Share This Article
Con mayoría conservadora, el tribunal reabre debates que impactarán derechos civiles y el equilibrio de poderes en Estados Unidos… y Puerto Rico
WASHINGTON, DC
Servicios Combinados
El Tribunal Supremo de Estados Unidos arrancará en otoño su término 2025-2026 con un calendario cargado de casos de alto impacto, incluyendo tres directamente relacionados con los derechos LGBTQ y varias apelaciones que buscan reabrir precedentes históricos en temas de poder presidencial, religión y libertades civiles.
Derechos de personas trans y prohibición de terapias de conversión
Dos de los casos más observados serán Hecox v. Little y West Virginia v. B.P.J., que cuestionan las leyes estatales de Idaho y Virginia Occidental que excluyen a mujeres y niñas trans de los deportes escolares. Ambos estatutos ya fueron invalidados por cortes de apelaciones bajo el argumento de que violan la Constitución y el Título IX, pero los estados han insistido en su defensa.
En paralelo, el Supremo escuchará Chiles v. Salazar, un litigio sobre la prohibición de Colorado a las llamadas “terapias de conversión”, prácticas rechazadas por la comunidad médica y calificadas por organismos internacionales como la ONU como una forma de “tortura”. La decisión podría definir el alcance de la autoridad estatal para proteger la salud mental de jóvenes LGBTQ frente a intervenciones consideradas dañinas.

Obergefell otra vez en la mira
Aunque menos probable de prosperar, la exfuncionaria Kim Davis, conocida por negarse en 2015 a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, presentó una petición para que el Supremo revoque Obergefell v. Hodges, el fallo que garantizó el matrimonio igualitario en todo el país. Más de 1.6 millones de estadounidenses están casados actualmente con una persona del mismo sexo y cerca de 300,000 parejas LGBTQ crían hijos, cifras que, junto al amplio apoyo social, hacen improbable que la Corte reabra ese precedente.
Trump y los precedentes sobre poder presidencial
El Supremo no solo lidiará con los derechos LGBTQ. También podría redefinir los límites del poder presidencial al reconsiderar Humphrey’s Executor v. United States (1935), una decisión que protege a los jefes de agencias independientes de ser destituidos sin causa por el presidente. El presidente Donald Trump, en su segundo mandato, ha acelerado los choques con este precedente al remover líderes de agencias nombrados por Joe Biden, con el respaldo tácito de decisiones de emergencia del tribunal.
Expertos advierten que, de anularse Humphrey’s, se ampliaría la capacidad presidencial para controlar organismos reguladores clave, debilitando los contrapesos en el aparato federal.

Un tribunal con mayoría conservadora
Aunque tradicionalmente la Corte ha mostrado cautela en revertir precedentes, su mayoría conservadora de 6-3 ha dejado claro en años recientes que está dispuesta a hacerlo. El caso más notorio fue la anulación de Roe v. Wade en 2022, que eliminó el derecho constitucional al aborto y hundió la aprobación ciudadana del Supremo. Desde entonces, también ha invalidado políticas de acción afirmativa y regulaciones de agencias federales.
Con menos del 1% de las 8,000 solicitudes de revisión que recibe cada año aceptadas, el hecho de que el Supremo haya decidido examinar estos casos es, en sí mismo, una señal de la magnitud de lo que está en juego. Las audiencias orales comenzarán en otoño y se extenderán al invierno, con decisiones previstas para el verano de 2026.

