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Una jurisdicción que pretende competir por capital requiere infraestructura estable, servicios confiables y condiciones capaces de sostener tanto la actividad comercial como la vida diaria
SAN JUAN, Puerto Rico
Por Rev. Ignacio Estrada Cepero, Pride Society Magazine
La campana de apertura de Wall Street colocó esta semana a Puerto Rico frente a uno de los escaparates financieros más importantes del mundo. Desde allí, la gobernadora Jenniffer González presentó a la Isla como un lugar abierto para hacer negocios, preparado para atraer capital, generar oportunidades y construir un futuro más sólido para quienes la habitan.
Que un gobierno busque empresas, desarrollo económico y nuevas fuentes de ingreso no debería resultar cuestionable. Una economía necesita crecer, crear empleos y ampliar sus posibilidades. Lo que sí merece atención es la distancia entre ese discurso y las condiciones cotidianas que enfrentan miles de personas en el país.
Decir que estamos preparados para recibir nuevos negocios implica mucho más que extender una invitación a inversionistas. Una jurisdicción que pretende competir por capital requiere infraestructura estable, servicios confiables y condiciones capaces de sostener tanto la actividad comercial como la vida diaria. Sin embargo, llevamos años enfrentando un sistema eléctrico frágil, interrupciones frecuentes, fluctuaciones de voltaje, costos difíciles de sostener y una incertidumbre que alcanza hogares, comercios e instituciones.
Eso no puede seguir tratándose como una molestia ocasional. Es precariedad energética.
La discusión sobre inversión también obliga a mirar qué ha ocurrido con los recursos destinados a garantizar servicios esenciales y bienestar colectivo. La crisis del agua ofrece uno de los ejemplos más evidentes. La sequía actual ha agravado el escenario, pero sería irresponsable utilizarla como explicación de problemas que comenzaron mucho antes de que disminuyeran las lluvias. Averías constantes, pérdidas en el sistema, interrupciones prolongadas, infraestructura envejecida y comunidades sometidas repetidamente a un servicio deficiente revelan fallas acumuladas de mantenimiento, planificación y administración.
No todo puede atribuirse a la naturaleza. Hay carencias que tienen origen en decisiones, omisiones y responsabilidades públicas que no pueden diluirse detrás de una emergencia climática.
Otra de las expresiones utilizadas en Nueva York fue la creación de oportunidades. Esa promesa adquiere un significado distinto al contrastarla con la experiencia de una familia cuyo costo de vida aumenta mientras sus ingresos permanecen prácticamente iguales, con la realidad del pequeño comerciante que debe asumir las consecuencias de servicios inestables o con la de jóvenes preparados que continúan mirando hacia Estados Unidos porque no encuentran aquí salarios y condiciones suficientes para desarrollar su futuro.
Nada de eso pertenece exclusivamente a una ideología.
La falta de agua afecta independientemente de cómo alguien haya votado. Un apagón no reconoce afiliaciones. El costo de los servicios no distingue entre estadistas, independentistas, populares o personas sin identificación partidista. Tampoco necesita una definición política quien decide marcharse después de concluir que sostener una vida digna en la isla se ha vuelto demasiado difícil.
Por eso cobra especial importancia la afirmación de que se busca construir un futuro más sólido para nuestra gente. Si ese futuro está pensado para quienes viven aquí, su experiencia no puede quedar fuera de la imagen que se proyecta ante inversionistas y mercados. Los indicadores económicos, los incentivos contributivos y la llegada de nuevos capitales pueden formar parte del desarrollo, pero pierden buena parte de su significado si no se traducen en condiciones concretas para la población.
Existe, además, una realidad que hemos incorporado con demasiada facilidad a nuestra manera de vivir. Nos hemos acostumbrado a resolver por cuenta propia aquello que debería funcionar como parte normal de una sociedad organizada. Quien puede hacerlo compra una planta eléctrica, instala baterías o placas solares, adquiere una cisterna, almacena agua, protege sus equipos y reorganiza su rutina alrededor de la próxima interrupción.
Esa capacidad de adaptación suele celebrarse como una muestra de fortaleza, y ciertamente revela resistencia. Sin embargo, también puede terminar ocultando el fracaso de estructuras que deberían responder sin obligar a cada ciudadano a diseñar su propio sistema de emergencia.
No deberíamos medir el progreso de una sociedad por la habilidad que ha desarrollado su población para sobrevivir a la ineficiencia.
Buscar capital fuera de Puerto Rico es legítimo y necesario, pero esa aspiración no puede desligarse de la obligación de fortalecer las condiciones de quienes ya sostienen esta tierra con su trabajo, sus contribuciones, sus negocios, sus familias y su permanencia. Esa inversión comienza mucho antes de cualquier visita a Wall Street. Se reconoce en un sistema eléctrico confiable, en el acceso continuo al agua potable, en servicios públicos eficientes, infraestructura mantenida, oportunidades laborales capaces de ofrecer estabilidad y condiciones que permitan imaginar el futuro sin que marcharse parezca la única alternativa razonable.
No existe contradicción entre aspirar a recibir nuevas inversiones y exigir todo lo anterior. La verdadera incoherencia aparece al promover una imagen de país preparado para el capital mientras se normalizan carencias que afectan diariamente a quienes viven dentro de él.
Las declaraciones pronunciadas en Nueva York, por tanto, merecen ser examinadas con seriedad, no para convertirlas en munición contra la gobernadora ni para alimentar otra disputa partidista, sino porque fueron hechas en nombre de Puerto Rico y hablan de un futuro que supuestamente pertenece a toda su gente.
Wall Street escuchó que la isla está preparada para recibir inversión. Ahora corresponde que esa afirmación pueda sostenerse también desde la experiencia cotidiana de quienes despiertan, trabajan, pagan, producen, cuidan de sus familias y continúan apostando por vivir aquí.
Abrirse al mundo puede ser una aspiración legítima. Lo verdaderamente importante será conseguir que esa apertura no exista únicamente para quienes contemplan llegar, sino también para quienes todavía luchan por permanecer.