El suicidio no espera, el bullying no cesa, la discriminación no se desvanece con leyes que dividen
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero
Soy pastor. Algunos podrían cuestionar qué hace un ministro ordenado abordando el Proyecto del Senado 350 (PS 350), aprobado el 3 de abril de 2025 por el Senado de Puerto Rico. Mi respuesta brota de mi vocación: escuchar es mi deber. Auscultar las heridas y los clamores de las personas, dentro y fuera de las comunidades de fe, me define. Una madre me relató entre lágrimas cómo su hijo de 16 años intentó quitarse la vida tras años de rechazo; un padre me confió el alivio de hallar médicos que comprendieran a su hija. Esas voces, apagadas por el estigma, me arrancan del silencio y me sitúan como testigo de una injusticia que exige justicia.
El PS 350, promovido como “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de Puerto Rico”, prohíbe intervenciones médicas relacionadas con la transición de género hasta los 21 años. Sus autores, el senador Thomas Rivera Schatz y la senadora Joanne Rodríguez Veve, aseguran que salva a los niños. Pero yo, que he visto el sufrimiento de quienes buscan ser escuchados, afirmo sin vacilar: esta ley despoja, no protege. Arrebata a las familias su derecho a decidir y condena a los menores a un sistema que los juzga sin comprenderlos. Este artículo no busca comodidad; es un grito profético por la verdad, un desafío a enfrentar lo que está en juego.
Patria potestad bajo asedio
La patria potestad, garantizada por el Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, consagra la autonomía de los padres para criar y proteger a sus hijos. El PS 350 la vulnera al prohibir tratamientos hormonales o quirúrgicos para menores que afirmen su identidad de género, castigando a quienes los procuren con hasta 15 años de cárcel y multas de $50,000. El Estado se impone sobre las familias, silenciando su voz.
Conozco a Ana, una madre que, tras tres años de consultas con especialistas en San Juan, optó por bloqueadores hormonales para su hijo adolescente. Ese paso le trajo paz; hoy, sería un delito. El PS 350 presupone que las familias no disciernen, ignorando el amor y la ciencia detrás de estas decisiones. En España, leyes similares han sido cuestionadas por tribunales por vulnerar derechos parentales; aquí, ese debate urge.
Vidas en la cuerda floja
En Puerto Rico, la salud mental de los jóvenes está en crisis. El Departamento de Salud reportó 1,200 intentos de suicidio entre menores de 18 años en 2023, muchos ligados al rechazo social. Para quienes no se identifican con su género asignado, el bullying y la depresión son una constante; las tasas de suicidio, un eco desgarrador. La Asociación Americana de Psicología (APA) señala que los cuidados afirmativos, como bloqueadores hormonales, reducen la disforia en un 60% y el riesgo de suicidio en un 73%. ¿Qué ofrece el PS 350 ante esto? Silencio o abandono.
Prohibir estos tratamientos no es neutralidad; es negar salvavidas a quienes ven su cuerpo como una prisión. Sin acceso, enfrentan escuelas hostiles, comunidades que los rechazan y un gobierno que les da la espalda. Si proteger es el fin, ¿por qué desoír a quienes claman que esta ley los condena?
Doble moral al desnudo
El mismo día que se aprobó el PS 350, el Senado avaló el Proyecto del Senado 1, la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa”. Esta norma, impulsada por sectores conservadores, ampara las terapias de conversión, repudiadas por la APA por su daño psicológico. En 2019, la Asociación Psicológica de Puerto Rico las calificó de “abuso”, pero persisten. La contradicción es evidente: se penaliza a padres por apoyar a sus hijos, mientras se permite “repararlos” desde púlpitos.
Si los menores no pueden decidir sobre su cuerpo, ¿cómo se les somete a terapias que hieren su alma? Esto no es fe, sino control. La autonomía familiar se niega en un caso y se exalta en otro. Como pastor, afirmo: la fe verdadera abraza, no castiga.
Estigma disfrazado de protección
El PS 350 se escuda en la “integridad física y emocional” de los menores, pero sus bases son frágiles. Cuestiona los efectos a largo plazo de los tratamientos de transición, omitiendo que la Asociación Americana de Pediatría (AAP) los respalda como seguros y efectivos. Un estudio de la AAP de 2021 halló que el 85% de los adolescentes beneficiados mejora su bienestar. ¿Por qué ignorarlo? Porque el prejuicio pesa más que la evidencia.
Esta ley estigmatiza, retratando la transición de género como un peligro y a estos menores como anomalías. Ese discurso envenena, fomenta el odio y amenaza vidas. En Texas, leyes similares han elevado los intentos de suicidio; Puerto Rico no debe repetir ese error.
Grito profético por la justicia
Puerto Rico no puede ignorar esta realidad. Si buscamos el bienestar de nuestros menores, escuchemos sus voces, a los padres que los ven florecer con apoyo, a los expertos que piden compasión fundada en hechos. El suicidio no espera, el bullying no cesa, la discriminación no se desvanece con leyes que dividen.
El PS 350 despoja a los padres de su derecho a decidir, castiga a quienes los guían y abandona a los menores al rechazo. Como pastor y testigo de historias silenciadas, lo proclamo: esto es injusticia disfrazada de cuidado. Nuestros hijos merecen ser vistos, escuchados, amados. Que este artículo sea un espejo incómodo para quienes deben enfrentarse a él y una luz para quienes luchan en las sombras. La justicia no puede esperar.
