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La carta del abogado de First Medical tiene toda la intención de intimidar y de que una persona experta en su campo desista de opinar y de hablar de un tema que conoce de primera mano y del cual ha hablado de frente con representantes de la propia empresa
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo
Cuando supe que hubo un intento de intimidar a mis fuentes porque se expresaron sobre un asunto que investigué y que afecta directamente a cientos de miles de pacientes en Puerto Rico, pensé: ¿Cómo es posible que una empresa llegue a tal extremo para evitar que se hable de su situación financiera?
Mi investigación sobre la aseguradora First Medical Health Plan, contratada por el Gobierno de Puerto Rico para el Plan Vital, destapó un preocupante cuadro financiero, un alto nivel de impago a proveedores, impacto en los servicios a los pacientes e inacción por parte del Gobierno sobre estos asuntos. Este es uno de los principales planes médicos de los empleados públicos, y además tiene una importante cartera de pacientes privados. En total, el plan médico es responsable de la cobertura médica de cerca de 420,000 pacientes en Puerto Rico.
Tras la publicación, varios líderes de esa empresa —entre ellos, propietarios— contactaron a expertos citados en la historia para cuestionarlos e intimidarlos.
El acoso más directo y explícito ha sido contra Jorge Galva, abogado, administrador de servicios de salud y ex director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) bajo dos administraciones del Partido Nuevo Progresista, quien recibió una carta del licenciado Andrés J. Colberg Trigo, abogado de First Medical, tras una entrevista radial que ofreció al CPI. Galva opinó en el programa Agenda Propia que la ASES debe hacer una intervención de emergencia en First Medical “para saber cuál es la situación financiera real que tiene la compañía”.
En un claro intento de intimidación, el abogado de First Medical lo acusó de hacer “una serie de comentarios u opiniones equivocadas e inflamatorias sobre la situación económica de nuestro cliente y asegurador First Medical”. Le exigieron que “cese y desista de realizar ese tipo de expresiones sobre la situación económica de First Medical”, pese a que Galva tiene conocimiento de primera mano sobre este tema y a pesar de que la situación económica de la empresa consta en los documentos públicos que la propia compañía somete ante la Oficina del Comisionado de Seguros. Incluso el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, declaró en entrevista con el CPI que la compañía enfrenta “problemas económicos”.
Al tratar de proyectar que existen bases para una reclamación por difamación, el abogado de First Medical alega que las expresiones de Galva no solo “son contrarias a la ley, sino que van en detrimento de la situación económica de First Medical”. El problema es que el elemento principal para alegar la difamación es que las expresiones deben ser falsas, lo cual en este caso, no ocurre.
Galva respondió la carta de First Medical: “Cuando declaré públicamente que ‘hay que meter una intervención de emergencia en First Medical’ durante mi reciente entrevista con el CPI, lo hice con un profundo conocimiento de causa surgido de mi práctica profesional, mi familiaridad con First Medical como exdirector de ASES, la información pública de numerosos medios y las acciones sancionatorias de las agencias públicas concernidas”.
La carta del abogado de First Medical tiene toda la intención de intimidar y de que una persona experta en su campo desista de opinar y de hablar de un tema que conoce de primera mano y del cual ha hablado de frente con representantes de la propia empresa.
Al realizar la investigación, me resultó curiosa la reacción de algunos de los principales funcionarios responsables de fiscalizar a la empresa. Pese a que su deber principal debe ser que los ciudadanos reciban el mejor servicio por el plan que paga el Gobierno, por ejemplo, al contactarlos parecería que están al servicio de proteger los intereses de la corporación privada. Por ejemplo, el actual director ejecutivo de la ASES, Carlos Santiago Rosario, —quien en el pasado laboró para la familia Artau, propietaria de First Medical, como director ejecutivo de Metro Pavía Health System— no pudo explicar al CPI por qué el plan incurre en impagos si se supone que tenga una reserva. Mientras que la comisionada de Seguros, Suzette M. Del Valle Lecároz, evadió hablar con el CPI sobre las finanzas de First Medical y del resto de las aseguradoras de salud.
Ambos funcionarios han demostrado una preocupante falta de transparencia sobre este asunto tan importante, lo que me hace preguntarme: ¿a quién le sirve el Gobierno, a la empresa privada o al pueblo? Los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es la situación real de una empresa a la que han confiado su salud y millones de dólares en fondos públicos, como es el caso de First Medical.
La pregunta de por qué First Medical no cumple con el pago a sus proveedores si tiene las reservas para hacerlo es una que no solo se hace Galva, sino otras personas con conocimiento de la industria. Me lo han verbalizado y también la vengo escuchando desde hace mucho. Y es una muy buena pregunta que debería contestar la empresa y las agencias responsables de fiscalizar a los planes médicos.
Galva concluye que es él quien tiene una potencial reclamación contra First Medical por el “intento de intimidación legal y pleito frívolo” con el que lo amenazan, y que esos intentos de acallar su voz violan sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la participación pública.
Amenazar a las fuentes periodísticas cuando existe evidencia contundente sobre el tema del cual se informa, no puede tolerarse y debe ser denunciado. Son actos que atentan contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, o como en este caso, contra la salud y el bienestar de los ciudadanos de Puerto Rico. Para ser franca, este acto de intimidación hacia las fuentes periodísticas se convierte en un impulso para seguir trabajando, investigando y hablando de temas incómodos para algunos, pero vitales para la ciudadanía.
En el Día Nacional del Periodista (ayer), resulta oportuno denunciar las presiones que intentan ejercer las empresas sobre los periodistas y sus fuentes.