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Detenciones arbitrarias y allanamientos coinciden con una escalada política y militar internacional
CARACAS, Venezuela
Servicios Combinados
A pesar de que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son legales en Venezuela, activistas y espacios de la comunidad LGBTQ+ continúan siendo blanco de acciones represivas por parte de las autoridades. Organizaciones de derechos humanos denuncian el uso desproporcionado de leyes de vagancia, ruido y “decencia pública” para justificar detenciones arbitrarias y hostigamiento sistemático contra la comunidad LGBTQ+, según la publicación digital The Advocate.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2023, cuando agentes del Estado allanaron el popular sauna queer Avalon Club, arrestando a 33 personas bajo cargos relacionados con niveles de ruido e indecencia pública. El operativo fue ampliamente denunciado como un acto discriminatorio dirigido específicamente contra la comunidad LGBTQ+.
Durante 2024, varios activistas LGBTQ+ fueron detenidos sin cargos formales. Entre ellos, Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, quien fue arrestado en un aeropuerto en agosto. Según se informó, las autoridades le indicaron que su pasaporte había sido anulado y lo mantuvieron incomunicado por seis horas.
Ese mismo mes, el activista Kody Campos estuvo a punto de ser arrestado cuando funcionarios realizaron un registro de su residencia sin orden judicial. Los agentes abandonaron el lugar únicamente después de percatarse de que Campos estaba transmitiendo el allanamiento en vivo a través de redes sociales.
En paralelo, legisladores LGBTQ+ en Estados Unidos han sido de los más vocales en condenar la intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump en Venezuela y la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.
La congresista demócrata Sarah McBride, primera persona abiertamente trans electa al Congreso, expresó su respaldo a una acción legislativa urgente para frenar una escalada militar. “Apoyo plenamente un impulso renovado y urgente para nuevas resoluciones de Poderes de Guerra que eviten más acciones militares en Venezuela y prohíban la expansión de esta búsqueda temeraria de los recursos naturales de otros países”, afirmó.
McBride también cuestionó las prioridades del gobierno federal. “Los seguros de salud están por las nubes, la vivienda es inaccesible y los alimentos y medicamentos rompen el presupuesto familiar, y ahora Donald Trump quiere poner en riesgo vidas y dinero estadounidense para que sus amigos multimillonarios se enriquezcan aún más con el petróleo y los minerales de otros países”, sostuvo. “El pueblo estadounidense no quiere otra generación de guerras interminables, y yo tampoco”.
El congresista demócrata Robert García, copresidente del Congressional Equality Caucus, calificó la ofensiva como inconstitucional y peligrosa. “Esta guerra contra Venezuela es una acción inconstitucional y peligrosa de un presidente fuera de control”, escribió, al tiempo que advirtió que la operación responde a intereses petroleros y no a una política de derechos humanos.
Por su parte, la congresista Becca Balint señaló que la decisión “nos lleva más lejos por un camino peligroso de abandono de principios democráticos, consolidación del poder y destrucción de la Constitución”. Balint subrayó que, aunque Maduro es un dictador brutal e ilegítimo, ello no otorga autoridad alguna al presidente Trump para utilizar fuerza militar sin aprobación ni supervisión del Congreso.
Claves del momento
🌈 Activistas LGBTQ+ denuncian hostigamiento y detenciones arbitrarias en Venezuela
🚨 Allanamientos y arrestos bajo leyes de “decencia pública” y vagancia
🏛️ Legisladores LGBTQ+ en EE. UU. califican la acción militar como ilegal
⚖️ Exigen una votación inmediata del Congreso para frenar la escalada bélica