Las Juntas de Inscripción Permanentes han sido reducidas drásticamente, de 110 a solo 12 oficinas en toda la isla, lo que ha generado largas filas y demoras
SAN JUAN, Puerto Rico
Un grupo de ciudadanos puertorriqueños ha presentado una demanda en el Tribunal Federal de Puerto Rico contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), argumentando que la actual política de registro de votantes, basada en el Código Electoral de 2020, podría dejar a miles de votantes elegibles sin la posibilidad de ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de noviembre de 2024.
Representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), un grupo de demandantes, encabezados por Marina Espíritu, Francisco Concepción Márquez, Dante Vélez Iriarte e Iris Delia Torres López, solicitaron una orden judicial para extender el plazo de registro de votantes en Puerto Rico, establecido por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para el 21 de septiembre de 2024. La demanda alega que las políticas de la CEE, basadas en el Código Electoral de 2020, limitan injustamente el derecho fundamental al voto de los ciudadanos, en violación de la Constitución de los Estados Unidos.
El Código Electoral establece que los votantes deben registrarse al menos 30 días antes de la jornada electoral, lo que fija el 6 de octubre de 2024 como la fecha límite para registrarse. Sin embargo, en abril de 2023, la CEE decidió, mediante una resolución, adelantar la fecha límite de registro al 21 de septiembre de 2024. Esta decisión fue tomada a pesar de la oposición de algunos comisionados electorales de partidos minoritarios.
Fallos en el sistema electrónico de registro
Los demandantes también señalan los graves problemas con la implementación del sistema de registro electrónico (eRE), que se introdujo en julio de 2022. Según la demanda, más de 81,000 solicitudes de registro están pendientes de revisión debido a fallos en el sistema. Además, las Juntas de Inscripción Permanentes (JIPs), que antes permitían a los votantes registrarse en persona, han sido reducidas drásticamente, de 110 a solo 12 oficinas en toda la isla, lo que ha generado largas filas y demoras.
Los problemas no se limitan al sistema electrónico. Marina Espíritu, una de las demandantes, relató que intentó reactivar su registro con ayuda de un joven, pero el sistema no pudo encontrar su información. Debido a su movilidad limitada y la falta de accesibilidad de las oficinas de inscripción, no pudo completar el proceso. Otro demandante, Dante Vélez Iriarte, presentó su solicitud de registro el 7 de septiembre, pero fue rechazada debido a errores en el sistema, lo que lo obligó a crear una nueva cuenta sin lograr una solución definitiva.
Impacto en los votantes jóvenes y de la tercera edad
El Código Electoral de 2020 también ha afectado la participación de votantes jóvenes y de la tercera edad, quienes enfrentan mayores obstáculos para registrarse. Según la demanda, la CEE eliminó su programa de visitas a escuelas secundarias y universidades para promover el registro entre los jóvenes, lo que contribuyó a una disminución del 43% en el número de nuevos votantes registrados en comparación con el ciclo electoral de 2020.
La demanda también denuncia que la CEE ha sido negligente en la implementación de los recursos necesarios para garantizar el derecho al voto, lo que ha afectado especialmente a los adultos mayores que intentan reactivar su registro o cambiar su dirección.
Reclamos de los demandantes
Los demandantes solicitan que se extienda el período de registro hasta el 6 de octubre de 2024, tal como lo establece el Código Electoral. Argumentan que la decisión de la CEE de adelantar la fecha de cierre del registro impone una carga indebida sobre los ciudadanos y viola su derecho constitucional al voto. La demanda también exige que el gobierno de Puerto Rico proporcione los recursos necesarios para garantizar un proceso electoral justo y accesible.
El caso ha atraído la atención de grupos defensores de los derechos civiles, como la ACLU, que se ha sumado a la demanda como representante legal de los demandantes.
El tribunal ahora deberá decidir si concede la orden judicial que permitiría a miles de ciudadanos registrarse hasta el 6 de octubre y así participar en las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.