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El precedente de 2015 que garantizó el derecho está bajo amenaza y podría desatar un retroceso masivo en derechos civiles
WASHINGTON, DC
Servicios Combinados
Más del 60 por ciento de la población estadounidense perdería el derecho a casarse con una persona del mismo sexo si el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide revocar el histórico fallo Obergefell v. Hodges de 2015. Esa sentencia declaró inconstitucionales las prohibiciones estatales al matrimonio igualitario y abrió la puerta a que miles de parejas LGBTQ+ pudieran casarse en todo el país.
Al igual que ocurrió con la revocación de Roe v. Wade sobre el aborto, si la corte reconsidera Obergefell y lo anula, las prohibiciones estatales volverían a estar vigentes. Los fallos de tribunales inferiores que las habían invalidado perderían validez porque dependen del precedente del Supremo. Esto permitiría a los estados reactivar de inmediato sus leyes o enmiendas constitucionales contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Aunque el gobierno federal seguiría reconociendo estos matrimonios gracias a la Respect for Marriage Act de 2022 —ley firmada por el presidente Joe Biden—, esta no obliga a los estados a permitir que tales uniones se celebren dentro de su jurisdicción. En la práctica, millones de parejas tendrían que viajar a otros estados para poder casarse.
Nueve estados han presentado resoluciones pidiendo a la Corte Suprema reexaminar el caso, aunque son no vinculantes. El juez Clarence Thomas ya expresó, en la opinión concurrente que acompañó la anulación de Roe v. Wade, que el tribunal debería también reconsiderar fallos sobre anticoncepción, sodomía y matrimonio igualitario, a los que calificó de “manifiestamente erróneos”.
Los 31 estados donde volvería a prohibirse el matrimonio igualitario
- Alabama (enmienda constitucional 2006; HB152 de 1998; orden ejecutiva 1996)
- Alaska (enmienda constitucional 1998; HB 227 de 1996)
- Arizona (enmienda constitucional 1998; ley de 1996 ARS Título 25-101)
- Arkansas (enmienda constitucional 2004; HB1004 de 1997)
- Florida (enmienda constitucional 2008; ley de 1977)
- Georgia (enmienda constitucional 2004; HR 1470 de 2004)
- Idaho (enmienda constitucional 2006; ley de 1996)
- Indiana (ley HJR 3 de 2014)
- Kansas (enmienda constitucional 2005; ley de 1996)
- Kentucky (enmienda constitucional 2004; ley de 1998)
- Louisiana (enmienda constitucional 2004; leyes de 1988 y 1999)
- Michigan (enmienda constitucional 2004; ley de 1995)
- Misisipi (enmienda constitucional 2004; SB 2053 de 1997)
- Misuri (enmienda constitucional 2004; SB 895 de 1996)
- Montana (enmienda constitucional 2004; ley de 1997)
- Nebraska (enmienda constitucional 2000)
- Carolina del Norte (enmienda constitucional 2012; HB 270 de 1995)
- Dakota del Norte (enmienda constitucional 2004; estatutos vigentes)
- Ohio (enmienda constitucional 2004; Ley de Defensa del Matrimonio 2003)
- Oklahoma (enmienda constitucional 2004; ley de 1996)
- Oregón (enmienda constitucional 2004)
- Pensilvania (ley de 1996)
- Carolina del Sur (enmienda constitucional 2006; ley de 1996)
- Dakota del Sur (enmienda constitucional 2006; estatutos vigentes)
- Tennessee (enmienda constitucional 2006; SB 1282)
- Texas (enmienda constitucional 2005; ley de 1973)
- Utah (enmienda constitucional 2005; HB 366 de 1995)
- Virginia (enmienda constitucional 2006)
- Virginia Occidental (estatutos vigentes)
- Wisconsin (enmienda constitucional 2006; ley de 1979)
- Wyoming (ley de 2003)
¿Y Puerto Rico?
En Puerto Rico, el matrimonio igualitario permanece garantizado. Tras el fallo Obergefell en 2015, las parejas del mismo sexo pudieron comenzar a casarse en la Isla, y en 2020 el nuevo Código Civil eliminó cualquier definición restrictiva de matrimonio. Aunque al principio hubo resistencia judicial y política —incluso un juez federal intentó declarar que Obergefell no aplicaba al territorio— el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó que la decisión del Supremo sí es vinculante para Puerto Rico.
Hoy, el derecho al matrimonio igualitario forma parte del ordenamiento civil vigente en la Isla. Por lo tanto, si el Supremo de Estados Unidos revocara Obergefell, el reconocimiento en Puerto Rico quedaría sujeto a la misma incertidumbre legal que afectaría a los estados, dado que como territorio las decisiones del Tribunal Supremo federal son de cumplimiento obligatorio.
