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Demanda colectiva denuncia estrategia federal para socavar leyes estatales que protegen a jóvenes trans
NUEVA YORK, NY
Servicios Combinados
Un grupo de fiscales generales estatales, liderado por el estado de Nueva York, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, alegando que esta impulsa una campaña inconstitucional para restringir el acceso a cuidados de afirmación de género dirigidos a jóvenes trans. La demanda fue radicada el pasado viernes en el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts.
Según el recurso legal, el gobierno federal está implementando una estrategia indirecta para eliminar el acceso a estos servicios médicos a nivel nacional, mediante amenazas de sanciones penales y civiles, sin pasar por el debido proceso legislativo ni respetar las leyes estatales que los protegen.
A raíz de estas acciones, hospitales en varios estados —incluidos California, Connecticut, Colorado, Illinois y Washington D.C.— han comenzado a cerrar sus programas de atención médica para menores trans, incluso en jurisdicciones donde estos servicios están protegidos por ley estatal. Instituciones como el sistema de salud de Yale y Denver Health en Colorado han vinculado estas decisiones directamente con las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump.
La Casa Blanca ha celebrado públicamente estos cierres como una victoria de su política federal.
“Las acciones del gobierno colocan a proveedores médicos en una situación imposible: o acatan amenazas federales ilegales, o violan leyes estatales que garantizan el acceso sin discriminación a servicios de salud”, afirmó la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en declaraciones escritas.
James y los demás fiscales sostienen que estas medidas no se basan en leyes federales, ya que no existe ningún estatuto nacional que prohíba el cuidado de afirmación de género en Estados Unidos. Alegan que el Departamento de Justicia, bajo la dirección del presidente Trump, ha iniciado una campaña de intimidación que busca frenar estos servicios a través de presión legal.
Entre los demandantes también figura el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, así como fiscales de estados donde han cerrado clínicas de atención a personas trans. Todos argumentan que el cuidado de afirmación de género está legalmente protegido en sus jurisdicciones, y que los intentos federales por bloquearlo violan la autonomía estatal consagrada en la Décima Enmienda de la Constitución.
Durante los últimos meses, varias agencias federales han comenzado a ejecutar órdenes ejecutivas de Trump sobre este tema. A inicios de julio, Chad Mizelle, jefe de gabinete del Departamento de Justicia, anunció el envío de al menos 20 citaciones judiciales a clínicas que ofrecen servicios de transición de género, fabricantes de medicamentos y hospitales. Según el New York Times, médicos están siendo obligados a entregar información privada de pacientes. Todo esto se da bajo una orden ejecutiva emitida en enero, en la que la Casa Blanca erróneamente equipara el cuidado de afirmación de género con la mutilación genital femenina.
La demanda también impugna investigaciones criminales del FBI sobre tres hospitales pediátricos que ofrecen o han ofrecido estos servicios, así como otras acciones federales, incluyendo un evento público organizado por la Comisión Federal de Comercio (FTC) titulado “Los peligros del ‘cuidado de afirmación de género’ para menores”, donde el Departamento de Justicia anunció por primera vez su solicitud de información confidencial de pacientes.
Diversas organizaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Pediatría, han respaldado el cuidado de afirmación de género como tratamiento clínico recomendado para jóvenes trans. La presidenta de la Asociación Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, por sus siglas en inglés) ha advertido que prohibir este tipo de atención solo fomentará su práctica clandestina y pondrá en riesgo a los pacientes.
Las personas trans, así como familias de jóvenes trans, se sienten cada vez más temerosas y vulnerables ante una campaña federal que ataca directamente sus identidades y su derecho a servicios médicos esenciales. Aunque las prohibiciones comenzaron en estados conservadores, la ofensiva del gobierno federal amenaza ahora a comunidades trans en estados liberales y ciudades progresistas que hasta ahora habían sido refugios seguros.
A diferencia de los estados que presentaron la demanda, el gobierno de Puerto Rico no se ha unido a ningún recurso legal para proteger el acceso a cuidados de afirmación de género frente a las acciones de la administración Trump. Esta inacción ha sido fuertemente criticada por organizaciones como la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico y otras, que han denunciado el silencio del Estado ante una ofensiva federal que pone en riesgo los derechos de las personas trans en la Isla.
