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Colombia abandona anticipadamente la Coalición por la Igualdad de Derechos y deja atrás un espacio internacional que copresidía con España
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine
Colombia no ha eliminado el matrimonio igualitario, tampoco la adopción por parejas del mismo sexo ni las protecciones constitucionales contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Ninguna sentencia de la Corte Constitucional ha quedado sin efecto. Sin embargo, la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar al país de la Coalición por la Igualdad de Derechos ha abierto una discusión que va mucho más allá de la permanencia formal de esas garantías.
El 17 de septiembre, la Cancillería confirmó la salida de Colombia de la Equal Rights Coalition, una alianza internacional integrada por decenas de países y organizaciones de la sociedad civil para promover los derechos de las personas LGBTQ+. Colombia no ocupaba un lugar secundario dentro del organismo. Ejercía junto a España la copresidencia para el periodo 2025-2027 y debía permanecer en esa responsabilidad hasta febrero próximo. La salida tuvo efecto inmediato.
La explicación oficial sostiene que, luego de revisar las prioridades de política exterior, el Gobierno concluyó que la participación en ese mecanismo no era prioritaria. El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa, aseguró además que la decisión no significa una afectación de derechos y recordó la existencia de normas, políticas públicas y sentencias de la Corte Constitucional que protegen a las minorías sexuales.
La precisión es jurídicamente importante. Abandonar una organización internacional no deroga los derechos reconocidos en Colombia, pero tampoco resuelve la interrogante que ha surgido entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la población LGBTQ+. Si esos derechos permanecen, resulta legítimo preguntarse qué significa que el espacio internacional que Colombia copresidía para promoverlos haya dejado de ser una prioridad para su Gobierno.
La respuesta no puede encontrarse únicamente en la decisión de la Cancillería. Para entender la preocupación es necesario observar el contexto político en el que ocurre.
Durante la campaña presidencial, De la Espriella aseguró que respetaría el orden constitucional y los derechos reconocidos por este, incluso cuando no coincidieran con sus convicciones personales. Al mismo tiempo manifestó su desacuerdo con la adopción por parejas del mismo sexo y expresó disposición a respaldar una eventual revisión de ese asunto mediante los mecanismos establecidos por la propia Constitución.
No existe necesariamente una contradicción jurídica entre ambas posiciones. Un presidente puede respetar una sentencia y favorecer al mismo tiempo su modificación por las vías legales. Políticamente, sin embargo, esa combinación explica parte de la atención con que las organizaciones LGBTQ+ observan las primeras decisiones del nuevo Gobierno.
También ha entrado en el discurso gubernamental el cuestionamiento de la llamada ideología de género. Desde el Ministerio de Educación se ha hablado de desideologizar la enseñanza y el Gobierno ha respaldado la discusión de restricciones relacionadas con determinados tratamientos de afirmación de género para menores. Son asuntos diferentes y sería impreciso presentarlos como una sola política. Lo que los conecta es el cambio de lenguaje institucional sobre género y diversidad sexual que comienza a hacerse visible desde distintas áreas del Gobierno.
Ese lenguaje importa porque las políticas públicas no dependen solamente de aquello que permanece escrito en una Constitución. Dependen de presupuesto, reglamentación, funcionarios, programas educativos, protocolos sanitarios, mecanismos contra la discriminación y voluntad institucional para aplicarlos.
Caribe Afirmativo, una organización colombiana de la sociedad civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTQ+, ejercía además la copresidencia correspondiente a la sociedad civil colombiana dentro de la Coalición. Para la organización, el retiro representa un retroceso en el liderazgo internacional que el país había construido en esta materia. Su preocupación no se limita a la pérdida de un asiento diplomático. También ha advertido sobre distintas decisiones y pronunciamientos del nuevo Gobierno que, desde su perspectiva, pueden modificar la relación del Estado con las personas LGBTQ+.
No es la única voz que ha pedido explicaciones. La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente a la Cancillería información sobre los fundamentos y el alcance de la retirada. Al hacerlo reconoció la facultad del Ejecutivo para definir su política exterior, pero recordó que las obligaciones del Estado en igualdad y no discriminación permanecen independientemente del Gobierno de turno.
