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Se difumina la separación iglesia-estado en Estados Unidos… ¿y en Puerto Rico?
WASHINGTON, DC
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En casi siete meses desde que asumió nuevamente la presidencia, Donald Trump ha consolidado un paquete de políticas que han energizado a los sectores cristianos conservadores en Estados Unidos, uno de los pilares más firmes de su base republicana. Las medidas, que abarcan desde la limitación de derechos de personas transgénero hasta la flexibilización de normas sobre expresión religiosa en espacios públicos y gubernamentales, han despertado tanto respaldo entusiasta como duras críticas por el impacto que podrían tener en la histórica separación entre iglesia y estado.
Durante este periodo, la administración Trump ha reforzado su relación con líderes evangélicos y católicos conservadores, promoviendo la fe en entornos federales y otorgando exenciones religiosas más amplias. También ha incentivado a pastores y líderes religiosos a respaldar candidatos políticos desde el púlpito, sin temor a perder beneficios contributivos.
“Estamos trayendo de vuelta la religión a nuestro país”, dijo Trump en mayo durante el Día Nacional de Oración en la Casa Blanca, en un mensaje que resume su estrategia para consolidar el poder político de su base cristiana.
Medidas clave que marcan la agenda
Entre las acciones más destacadas de este nuevo periodo figuran:
- Restricciones a la identidad y atención médica de personas transgénero: Trump firmó órdenes ejecutivas que reconocen solo los sexos masculino y femenino determinados biológicamente, prohíben la participación de atletas trans en deportes femeninos y buscan eliminar el financiamiento federal para la atención de afirmación de género a menores.
- Luz verde a respaldos políticos desde el púlpito: El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció que las iglesias podrán apoyar públicamente a candidatos sin riesgo de perder su exención contributiva, debilitando la Enmienda Johnson de 1954.
- Recortes a Planned Parenthood y fortalecimiento del movimiento antiaborto: La administración impulsó legislación que recorta pagos de Medicaid a la organización, indultó a activistas antiaborto condenados y reforzó su alianza con líderes religiosos contrarios a la interrupción del embarazo.
- Creación de oficinas y comisiones religiosas: Trump estableció una Oficina de Fe dirigida por la pastora Paula White-Cain, un Grupo de Trabajo para Erradicar el Sesgo Anticristiano y una Comisión de Libertad Religiosa encabezada por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, que promueve la oración y la exhibición de los Diez Mandamientos en escuelas públicas.
- Expansión de la religión en el lugar de trabajo federal: Un memorando de la Oficina de Administración de Personal permite a empleados federales hablar de su fe, exhibir objetos religiosos y promover oraciones en horario laboral, siempre que no se considere acoso.
- Influencia en la Corte Suprema: Los jueces Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett —nombrados por Trump en su primer mandato— han respaldado fallos que fortalecen la agenda conservadora en materia de derechos reproductivos, educación y derechos trans.
- Guerra cultural contra instituciones: Se han recortado fondos y ejercido presiones sobre universidades, museos, emisoras públicas y programas de diversidad e inclusión, bajo el argumento de combatir el “sesgo liberal” en instituciones culturales y educativas.
Críticas por erosión de la separación iglesia-estado
Grupos defensores de la laicidad del Estado alertan que esta ofensiva podría cambiar de forma duradera la relación entre religión y gobierno. Rachel Laser, presidenta de Americans United for Separation of Church and State, denunció que estas políticas “alientan a usar el poder institucional para imponer creencias religiosas a otros”, generando potenciales ambientes hostiles y excluyentes.
Líderes cristianos progresistas también han cuestionado que, bajo el argumento de “defender la fe”, se refuercen privilegios políticos para sectores específicos mientras se limitan derechos de comunidades vulnerables, especialmente la población LGBTQ+.
Contexto en Puerto Rico
Aunque muchas de estas medidas son de aplicación directa a agencias y leyes federales, su alcance podría sentirse en Puerto Rico, especialmente en áreas reguladas por normativas nacionales. Las decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. sobre temas como educación religiosa, acceso a servicios de salud reproductiva y participación de personas trans en deportes podrían impactar de manera inmediata en la Isla.
En Puerto Rico, grupos cristianos conservadores —algunos con vínculos directos con redes evangélicas en Estados Unidos— han respaldado políticas similares, particularmente en oposición a la educación con perspectiva de género, los derechos LGBTQ+ y el aborto. Organizaciones como la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico han advertido que el alineamiento del gobierno federal con el nacionalismo cristiano estadounidense podría fortalecer iniciativas locales para restringir derechos civiles y libertades individuales, bajo el amparo de “protecciones religiosas».
En un escenario donde el debate sobre la separación iglesia-estado sigue siendo intenso, la agenda de Trump en 2025 coloca a Puerto Rico ante el reto de definir hasta dónde la política federal influirá en sus políticas internas y en la protección de derechos fundamentales.