pero ahora el Supremo considera ese mecanismo como un “veto legislativo” inconstitucional.
Reacciones encontradas
Mientras grupos ambientalistas también aplaudieron la decisión —ya que podría destrabar regulaciones ambientales bloqueadas por el mismo comité—, los jueces conservadores emitieron duras críticas. La jueza Rebecca Bradley acusó a la mayoría de permitir que el Poder Ejecutivo legisle sin límites, y su colega Annette Ziegler advirtió que el fallo desequilibra la separación de poderes. Otro juez conservador, Brian Hagedorn, opinó que el tribunal debió limitarse a invalidar solo una objeción legislativa particular, y no abrir la puerta a un rediseño amplio del proceso regulatorio estatal.
Implicaciones más allá de las terapias de conversión
La disputa por esta prohibición es solo una pieza de un conflicto más amplio entre el gobernador Evers y la Legislatura dominada por los republicanos. Otras normas bloqueadas incluyen regulaciones ambientales, requisitos de vacunación y políticas de salud pública. Con este fallo, el gobernador tiene ahora una mayor capacidad para hacer valer la autoridad de las agencias ejecutivas sin intervención legislativa indebida.
Contexto en Puerto Rico
En Puerto Rico, la Ley 194 de 2019 prohíbe las terapias de conversión en menores de edad, aunque no existe una prohibición total para adultos. Organizaciones como el Colegio de Profesionales de la Psicología y activistas LGBTQ+ han denunciado que prácticas encubiertas o disfrazadas persisten en algunos sectores religiosos y clínicas privadas.
Además, aunque la Isla cuenta con legislación que protege contra la orientación sexual como base de discrimen, no ha habido avances recientes para ampliar la prohibición de estas prácticas dañinas de forma generalizada. La decisión en Wisconsin podría alimentar el debate local, especialmente ante proyectos legislativos que buscan extender la protección a personas adultas LGBTQ+ y cerrar vacíos legales que permiten la continuidad de estas terapias bajo otros nombres.
Mientras tanto, el tema sigue siendo una línea divisoria entre sectores progresistas y conservadores en el país.