La advertencia ocurre además en un contexto que difícilmente puede considerarse abstracto. Según datos de la Fiscalía recogidos por la propia Defensoría, durante 2025 fueron asesinadas 74 personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, incluidos 27 transfeminicidios. Hasta el 19 de agosto de 2026 se habían reportado otros 31 asesinatos, 17 de ellos transfeminicidios. Estas cifras sitúan el debate más allá de una controversia exclusivamente diplomática.
Para una persona LGBTQ+ que enfrenta discriminación o violencia, la discusión sobre la posición internacional de Colombia puede parecer distante. Sin embargo, la política exterior también proyecta las prioridades de un Estado y crea espacios de cooperación, intercambio de experiencias y acción diplomática alrededor de determinados derechos. Por eso la salida de la Coalición no puede medirse exclusivamente preguntando qué derecho desapareció al día siguiente. Ninguno desapareció. Lo que queda por determinar es qué orientación comienza a adoptar el Estado frente a esos derechos.
La preocupación tampoco comenzó esta semana. Después de las elecciones, activistas, juristas y organizaciones de la sociedad civil empezaron a organizarse ante la posibilidad de que algunas conquistas alcanzadas durante décadas fueran sometidas a nuevas disputas políticas. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y una de las figuras políticas abiertamente lesbianas más conocidas de Colombia, expresó públicamente que frente a los derechos de las mujeres y las diversidades no debía darse un paso atrás.
Su preocupación, como la de las organizaciones que se han pronunciado, no demuestra que el Gobierno vaya a desmontar esos derechos. Tampoco corresponde convertir el temor en evidencia de una política que todavía no se ha producido, pero ignorar esas inquietudes impediría comprender una parte importante del escenario político y social que rodea la decisión.
La experiencia internacional reciente ha mostrado que las controversias sobre los derechos de las minorías sexuales no siempre se desarrollan mediante la eliminación inmediata de una garantía constitucional. En distintos países han pasado por la educación, la atención sanitaria, el financiamiento de programas, la participación institucional y la redefinición de políticas administrativas. Cada experiencia responde a un ordenamiento jurídico diferente y ninguna permite anticipar automáticamente lo que ocurrirá en Colombia, aunque sí ayuda a explicar por qué las primeras decisiones de un gobierno son observadas con atención.
En Colombia existe además una diferencia importante entre conquistar un derecho y garantizar su ejercicio. Una sentencia puede prohibir la discriminación, pero son las instituciones las que deben responder cuando ocurre. La Constitución puede reconocer la igualdad, pero esa igualdad necesita funcionarios preparados, protocolos, recursos y políticas capaces de llegar también a los territorios donde la protección del Estado es más débil.
Ahí probablemente se encuentre el terreno sobre el cual podrá evaluarse la política del Gobierno de De la Espriella hacia las personas LGBTQ+. No bastará con comprobar dentro de cuatro años si las sentencias continúan publicadas en los archivos de la Corte Constitucional. Habrá que observar qué ocurrió con las políticas contra la discriminación, los programas educativos, la atención sanitaria, la protección de las personas trans, la investigación de los crímenes motivados por prejuicio y los espacios de participación de la sociedad civil.
También será necesario observar el lenguaje. Palabras como ideología, desideologización, familia y género pueden tener significados diferentes dependiendo de quién las pronuncie. El trabajo periodístico no consiste en adjudicarles de antemano una intención, sino en seguir su recorrido hasta las decisiones concretas que produzcan.
Por ahora hay dos hechos que deben analizarse conjuntamente. El Gobierno afirma que los derechos de las personas LGBTQ+ están protegidos y que abandonar la Coalición no los modifica. Al mismo tiempo, decidió retirarse anticipadamente de un organismo internacional que Colombia no solo integraba, sino que presidía, porque su participación dejó de estar entre sus prioridades.
La cuestión que queda sobre la mesa no es si Colombia perdió sus derechos LGBTQ+ tras abandonar la Coalición. No los perdió, y tampoco puede afirmarse hoy que inevitablemente los perderá. Lo que comienza a definirse con las decisiones del nuevo Gobierno es qué lugar ocuparán esos derechos dentro de sus políticas y qué hará el Estado colombiano para garantizar que continúen siendo efectivos.