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No estamos ante una simple decisión legislativa. Estamos ante una peligrosa tendencia autoritaria: el Estado decidiendo qué tipo de amor es válido y qué tipo de padres merecen ir a la cárcel
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, para Pride Society Magazine
¿Desde cuándo el amor de un padre se castiga con cárcel? ¿En qué momento decidimos como sociedad que proteger a nuestros hijos, acompañarlos en su crecimiento emocional, guiarlos con apoyo médico y psicológico, puede ser considerado un crimen?
El 16 de julio de 2025, la gobernadora de Puerto Rico firmó la Ley Núm. 63‑2025, una legislación que, sin rodeos, criminaliza a padres, madres y profesionales de la salud que apoyen a jóvenes en su proceso de afirmación de género. La ley prohíbe cualquier tipo de tratamiento médico —incluyendo bloqueadores hormonales y terapia hormonal— para personas menores de 21 años. ¿La sanción? Hasta 15 años de prisión, $50,000 de multa y la revocación de licencias profesionales. Ni siquiera el consentimiento informado, ni la evaluación clínica de médicos, ni el acompañamiento terapéutico eximen de culpa. Acompañar a tu hijo trans, desde el amor y la responsabilidad, puede enviarte a la cárcel.
Esta ley, además de inconstitucional, es inhumana. Y lo peor: se basa en un argumento falso que ha sido repetido hasta el cansancio en campañas de desinformación. Ningún menor en Puerto Rico ha sido sometido a cirugías de reasignación de sexo. Ninguno. Las intervenciones quirúrgicas son procedimientos altamente regulados que, de darse, se consideran exclusivamente en la adultez. Lo que sí existe, en algunos casos, es el uso de bloqueadores hormonales reversibles —recomendados por expertos médicos y avalados por asociaciones profesionales— para brindar tiempo, no para intervenir. Criminalizar esto es negar la ciencia, negar la realidad, y ante todo, negar la dignidad de las personas trans y sus familias.
Pero eso no es todo. Apenas unas semanas después, el 2 de agosto, se firmó la Ley Núm. 89‑2025, que otorga a los padres el derecho exclusivo de sacar a sus hijos de cualquier clase o contenido relacionado con la educación sexual en las escuelas públicas. El Departamento de Educación ahora debe notificar previamente cualquier curso, charla o contenido de afectividad, y ofrecer alternativas académicas si algún padre lo exige. Es decir, mientras se penaliza el acompañamiento afectivo y médico a los hijos, se premia la censura educativa. Se permite que un menor crezca sin acceso a información vital sobre su cuerpo, su salud y su derecho a vivir con seguridad y respeto.
Esto no es coherencia legal. Esto es doble moral legislativa. Porque cuando la patria potestad se respeta solo si responde a una moral religiosa o a una ideología conservadora, deja de ser un derecho universal y se convierte en un privilegio condicionado.
El Código Civil de Puerto Rico, en su Título 31, Parte VIII, es claro: la patria potestad implica el deber y la facultad de los padres para cuidar la salud física y mental de sus hijos, educarlos, protegerlos de peligros y tomar decisiones que salvaguarden su bienestar. Pero hoy ese mismo Estado que reconoce ese derecho es el que lo limita, lo censura y lo penaliza, dependiendo de quién lo ejerce, cómo lo ejerce y con qué valores.
No se trata de religión. No se trata de ideología. Se trata de justicia. De humanidad. De proteger a quienes más lo necesitan.
Cada padre y cada madre debería tener el derecho —y el deber— de acompañar a sus hijos en sus procesos de vida, especialmente cuando esos procesos están guiados por amor, por escucha, por acompañamiento clínico y no por imposición. Si después de un discernimiento profundo, un padre decide acompañar a su hijo trans, ¿quién es el Estado para meterlo preso por eso?
No hay ninguna justificación ética ni legal que valide este castigo. No hay dato médico que respalde esta prohibición. No hay evidencia de menores operados. Pero sí hay dolor. Sí hay miedo. Sí hay familias rotas por leyes que nacen más de favores políticos que de necesidades reales.
No estamos ante una simple decisión legislativa. Estamos ante una peligrosa tendencia autoritaria: el Estado decidiendo qué tipo de amor es válido y qué tipo de padres merecen ir a la cárcel.
Hoy son los hijos trans. Mañana podrían ser otros. Porque si el poder decide quién puede criar, qué se puede enseñar, y qué decisiones merecen castigo, entonces ya no estamos en una democracia: estamos en una sociedad vigilada.
La patria potestad no es un arma política. Es un vínculo sagrado entre padres e hijos. No es del Estado. No es de la iglesia. Y mientras más se metan, más daño harán.
Hoy, en nombre de cientos de familias, de jóvenes valientes, de profesionales comprometidos y de padres que aman sin condiciones, levanto la voz.
Porque amar no es un delito. Y acompañar a un hijo no debería ser un acto de valentía, sino de derecho.
