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Si las condiciones que generaron la salida de tantos cubanos no se han transformado de raíz, qué ha cambiado lo suficiente para pedirles que regresen a invertir
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine
El anuncio no es menor. El gobierno cubano dice ahora que quienes viven fuera pueden invertir en la isla, abrir negocios, participar en proyectos, adquirir propiedades e incluso acceder a tierras en usufructo. A primera vista suena a apertura. Pero no es la primera vez que se permite capital extranjero. Lo nuevo es otra cosa. Lo nuevo es la invitación directa al cubano que se fue, al que tuvo que irse, y también a sus hijos y nietos.
Ahí es donde empieza la incomodidad.
Hubo familias que salieron de Cuba en los primeros años, después de las expropiaciones. Dejaron industrias, ingenios, comercios, casas. No hubo compensación justa. No hubo un proceso transparente. Hubo pérdida. Hubo ruptura. Esa gente reconstruyó su vida en otros países. Muchas de esas familias están hoy en Puerto Rico. Forman parte de esta isla, de su economía, de su historia cotidiana. Han levantado empresas, han creado empleo, han echado raíces.
A esa misma gente hoy se le dice que regrese a invertir.
También se llama a quienes fueron señalados y empujados al margen. Personas perseguidas por su manera de vestir, por su forma de hablar, por la música que escuchaban. Personas marcadas por su orientación sexual o su identidad de género. Muchos no se fueron por elección. Se fueron porque no cabían.
Esa memoria no desaparece por decreto.
El anuncio llega en medio de una crisis visible. Apagones, escasez de combustible, deterioro de la infraestructura, salarios que no alcanzan. El sistema energético es inestable. Los servicios básicos fallan con frecuencia. A la vez, hay reportes recientes de empresas extranjeras con deudas acumuladas en la isla y dificultades para sacar sus fondos del sistema bancario. Son hechos conocidos que pesan a la hora de evaluar cualquier inversión.
Por eso la pregunta no es si alguien quiere invertir. La pregunta es si existen garantías.
Qué seguridad jurídica protege la propiedad.
Qué reglas rigen la repatriación de ganancias.
Qué independencia tienen los tribunales para dirimir conflictos.
Qué margen real hay para contratar, administrar y crecer sin interferencias.
Son preguntas básicas en cualquier economía. En Cuba siguen sin respuesta clara.
Se habla de atraer capital para infraestructura y desarrollo. Sin embargo, no se presentan cambios estructurales que sostengan esa apertura. No hay señales de un sistema legal independiente ni de un marco transparente que dé confianza sostenida. Sin esas bases, la inversión se vuelve frágil.
También hay una dimensión que no es solo económica. Durante años se usaron etiquetas duras para quienes salieron. Se rompieron vínculos familiares. Hubo separación prolongada. Si ahora se convoca a esa misma comunidad, es legítimo preguntarse si existe reconocimiento del daño causado. Sin un gesto claro en ese sentido, la invitación queda incompleta.
Hay además otro punto que no se puede pasar por alto.
Qué tipo de país se construye cuando se abre la puerta a quienes traen capital, pero se deja atrás a quien ha resistido dentro de la isla durante todos estos años.
Porque estas medidas, tal como están planteadas, pueden abrir una brecha más profunda. Una desigualdad visible entre quienes llegan con recursos y quienes siguen viviendo con lo mínimo. Entre quienes pueden invertir, comprar, emprender, y quienes apenas logran sostener el día a día.
El riesgo no es solo económico. Es social.
Se puede generar un desplazamiento silencioso. Un país donde algunos acceden a oportunidades nuevas mientras otros quedan aún más relegados. Un país donde el que resistió termina mirando desde afuera cómo otros ocupan espacios que nunca pudo alcanzar.
Y esa es una pregunta que también hay que hacerse con honestidad.
Qué pasa con el cubano de a pie en este escenario.
La discusión no es ideológica. Es práctica.
Un país que aspira a atraer inversión necesita reglas estables, instituciones confiables y transparencia. Necesita un sistema donde la ley proteja por igual al ciudadano y al inversor. Necesita claridad sobre cómo se administran los recursos y cómo se resuelven los conflictos. Sin eso, cualquier apertura queda en el anuncio.
La pregunta final es sencilla y necesaria.
Si las condiciones que generaron la salida de tantos cubanos no se han transformado de raíz, qué ha cambiado lo suficiente para pedirles que regresen a invertir.
Responder a esa pregunta con hechos, no con promesas, es lo que marcará la diferencia entre una oportunidad real y un riesgo que muchos no están dispuestos a asumir.
